El servicio del registro civil en La Resurrección está suspendido desde hace dos meses, cuando ocurrió un conflicto social que derivó en el reemplazo del presidente auxiliar Adolfo Pérez Torres, quien fue detenido junto con otras dos personas tras participar en una manifestación con actos de violencia frente al Palacio Municipal, el pasado 21 de noviembre.
En la comunidad hay opiniones encontradas respecto a dicho conflicto social y a la gobernabilidad que existe actualmente. El Consejo Indígena reclama que a La Resurrección sólo se le reconoce esa condición en palabras, porque a lo largo de la historia los gobiernos municipales no han sabido tratarla como tal y respetar sus usos y costumbres.
En esto último coincide Simón Hernández León, coordinador de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana, quien apunta que el problema de raíz es la falta de marco normativo para esas comunidades en nuestro país, motivo por el cual, en el caso de Puebla, dependen de los ayuntamientos municipales y sus formas de gobernanza carecen de legitimidad.
A dos meses de aquella protesta en la que unos 200 vecinos amagaron con derribar la puerta de la sede del ayuntamiento con un tractor, en la presidencia auxiliar y los accesos a la localidad permanecen colgadas lonas para exigir la libertad de los detenidos y el respeto a la condición indígena que tienen sus habitantes.
El edil auxiliar suplente atiende en la presidencia, aunque hay vecinos que señalan que a ratos se encuentra cerrada, otros ni siquiera lo conocen o saben quién es. Algunos dijeron a El Sol de Puebla que la vida transcurre con normalidad pero ahora no hay servicios del registro civil, lo que obliga a la gente a acudir a las oficinas de Canoa e incluso a la cabecera municipal.
¿Cómo surgió el conflicto?
El 21 de noviembre un grupo de vecinos de la citada junta auxiliar protestó frente al Palacio Municipal para exigir una audiencia con el entonces presidente Eduardo Rivera Pérez. El detonante fue que en los días previos la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial del ayuntamiento clausuró un bar que funcionaba de forma irregular en esa zona y contra el cual pesaban quejas vecinales.
La protesta llegó a los golpes y, al intervenir, la policía logró asegurar al entonces presidente auxiliar y a dos personas más que estaban entre los líderes de la manifestación. Actualmente están vinculados a proceso para ser investigados por el delito de lesiones, robo agravado, motín y daño en propiedad ajena.
El tractor que los quejosos llevaron para amenazar con derribar la puerta y que es propiedad del ejido de la comunidad quedó puesto a disposición de la autoridad ministerial como parte de la investigación y la suma de los daños materiales provocados no ha sido dada a conocer todavía.
Piden respeto a usos y costumbres
La protesta del 21 de noviembre no era para defender a un bar clandestino, asegura el consejero indígena Máximo Cuatlaxahue Santabarbara, quien indica que la intervención de la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial era solo uno de los varios temas que querían abordar con la autoridad.
Afirma que en la comunidad había inconformidades respecto al Plan Municipal de Desarrollo que está actualizando el Instituto Municipal de Planeación, ya que durante la consulta realizada por el gobierno en la junta auxiliar para tal fin, conocieron que había inconsistencias en cuanto al territorio forestal y querían aclararlas.
Añade que en una asamblea, la mayoría de los ciudadanos consideró que ante la falta de respuesta para atender lo relacionado al Plan de Desarrollo, los problemas de inseguridad y la intervención del gobierno municipal en los comercios, era necesario ejercer presión realizando una protesta.
Cuatlaxahue señala que lo único que deseaban es que el ayuntamiento les reconociera las formas de organización que tienen en la comunidad, en donde los comercios no pagan licencias de funcionamiento porque la costumbre es realizar cooperaciones para las necesidades de la junta auxiliar, mismas que se establecen en cada festividad patronal.
El tema es que no quieren dar cumplimiento a la ley de derechos de los pueblos indígenas, hay una ley pero no se cumple, ellos nos decían ‘es que ustedes no quieren cumplir la ley’ y eso no es cierto, pero no pueden ellos ir a una zona que es ejidal a clausurar bodegas y talleres comenta.
Alejandro Pérez Pérez, ex presidente auxiliar, agrega que el gobierno municipal pretende establecer las mismas formas de recaudación para todas las comunidades, sin tomar en cuenta que en un pueblo indígena las personas están organizadas de diferente manera y ven injusto pagar impuestos sin recibir a cambio un presupuesto para realizar obras.
Afirma que desde hace varios años se ha pedido al ayuntamiento que reconozca las diferencias que tienen las juntas auxiliares con población indígena, por eso se firmó un convenio en este sentido para la regulación comercial, que el actual gobierno ya no admite.
Griselda Cuatlaxahue, quien también es integrante del Consejo Indígena, indica que muestra de que las leyes para ese sector poblacional sólo existen en papel es el hecho de que los tres detenidos no han sido objeto de un proceso en el que se les juzgue conforme a su condición.
Cuatlaxahue concluye que el Consejo Indígena buscará que La Resurrección se convierta en municipio, debido a que no han tenido el trato que esperan por parte del ayuntamiento de Puebla y a que ya son dos presidentes auxiliares que han ido a la cárcel por defender el reconocimiento a los usos y costumbres. El primero de ellos en el periodo del ex gobernador Rafael Moreno Valle.
Piden diálogo para el pago de impuestos
Vecinos entrevistados por este medio de comunicación coincidieron en que la protesta que realizaron algunos de los habitantes se salió de control y lejos de solucionar las inquietudes de la gente vino a dificultar el acceso al registro civil y a ocasionar un cambio de presidente que no era necesario.
