/ miércoles 30 de junio de 2021

Eliminan Reconocimientos de Validez permanentes para escuelas de Educación Superior

La iniciativa tiene el propósito de establecer el derecho a la educación superior, la inclusión y la obligación del Estado para atender la demanda educativa

El Congreso de Puebla aprobó la nueva Ley de Educación Superior que elimina los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE) permanentes a fin de que las escuelas privadas se actualicen para no perderlos.

Además, se fijan sanciones más severas a las universidades privadas que simulen actividades o expidan documentos sin validez, e incorpora el concepto de reconocimiento estatal a la gestión institucional y excelencia educativa, que se otorgará a las escuelas con RVOE de una antigüedad mínima de 10 años.

En sesión plenaria, los diputados aprobaron con 39 votos a favor la nueva ley que reemplaza la creada en 2012 y que consiste en una homologación a la Ley General de Educación Superior, promulgada el 20 de abril a nivel federal.

En la anterior ley se establecía que los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios tendrían una duración de seis años. Hasta el año pasado, la entidad contabilizaba 2 mil 300 RVOES, de los cuales más del 40 por ciento se habían entregado en los gobiernos de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad.

Ahora, las escuelas particulares deberán renovar sus reconocimientos cada seis años, cuando la duración de los planes de estudio sea de cuatro, a menos que la institución obtenga el reconocimiento estatal a la gestión institucional y excelencia educativa. En este caso ya no deberá realizar el refrendo.

El artículo 70 de la nueva Ley de Educación Superior del Estado de Puebla señala que “corresponde a la Secretaría otorgar, negar o retirar este tipo de reconocimiento conforme a lo establecido en Ley General y la Ley General de Educación, así como de las disposiciones que deriven de ellas”.

La iniciativa presentada por los diputados Hugo Alejo Domínguez y Nora Merino Escamilla, tiene el propósito de establecer el derecho a la educación superior, la inclusión y la obligación del Estado para atender la demanda educativa. El dictamen fue avalado tras la realización de un parlamento abierto.

El Congreso de Puebla aprobó la nueva Ley de Educación Superior que elimina los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE) permanentes a fin de que las escuelas privadas se actualicen para no perderlos.

Además, se fijan sanciones más severas a las universidades privadas que simulen actividades o expidan documentos sin validez, e incorpora el concepto de reconocimiento estatal a la gestión institucional y excelencia educativa, que se otorgará a las escuelas con RVOE de una antigüedad mínima de 10 años.

En sesión plenaria, los diputados aprobaron con 39 votos a favor la nueva ley que reemplaza la creada en 2012 y que consiste en una homologación a la Ley General de Educación Superior, promulgada el 20 de abril a nivel federal.

En la anterior ley se establecía que los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios tendrían una duración de seis años. Hasta el año pasado, la entidad contabilizaba 2 mil 300 RVOES, de los cuales más del 40 por ciento se habían entregado en los gobiernos de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad.

Ahora, las escuelas particulares deberán renovar sus reconocimientos cada seis años, cuando la duración de los planes de estudio sea de cuatro, a menos que la institución obtenga el reconocimiento estatal a la gestión institucional y excelencia educativa. En este caso ya no deberá realizar el refrendo.

El artículo 70 de la nueva Ley de Educación Superior del Estado de Puebla señala que “corresponde a la Secretaría otorgar, negar o retirar este tipo de reconocimiento conforme a lo establecido en Ley General y la Ley General de Educación, así como de las disposiciones que deriven de ellas”.

La iniciativa presentada por los diputados Hugo Alejo Domínguez y Nora Merino Escamilla, tiene el propósito de establecer el derecho a la educación superior, la inclusión y la obligación del Estado para atender la demanda educativa. El dictamen fue avalado tras la realización de un parlamento abierto.

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