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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra un artículo de la Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla que exige no haber sido inhabilitado como servidor público para encabezar la Comisión de Búsqueda, por considerarlo discriminatorio.
La ley se aprobó en agosto pasado por las y los diputados del Congreso de Puebla, por lo que ya son más de tres juicios iniciados por el órgano defensor de los derechos humanos contra las decisiones de la LX Legislatura.
La CNDH impugnó la fracción II del artículo 28 de la Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, por contemplar que, para ocupar el cargo de titular de la Comisión de Búsqueda en la entidad es necesarios no haber sido inhabilitado como persona servidora pública, pues consideró que transgreden los derechos de igualdad y no discriminación, así como la libertad de trabajo, al excluir de manera injustificada a quienes se encuentren en ese supuesto para ocupar el cargo mencionado.
“Exigir de manera general no haber sido inhabilitado como servidor público para acceder al cargo de titular de la Comisión de Búsqueda de Personas en el Estado de Puebla, sin considerar la conducta que ocasionó esa sanción, ni el tiempo en el que se impuso esa inhabilitación, implica una exclusión injustificada a todas las personas que se encuentran en esa situación”, se lee en el documento.
La acción inconstitucionalidad quedó registrada bajo el expediente 145/2021 y fue aceptada por la Suprema Corte, por lo que se encuentra en el listado de asuntos de los que se dará cuenta en la sesión pública ordinaria del Pleno.
En el mismo listado pendiente de resolver también se encuentra la queja 61/2021 también promovida por la CNDH sobre los artículos 55 y 201 de la Ley del Notariado para el Estado de Puebla, al considerar que vulneran los derechos humanos de igualdad y no discriminación, así como los principios de presunción de inocencia y legalidad.
Hay que recordar que recientemente la Suprema Corte invalido la Ley de la Salud Mental del Estado de Puebla, así como la reforma para crear el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas, ambas aprobadas por la legislatura pasada.
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