Despenalizar o no el aborto en la entidad es una decisión que tomará de forma autónoma el Congreso local, sin embargo, el gobierno estatal acata la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que obliga al Estado a practicar abortos seguros y gratuitos a mujeres y personas gestantes en el país, sostuvo el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina.
En entrevista con medios de comunicación, el titular del Poder Ejecutivo poblano remarcó que el parlamento estatal cuenta con independencia para promover o desechar iniciativas, tal es el caso de la interrupción legal del embarazo.
Céspedes Peregrina recordó que el gobierno estatal, en coordinación con instituciones federales, acata el fallo del máximo tribunal del país, así como del Poder Judicial de la Federación (PJF), respecto a la realización de abortos en Puebla.
“El Congreso corre por su propia vía, nosotros lo que hacemos es que cumplimos con un mandato federal, y bueno ya tendrán ahí las condiciones de lo que marca la ley, y seremos respetuosos de eso”, destacó el gobernador.
El mandatario estatal aseguró que la discusión sobre la despenalización de la interrupción del embarazo en mujeres y personas gestantes debe atenderse conforme los tiempos legislativos del Congreso local, por lo que evitó hacer un llamado a los diputados para agilizar el tema.
“Son tiempos de la Legislatura, ellos son los que corren su propia vía; estaremos viendo cuál es el análisis que se da, pero entiendo que tendrá que ser parte de una formalidad, y estaremos atentos a lo que resuelva el Congreso”, defendió Céspedes Peregrina.
Cabe recordar que, a partir de diciembre, siete unidades médicas en la entidad poblana están facultadas para practicar abortos legales y seguros a mujeres y personas gestantes que hayan sido orientadas y acompañadas por determinadas colectivas feministas del estado. Lo anterior, con base en una sentencia emitida por el PJF en pasado.
Según informó Marisol Calva, asesora de Género de la Secretaría de Gobernación (Segob), las instituciones donde se practicarán dichos procedimientos son: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de la Secretaría de Salud estatal, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), así como su institución homóloga en Puebla, el Issstep; además de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Particularmente, se indicó que será en el Hospital de La Mujer, la clínica hospital de Tehuacán, Teziutlán y Huauchinango (Issste), el Hospital General de zona 20, La Margarita y el Hospital General de zona 35, en Cuautlancingo (IMSS); además del Hospital de Especialidades del Issstep.
En marzo pasado, un total de tres agrupaciones civiles originarias de Puebla ganaron un amparo judicial que establece que las personas que hayan sido orientadas por ellas pueden realizarse un aborto sin enfrentar las sanciones que establece el Código Penal del Estado.
Lo anterior ocurrió luego de que la administración de Céspedes Peregrina desistió de un proceso legal que inició el gobierno de su predecesor, Miguel Barbosa Huerta, contra las colectivas poblanas que pugnaron por reconocer como inconstitucionales los artículos que castigan la interrupción del embarazo en el Código Penal estatal.
Aunado a lo anterior, no hay que olvidar que en septiembre pasado la SCJN determinó que las instituciones del Estado mexicano, exactamente las de jurisdicción federal, deben realizar abortos a ofrecer el servicio de forma gratuita.
Finalmente, es importante mencionar que, a partir de las sentencias federales, el personal médico que se niegue a realizar los abortos bajo las condiciones que establecen las resoluciones puede ser sancionado.
