/ martes 14 de noviembre de 2023

Barbosa estigmatizó y revictimizó a personas desaparecidas, concluye juez

El amparo representa que las narrativas cargadas de estereotipos que emiten las autoridades no pueden admitirse como un ejercicio legítimo de la libertad de expresión

La Universidad Iberoamericana Puebla obtuvo una sentencia de amparo frente a las declaraciones del exgobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, en las que refirió que las víctimas de desaparición forzada son culpables de su propia desaparición en razón de presuntas "actividades en las que estaban Involucradas".

Lo anterior informaron integrantes de la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la casa de estudios, donde detallaron de dichas declaraciones fueron emitidas en una de sus conferencias matutinas.

De acuerdo con la resolución de amparo indirecto 393/2023, el Juez Décimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo en el Estado de Puebla estableció que las declaraciones del entonces titular del Poder Ejecutivo de Puebla fueron estigmatizantes y revictimizantes.

 

 

La sentencia emitida por el juez Carlos Alberto Osogobio Barón reconoce la grave crisis de desaparición en el país, refiriendo que se trata de un fenómeno complejo y multifactorial en el que la sociedad y las familias demandan la máxima atención del Estado”, señaló el documento.

Este amparo representa que, las narrativas cargadas de estereotipos que emiten las autoridades no pueden admitirse como un ejercicio legítimo de la libertad de expresión, toda vez que puede crear prejuicios sociales, coincidieron.

“La resolución judicial afirma que resulta innegable que el lenguaje influye en la percepción que las personas tienen de la realidad, provocando prejuicios sociales, por lo que las declaraciones de las más altas autoridades políticas generan la marginación de las personas desaparecidas y angustia a sus familiares”, afirmaron.

 

 

Además, dichos comentarios impactan negativamente en la opinión pública, provocando la aceptación e incluso la normalización de las desapariciones, lo cual resulta inaceptable en una sociedad democrática.

“En consecuencia, aunque la sentencia no ordenó una disculpa pública, exhortamos al gobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, para que exprese un reconocimiento a las personas desaparecidas y sus familias que permita reparar la dignidad afectada”, finalizó el comunicado.

La Universidad Iberoamericana Puebla obtuvo una sentencia de amparo frente a las declaraciones del exgobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, en las que refirió que las víctimas de desaparición forzada son culpables de su propia desaparición en razón de presuntas "actividades en las que estaban Involucradas".

Lo anterior informaron integrantes de la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la casa de estudios, donde detallaron de dichas declaraciones fueron emitidas en una de sus conferencias matutinas.

De acuerdo con la resolución de amparo indirecto 393/2023, el Juez Décimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo en el Estado de Puebla estableció que las declaraciones del entonces titular del Poder Ejecutivo de Puebla fueron estigmatizantes y revictimizantes.

 

 

La sentencia emitida por el juez Carlos Alberto Osogobio Barón reconoce la grave crisis de desaparición en el país, refiriendo que se trata de un fenómeno complejo y multifactorial en el que la sociedad y las familias demandan la máxima atención del Estado”, señaló el documento.

Este amparo representa que, las narrativas cargadas de estereotipos que emiten las autoridades no pueden admitirse como un ejercicio legítimo de la libertad de expresión, toda vez que puede crear prejuicios sociales, coincidieron.

“La resolución judicial afirma que resulta innegable que el lenguaje influye en la percepción que las personas tienen de la realidad, provocando prejuicios sociales, por lo que las declaraciones de las más altas autoridades políticas generan la marginación de las personas desaparecidas y angustia a sus familiares”, afirmaron.

 

 

Además, dichos comentarios impactan negativamente en la opinión pública, provocando la aceptación e incluso la normalización de las desapariciones, lo cual resulta inaceptable en una sociedad democrática.

“En consecuencia, aunque la sentencia no ordenó una disculpa pública, exhortamos al gobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, para que exprese un reconocimiento a las personas desaparecidas y sus familias que permita reparar la dignidad afectada”, finalizó el comunicado.

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