/ jueves 30 de abril de 2020

Aceptan diputados analizar iniciativa para sancionar Fake News en Puebla

Juzgados, Ministerios Públicos y el gobierno serían los encargados de imponer las penas

Los diputados locales Nora Merino Escamilla y Gabriel Biestro Medinilla aceptaron analizar a fondo y modificar si es necesario, la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado, para sancionar a quien difunda noticias falsas durante una contingencia sanitaria como el Covid-19, tras las observaciones que hicieron organizaciones de periodistas.

En conferencia de prensa virtual, el diputado de Morena sostuvo que la misma autoridad que determina la sanción de dos a 12 años de prisión y multa hasta de 200 días de salario en el artículo 165, determinaría la penalización que los legisladores proponen a quien difunda información falsa que genere miedo o temor en la población o provoque descrédito o contradicción con las acciones o políticas implementadas por el Estado.

Al preguntarle si el gobierno sería la autoridad que definiría quien será sancionado por generar descrédito de las acciones del Estado, Gabriel Biestro respondió que sí, como autoridad competente, así como los Juzgados y los Ministerios Públicos.

“Estamos abiertos a cualquier discusión o propuesta, porque lo que buscamos en ningún momento es censurar, sino salvaguardar la tranquilidad, la paz social, proteger a la gente. La discusión sería con organizaciones de periodistas, juristas, no con personas que solamente se quieren colgar de este tipo de situaciones que quieren sacar raja política”, dijo.

COMISIÓN DE PROCURACIÓN DEFINIRÁ MESAS DE DEBATE

Por separado, la diputada de Encuentro Social, Nora Merino aceptó que la iniciativa que propone junto con Gabriel Biestro, para sancionar la difusión de “fake news”, sea modificada si es necesario y discutida con especialistas en la materia.

No obstante, aclaró que eso dependerá de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso, donde la propuesta fue turnada para su análisis y resolución.

Después de las observaciones que hicieron la Red Nacional de Periodistas, Red Puebla de Periodistas y la asociación civil Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), respecto a que la iniciativa podría dar pie a la censura de quienes cuestionen o no estén de acuerdo con las acciones del Estado, la diputada se dijo abierta al análisis.

Respecto a la ambigüedad que observaron los periodistas, ya que no se especifica cómo comprobar si una persona difundió información falsa con dolo, Merino declaró que el procedimiento de actuación se definiría después del proyecto de dictamen de la comisión.

La organización Artículo 19 en México rechazó y expresó su preocupación por la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado, en la cual se busca adicionar un segundo párrafo al artículo 165, con el objetivo de penalizar a todo aquel que difunda o comparta información falsa en plataformas digitales o medios de comunicación durante una contingencia sanitaria.

Consideró que la propuesta criminaliza y estigmatiza a la prensa, por lo que pidió que sea retirada a fin de proteger el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información.

Los diputados locales Nora Merino Escamilla y Gabriel Biestro Medinilla aceptaron analizar a fondo y modificar si es necesario, la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado, para sancionar a quien difunda noticias falsas durante una contingencia sanitaria como el Covid-19, tras las observaciones que hicieron organizaciones de periodistas.

En conferencia de prensa virtual, el diputado de Morena sostuvo que la misma autoridad que determina la sanción de dos a 12 años de prisión y multa hasta de 200 días de salario en el artículo 165, determinaría la penalización que los legisladores proponen a quien difunda información falsa que genere miedo o temor en la población o provoque descrédito o contradicción con las acciones o políticas implementadas por el Estado.

Al preguntarle si el gobierno sería la autoridad que definiría quien será sancionado por generar descrédito de las acciones del Estado, Gabriel Biestro respondió que sí, como autoridad competente, así como los Juzgados y los Ministerios Públicos.

“Estamos abiertos a cualquier discusión o propuesta, porque lo que buscamos en ningún momento es censurar, sino salvaguardar la tranquilidad, la paz social, proteger a la gente. La discusión sería con organizaciones de periodistas, juristas, no con personas que solamente se quieren colgar de este tipo de situaciones que quieren sacar raja política”, dijo.

COMISIÓN DE PROCURACIÓN DEFINIRÁ MESAS DE DEBATE

Por separado, la diputada de Encuentro Social, Nora Merino aceptó que la iniciativa que propone junto con Gabriel Biestro, para sancionar la difusión de “fake news”, sea modificada si es necesario y discutida con especialistas en la materia.

No obstante, aclaró que eso dependerá de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso, donde la propuesta fue turnada para su análisis y resolución.

Después de las observaciones que hicieron la Red Nacional de Periodistas, Red Puebla de Periodistas y la asociación civil Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), respecto a que la iniciativa podría dar pie a la censura de quienes cuestionen o no estén de acuerdo con las acciones del Estado, la diputada se dijo abierta al análisis.

Respecto a la ambigüedad que observaron los periodistas, ya que no se especifica cómo comprobar si una persona difundió información falsa con dolo, Merino declaró que el procedimiento de actuación se definiría después del proyecto de dictamen de la comisión.

La organización Artículo 19 en México rechazó y expresó su preocupación por la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado, en la cual se busca adicionar un segundo párrafo al artículo 165, con el objetivo de penalizar a todo aquel que difunda o comparta información falsa en plataformas digitales o medios de comunicación durante una contingencia sanitaria.

Consideró que la propuesta criminaliza y estigmatiza a la prensa, por lo que pidió que sea retirada a fin de proteger el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información.

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