“El presidente venía trabajando bien, pero por unos que dijeron que había que hacer la manifestación ahora está en la cárcel, fueron unos los que decían que el ayuntamiento iba a entrar a cerrar todos los negocios y que cerráramos un día y no pasaran los camiones, pero había otros que decían que había que hacer un escrito; el presidente, por obedecer, al final salió perdiendo”, comenta Isabel Báez, vecina del lugar.
Otra habitante, quien dijo llamarse Guadalupe, explica que el bar que clausuró el gobierno municipal estaba dando problemas porque continuamente se veía a menores de edad salir alcoholizados, así que considera que sólo se debía pedir que el gobierno pusiera orden en los botaneros o lugares con venta de alcohol, pero no en todos los comercios.
“Que cierren los botaneros, eso está bien, porque hay muchos problemas por los borrachos, todavía hay más lugares así y estaría bien que los cerraran, pero ahorita ya no se sabe quién quedó por fin en la presidencia o cuándo va a salir el presidente”, comparte.
Sergio, quien tiene una miscelánea, considera que el gobierno municipal debería tener un trato especial en esa localidad tomando en cuenta que mucha gente todavía habla otra lengua y apenas tiene la educación primaria, de tal forma que le cuesta trabajo comprender las obligaciones que genera un negocio.
Yo creo que la gente no se opone a pagar, estamos conscientes que son impuestos y hay que hacerlo, pero aquí hay otras costumbres, entonces el ayuntamiento debería empezar a regularizar poco a poco, primero informando cómo se tienen que hacer los trámites y cuánto cuestan, no nada más llegar, clausurar y poner una multa, eso es lo que ha molestado a las personas opinó.
Sostiene que el rumor de que el gobierno aplicaría sanciones o clausuras a cualquier tipo de negocio se esparció porque además de los bares hubo revisiones en talleres mecánicos, sin embargo, a la gente no se le explicó que estos últimos se revisan para evitar la venta de autopartes robadas.
Falta legislar para reconocer formas de gobierno indígenas
Aunque desde el 2001 se reconocieron las formas de autogobierno de los pueblos indígenas, en la Constitución Mexicana no se han definido los mecanismos para tal fin y es por ello que, en el caso de Puebla, estas comunidades dependen de los ayuntamientos y queda a criterio de estos últimos reconocer o no las formas de organización comunitarias, explica Simón Hernández, León, coordinador de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana.
El litigante agrega que una alternativa para que La Resurrección logre el reconocimiento jurídico de sus formas de gobierno es la promoción de un amparo para pedir que se hagan valer sus derechos como pueblo indígena, tal como han hecho algunas comunidades de otros estados para tener autonomía del municipio al que pertenecen.
“Una vía es a través de un juicio de amparo para que se le reconozca a esa comunidad esas funciones o a través del tribunal electoral para que se reconozca a autoridades indígenas, a fin de que puedan recibir recurso público y ellos a su vez tendrían que cumplir lo concerniente a la transparencia de la aplicación de esos recursos; así lo han hecho en Michoacán o Oaxaca, de esa forma se complementan y así ejercen cierto presupuesto y rinden cuentas”, expone.
Hernández argumenta que los pueblos indígenas siguen siendo considerados parte de los municipios o estados cuando hay grupos que están establecidos en más de una entidad, de tal forma que la solución de fondo es que el legislativo defina las vías mediante las cuales se integrará o ejercerá un cuarto orden de gobierno, específico para esos pueblos.
“Es un problema en varias leyes de las entidades, en donde Oaxaca a la mejor ya ha avanzado más, porque ahí hay una sala indígena en el Poder Judicial, de tal forma que las controversias que surgen al interior de esas comunidades eventualmente pueden ser atendidas”, agrega.
Para el especialista, la atención en el corto plazo a este tipo de conflictos es responsabilidad de los ayuntamientos, que tienen la posibilidad de generar acuerdos para respetar ciertas formas de organización de las comunidades y deben tener una intervención distinta cuando hay manifestaciones o solicitudes de los ciudadanos.
“Yo creo que las autoridades deberían privilegiar la resolución política en tanto que las manifestaciones suelen ser los últimos escenarios de ciertos grupos, cuando no se les reconoce o no se les respetan ciertos derechos. Las autoridades deberían privilegiar estas acciones teniendo en cuenta que las realizan quienes quizá no tienen condiciones de medios de comunicación u otras alternativas, porque suelen ser comunidades con marginación, desigualdad económica y menores recursos y se les debe reconocer la protesta como mecanismo para exigir ciertas demandas”, acentúa.
Hay orden y se gestiona el funcionamiento del registro civil: Segom
La Secretaría de Gobernación municipal, a cargo de Jorge Cruz Lepe, informó a través de su enlace de comunicación social que el edil suplente Delfino Juárez Pérez despacha en la presidencia municipal en un horario de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, sin embargo, debido a que se encuentra gestionando la reactivación de los servicios del registro civil o apoya a la población para hacer algunos trámites, se ausenta y cierra las oficinas por algunas horas.
De acuerdo con la dependencia, el subalterno suplente se encuentra realizando los trámites necesarios para reanudar el servicio y también colabora con el gobierno municipal en los proyectos y acciones de su competencia.
Finalmente se señaló que se mantiene orden en la junta auxiliar y se siguen prestando con normalidad los servicios públicos, así como los programas del gobierno municipal.
