El diputado local de Morena, Roberto Solís Valles, solicitó a la familia Jenkins dar la cara a los estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) que se encuentran en plantón para exigir que se devuelva el campus.
Por su parte, el panista Rafael Micalco Méndez pidió la comparecencia del presidente de la Junta para el Cuidado de las Instituciones y Asistencia Privada del Estado de Puebla, Daniel Vázquez Millán, quien nombró al nuevo patronato de la universidad y a su titular Horacio Magaña Martínez, así como al resto de los integrantes, que a su vez nombraron como rector al exsenador Armando Ríos Piter.
“¿Dónde está la familia Jenkins? ¿Por qué no va y da la cara a los estudiantes? Esa es la realidad, ¿dónde está Guillermo Jenkins de Landa?”, cuestionó Solís.
En tribuna, el diputado por el distrito de Huejotzingo sostuvo que el conflicto de la Udlap es entre particulares, por lo que también cuestionó el paradero del exrector Luis Ernesto Derbez Bautista, a quien responsabilizó de orquestar una trama “técnica” como se acostumbraba antes para hacer cosas “muy malas”.
Consideró que la familia Jenkins debe dar explicaciones del presunto desfalco de 720 millones de dólares de la fundación que lleva el mismo nombre y originó el conflicto en la universidad, además aplaudió que los estudiantes “se empiecen a ensuciar los zapatos” y que con los privilegios que tienen salgan a las calles, en alusión a las protestas que han realizado alumnos en las últimas semanas.
Solís aseguró que quienes politizan el tema son los diputados del PAN que el pasado 1 de febrero acudieron al campus para comprobar que está cerrado y sin acceso para los estudiantes desde la toma del 29 de junio de 2021.
Agregó que los policías estatales que se encuentran en las instalaciones solo cumplen una orden judicial, además de que las puertas de la Udlap están abiertas para la comunidad estudiantil, contradiciendo con ello los señalamientos que incluso hicieron artistas como Adal Ramones que exigieron liberar el campus.
El morenista dijo lo anterior en respuesta al panista Rafael Micalco, quien sostuvo que 10 mil estudiantes, 3 mil trabajadores y negocios de la zona como restaurantes y departamentos están siendo afectados por el conflicto, pues si bien existe un mandato judicial para abrir las puertas de la institución ninguno ha podido entrar.