Los diputados de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado promueven una serie de reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para reconocer la creación de la Unidad Técnica que vigilará el desempeño de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y a su titular Francisco Romero Serrano.
La iniciativa se encuentra en análisis de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales e Inspectora, que son presididas por las diputadas Mónica Silva Ruiz y Olga Lucía Romero Garci Crespo, del PT y Morena, respectivamente.
La propuesta que impulsan los diputados Sergio Salomón Céspedes Peregrina (Morena), Jorge Estefan Chidiac (PRI), Nora Merino Escamilla (PT), Fernando Morales Martínez (Movimiento Ciudadano), Jaime Natale Uranga (Partido Verde) y Carlos Navarro Corro (PSI), es la continuidad de las reformas constitucionales aprobadas el 2 de diciembre pasado en materia de fiscalización superior y combate a la corrupción.
Los cambios a la Ley Orgánica del Poder Legislativo pretenden redefinir la naturaleza jurídica de la Auditoría, los requisitos y condiciones para el ejercicio del cargo del auditor y la creación de la Unidad Técnica que ayudará a la nueva Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado.
Es decir que la Comisión Inspectora que preside Olga Lucía Romero cambiará de nombre para convertirse en la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la ASE.
Las reformas otorgan al Congreso del Estado absoluta deferencia para regular el procedimiento especial para remover al auditor por causas graves establecidas en la Constitución Política del Estado de Puebla. En todo caso la remoción requerirá del voto de las dos terceras partes de los diputados que estén presentes en la sesión.
Será la nueva Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación quien dictaminará si existen motivos para remover al titular de la ASE y deberá dar derecho de audiencia. La destitución será inmediata y se deberá nombrar a un titular para un nuevo periodo.
El pasado 2 de diciembre, el Congreso del Estado aprobó las reformas constitucionales del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta para vigilar el desempeño de la Auditoría y su titular Francisco Romero, así como establecer las causales de su remoción del cargo.
El auditor que rindió protesta el 27 de noviembre de 2019 podrá ser destituido de sus funciones por contravenir los principios a los que se debe ajustar la función de fiscalización; ausentarse de sus labores por más de un mes sin que medie autorización del Congreso; abstenerse de presentar en el año correspondiente, sin causa justificada, los informes de cuentas públicas; aceptar la injerencia de partidos políticos en la fiscalización, el proceso de revisión de la cuenta pública, así como en los procedimientos de fiscalización e imposición de sanciones, entre otras causas graves.
