La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos abordó a Puebla en su informe sobre “Buenas prácticas y desafíos en la investigación de delitos cometidos contra personas defensoras y periodistas.” Puntualmente hablaron del asesinato de Meztli Sarabia, una de las lideresas de la UPVA y determinaron que la investigación no se llevó a cabo con perspectiva de género y nunca se tomó en cuenta su condición como defensora.
De igual modo, el organismo de las Naciones Unidas concluyó que la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) no logró subsanar la desconfianza de la familia de la víctima y criminalizó a los integrantes de la organización a la que ella pertenecía, que es la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA).
Uno de los objetivos de este informe, fue presentar las omisiones en los casos, particularmente en lo relacionado con el cumplimiento de los principios de debida diligencia, competencia, exhaustividad y evidencias. Así como las deficiencias en la preservación del lugar de los hechos y las pérdidas de videograbaciones por retrasos injustificados.
También determinaron que en muchos de los casos hubo carencias en el seguimiento a solicitudes y que no se agotaron las líneas de investigación relacionadas con la labor de las víctimas o el potencial involucramiento de los servidores públicos.
Puntualmente en Puebla, destacaron el caso de la defensora Meztli Sarabia, ya que fue hasta cinco días después de su asesinato, que la Policía de Investigación había entregado al MP un total de 25 discos digitales con grabaciones de cámaras localizadas en diversos lugares de la ciudad, que hasta después permitieron identificar a 8 personas y 4 vehículos involucrados en los hechos, así́ como sus desplazamientos.
De igual modo, el reporte indicó que la FGE “agudizó” la percepción negativa sobre la organización que pertenecía Meztli, que es la UPVA y que hubo diversas omisiones en la carpeta de investigación.
“A pesar de que en ocasiones se dieron espacios de comunicación entre la FGE y familiares de la defensora Meztli Sarabia, la información se entregó́ de manera parcial y el acceso al expediente les fue negado hasta casi un año después de los hechos. Además, en la carpeta de investigación no existe ninguna constancia de reuniones o entrevistas a familiares durante los primeros tres meses de la investigación, más allá de dos testimoniales para reconocimiento del cadáver por la hermana y la sobrina de la defensora”, se pudo leer.
Ante este contexto, la ONU-DH indicó que la Fiscalía minimizó y descartó el vínculo entre los asesinatos y su labor de defensa de derechos humanos. También que su caso careció de procedimientos para confirmar o descartar que la agresión se dio por razones de género.
En lo general, se hicieron 16 recomendaciones para las 33 fiscalías del país y puntualmente a la Fiscalía poblana, se le pidió tomar medidas para fortalecer las investigaciones de las agresiones contra quienes defienden derechos humanos y ejercen el periodismo.
