La desprivatización del agua en Puebla es posible pero no es tarea fácil, admitió la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Nora Merino Escamilla, al señalar que el convenio está totalmente amarrado y el suministro quedaría comprometido porque los gobiernos municipales no tienen capacidad para ello.
Ante la exigencia de activistas y exfuncionarios municipales de que la coalición Juntos Haremos Historia cumpla con rescindir el contrato otorgado por 30 años a la empresa Concesiones Integrales o Agua de Puebla para Todos, la diputada refirió que el legislativo abrió el convenio de privatización que hizo la legislatura pasada, liderada por el PAN.
“Este convenio está totalmente amarrado, nos tiene en estudio, en análisis desde hace varios meses. Es importante que sepamos que no ha sido una falta de voluntad, simplemente es una realidad, que el convenio fue muy bien elaborado, se amarró en todas sus vías”, dijo.
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Merino Escamilla afirmó que el contrato otorgado en 2014 a la empresa Agua de Puebla tiene recargos millonarios que el gobierno del Estado, a cargo de Miguel Barbosa Huerta, no puede absorber, además que el suministro de agua quedaría comprometido porque los gobiernos y el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) no tienen la capacidad de llevar el líquido a las casas de los poblanos.
La presidenta del Congreso sostuvo que el tema no se ha dejado de analizar ni de proponer posibles soluciones, sin embargo reconoció que no lo han logrado, pues antes de emprender alguna acción por cuestiones políticas se tienen que tomar decisiones que den certeza.
“Podríamos revertirlo como muchos han dicho que se puede hacer, de fácil, cuando la realidad es que al revertirlo de esa manera lo único que vamos a ocasionar es una crisis en materia de agua en la zona donde llega Agua de Puebla. Vamos a ocasionar un tema jurídico muy importante que va a repercutir en el Congreso y el Ejecutivo”, afirmó.
Recordó que en 2020 presentó junto al diputado Gabriel Biestro Medinilla una iniciativa para cambiar la Ley del Agua y prohibir los cortes de agua y drenaje, además que por obligación han dado seguimiento a las denuncias ciudadanas por cortes de uso habitacional.
En aquella ocasión, representantes de la Asamblea Social del Agua (ASA), quienes abanderan la lucha contra la privatización del servicio en la capital desde 2014, criticaron a los legisladores que respaldaron la reforma, a quienes tacharon de “traidores”.
