En el 2022 un total de 20 jóvenes estuvieron bajo supervisión del Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (CIEPA), principalmente por delitos de alto impacto como homicidios y secuestros. Para los especialistas, es de suma importancia crear un plan personalizado para que no vuelvan a delinquir y se debe de hacer en coordinación con sus familiares, autoridades educativas, psicólogos y hasta el Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños Adolescentes (SIPINNA), pero esto no ocurre.
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Se estima que siete de cada 10 niños y adolescentes volverán a un Centro de Readaptación Social, pero ahora juzgados como mayores de edad. Sin embargo, las autoridades siguen apostándole a un sistema punitivo, lo cual, de acuerdo con los entrevistados, carece de efectos positivos y puede propiciar la comisión de ilícitos cada vez más graves.
Adolescentes de 17 años los que más comente delitos; el homicidio fue el más recurrente
La Secretaría de Seguridad Pública a través de la Subsecretaría de Centros Penitenciarios, informó que, durante el 2022, un total de 20 jóvenes estuvieron bajo la supervisión del CIEPA del estado de Puebla. De esta cifra, 11 fueron por “internamiento preventivo” y el resto por “medida sancionadora privativa de la libertad”. Sólo dos fueron mujeres y otros dos se autodenominaron como indígenas.
Fueron 2 casos de 14 años, 15 años (1), 16 años (2), 17 años (6), 18 años (5), 19 años (2), 20 años (1), 21 años (1). En el caso de los que son mayores de edad, la dependencia no indicó el motivo de su “supervisión”, pero los especialistas indicaron a este medio que podría ser porque registraron su infracción cuando eran menores de edad, pero su proceso restitutivo comenzó cuando ya eran mayores.
Los delitos por los cuales llegaron a este lugar fueron los siguientes: Homicidio (7), robo (5), contra la salud (3), secuestro (3), extorsión (1) y violación (1). Todos cumplieron con sus medidas socioeducativas y en nueve casos, su “internamiento preventivo” fue modificado, pero se desconocen las causas.
La misión de este Centro es rehabilitar al adolescente en conflicto con la ley, a través de un programa integral, progresivo e interdisciplinario “especializado” para ser reintegrado a la sociedad como una persona útil y productiva, capaz de conducirse de acuerdo a las normas socialmente establecidas. La Subsecretaría aseguró que, de los 20 casos, a todos les elaboraron un plan “individualizado” que abarcó al personal técnico y a la persona adolescentes, pero sólo en nueve, se involucró a la familia.
En ni uno de los casos, se tuvo la visión de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes o de la defensa legal del señalado. Asimismo, sólo en ocho casos se realizaron visitas comunitarias y/o familiares para la elaboración del plan individualizado. Para los especialistas, no tener en cuenta a los familiares y la defensa legal es un gran error, ya que los primeros son los principales en dar apoyo y favorecer el proceso de reinserción, mientras que los segundos, son los encargados de ver el seguimiento y quién lo cuidará en caso de que no cuente con tutores.
El informe destacó que el departamento de Psicología, el área de criminología, el área laboral, el área médica, la pedagógica y la de trabajo social, les impartieron talleres como: “Prevención de la violencia; no violencia contra la mujer; sé tú mismo, evita la prisionalización; taller de habilidades sociales; taller de sensibilidad social; taller de resolución y negociación de conflictos; taller de formación familiar"; entre otros.
Empero, al preguntarles si posteriormente se evaluó el impacto de las medidas privativas y no privativas en la vida de las personas adolescentes y sus familiares, la respuesta fue no. También confirmaron que no hubo reuniones, mesas de trabajo o conservatorios con los operadores del sistema de justicia penal para adolescentes.
Sin apoyo de la familia, la reinserción será difícil
Para Alejandra Acevedo, directora general del Grupo Pro Niñez, que es una asociación que brinda apoyo a mujeres en situación de cárcel y sus hijos, es fundamental trabajar en la prevención de la violencia, en vez de los temas punitivos. Sin embargo, para que esta prevención funcione, la familia del menor debe estar presente y si no están ellos, su defensa se debe de encargar de que le den seguimiento.
Si no se involucra la familia y si no hay un plan completo para sumarlos, veo muy difícil la reinserción. Por ejemplo, cité a 15 niños de 12 a 17 años para que fueran el sábado y comenzaran un taller de prevención y justo los que más problemas tienen, los que más lo necesitan, no llegaron (…) no hay una conciencia familiar o una sensibilización en el núcleo familiar que digan todos: a ver, está metido en un problema, vamos a apoya, comentó.
Desde su óptica, desde que un niño ingresa al CIEPA, ya está propenso a ingresar en algún momento al CERESO y por ello, la familia debe de apoyarlo para que esto no suceda. De igual modo, las autoridades deben de hacer todo lo posible porque los integrantes de núcleo central, se interesen y también participen en su reinserción.
“Siete de 10 van a regresar y si no es al CIEPA será al CERESO, por eso a mí me parece que debemos de trabajar con las familias y concientizarlos. Hay una frase que yo digo mucho y es que los niños y los jóvenes son nuestra segunda oportunidad. Yo puedo darles terapia a los niños, pero debido a que dependen de alguien también se debe de trabajar con la familia y si ellos no se involucran mi expectativa de éxito es más baja”, indicó.
Acevedo también cree que en este “plan especializado” se deben de incluir a psicólogos y a las mismas autoridades educativas, ya que al salir del CIEPA, la meta es que los adolescentes y jóvenes regresen a las aulas, pero muchas veces su retorno está estigmatizado y los maestros, así como alumnos los discriminan.
“Para muchos no estuvo en un Centro de Internamiento, para muchos estuvo en la cárcel y sobre todo los adultos los señalan. Además, ya no puede equivocarse, ya que ese niño si se le ocurre reclamar algo, aunque esté en su derecho, los profesores los tachan de rebeldes y no ven las circunstancias que vivió. Hay mucho que trabajar y también se deberían involucrar escuelas”, opinó.
Trabajar en prevención y no en el punitivismo
Por su parte, Brahim Zamora Salazar, activista e integrante del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos AC. (Odesyr), compartió que las infancias y los adolescentes vulnerables, no cuentan con un verdadero modelo de prevención al delito y el delinquir se vuelve un modo de supervivencia que los termina llevando al CIEPA.
Cree que es fundamental la prevención y que los jóvenes entiendan la gravedad de no cometer delitos, las consecuencias si los llegan a ejecutar y que el mismo SIPINNA intervenga para que proteja sus derechos. “Si un menor comete un delito de alto impacto es una serie de fallas en el sistema, no podemos culpar solamente a su contexto más cercano, sino que hay un sistema de protección de educación, de salud, de trabajo con infancias que no funcionó y que lo llevó a delinquir”, sostuvo.
Su teoría es que el “punitivismo” no ayuda a la reducción de delitos, muchas veces este “sistema de castigos” ni siquiera protege los derechos de las víctimas y esto puede propiciar la comisión de nuevos delitos y más graves. Para él, sería más efectivo que las autoridades volteen a ver las causas subyacentes de los ilícitos y no adelantarse a estrategias una vez que ya los cometieron.
“Se debe hacer una estrategia contextual, tomando en cuenta su realidad social y comunitaria de los jóvenes y si la problemática es cultural, económica, la falta de oportunidades, es encausamiento, si hay problemas de adicciones, etcétera, pero ya así se tendrá una respuesta integral y debe de participar el sistema de salud, el DIF, el sistema de justicia, de seguridad y repito, el SIPINNA”, sentenció.
La anterior información se obtuvo a través de la solicitud de información con folio 211204223000137.
