El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla dio a conocer que durante el presente año ya se abrieron 121 investigaciones por presuntos actos u omisiones en contra de personas servidoras públicas adscritas al órgano de gobierno. De esta cifra, 52 son en contra de jueces de primera instancia.
En un comunicado de prensa, el Consejo informó que lo anterior está en apego a lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y demás disposiciones aplicables. En suma, que estas acciones son parte de sus facultades constitucionales de vigilancia, evaluación de desempeño y disciplina.
Es importante subrayar que dichas investigaciones se realizan en estricta observancia a los principios de legalidad, presunción de inocencia, imparcialidad, objetividad, congruencia, exhaustividad, verdad material y respeto a los derechos humanos.
Investigaciones se intensifican luego del llamado de AMLO
Hay que recordar que en sólo cuatro días, el Consejo abrió dos investigaciones en contra de jueces por presuntos actos de corrupción. Las investigaciones fueron a raíz de que el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, y su subsecretario de seguridad pública, Luis Rodríguez Bucio, exhibieron a las autoridades poblanas y sugirieron que favorecieron a los supuestos culpables, en vez de las víctimas.
Fue el pasado 25 de julio, cuando Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de seguridad pública federal, informó que el juez poblano Francisco Javier Martínez Castillo benefició a dos secuestradores, pues cambió las medidas cautelares y les otorgó libertad de jurisdicción.
La víctima fue rescatada en un motel y los dos presuntos culpables fueron detenidos. Incluso, se les formuló imputación y se les impuso prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, ante los reiterados cambios de defensores, la audiencia intermedia no se llevó a cabo y en junio, la defensa promovió un amparo para la revisión de medidas cautelares, las cuales avaló dicho juez.
Tres días después, puntualmente el 28 de julio, el Consejo de la Judicatura ordenó el inicio de las investigaciones pertinentes a fin de revisar la actuación y desempeño de Francisco Javier, juez de control de la región judicial centro adscrito al Poder Judicial de Puebla.
En su comunicado, el Consejo aseguró que quería refrendar el compromiso de justicia imparcial, independiente y expedita, así como de implementar los mecanismos de vigilancia y disciplina estipulados en la ley para la certeza jurídica de los poblanos.
Investigan a juez que ha dejado libre a varios presuntos violadores sexuales
Para este 31 de julio, en su habitual conferencia matutina, el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, lamentó que en últimos días, los jueces poblanos hayan favorecido a dos secuestradores; y agregó el caso de un juez que dejó libre a un presunto violador sexual. También confirmó que el fiscal, Gilberto Higuera Bernal, fue quien realizó la denuncia correspondiente para exponer esta situación.
El caso de la violación sexual, se trató de un niño de Aquixtla que fue abusado por un diácono de su comunidad y cuando se supo del hecho, los pobladores querían lincharlo, pero la familia del menor intervino para que se hiciera justicia en los tribunales.
Desgraciadamente esa justicia no llegó y los primeros días de julio fue liberado y exonerado gracias a Aarón Hernández Chino, juez de control de la región judicial norte, con sede en Zacatlán. La familia del menor argumentó que ya son cinco presuntos violadores sexuales que deja libre.
Horas más tarde, y en relación a los señalamientos en contra de este juez, por dejar sin efectos la medida cautelar de prisión preventiva del diácono Gerardo N, el Consejo anunció otra investigación a través del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, a fin de revisar su actuación y desempeño.
En ambos casos, el Consejo indicó que las investigaciones serán con apego a las facultades conferidas por los numerales 88 de la Constitución Política del Estado de Puebla y 82, fracción LIX de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.
Además, dichos procedimientos serán independiente del derecho con el que cuentan las partes para agotar los medios de defensa a su alcance, ante las autoridades jurisdiccionales competentes.
