Puebla, Méx. –A casi 10 años del asesinato de su esposo por un grupo armado en San Bartolomé Coscomaya, perteneciente al municipio de Quecholac, doña Carmen Olayo sigue exigiendo justicia porque no hay ningún detenido, pero además acusa la existencia de una declaración ante la Fiscalía General del Estado de Puebla atribuida a ella, la cual nunca realizó y que, además, presenta huellas dactilares de otra persona.
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En entrevista para El Sol de Puebla, la vecina de Quecholac, acusa que, a través de esta investigación, los agentes ministeriales buscan incriminar a Antonio Valente Martínez Fuentes, como el presunto asesino de su esposo y para ello, refiere, ha sido visitada por los agentes para obligarla a ratificar una denuncia que le habría sido inventada.
“Yo fui a reconocer el cuerpo de mi esposo, pero fue la única declaración que yo hice. Fue la única. Y ya después me apareció una declaración falsa y me pusieron huellas falsas, igual; pero los de Fiscalía, porque yo no reconozco esa declaración y, además, no tienen por qué estar culpando a una persona que es inocente, que es el señor Antonio Valente Martínez Fuentes (…) ahí lo señalan, pero yo digo que es de lo mismo de la Fiscalía, porque yo nunca lo nombré, nunca lo estoy acusando, porque es inocente”, relata.
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Los hechos se registraron la mañana del 25 de abril de 2014, cuando un grupo de encapuchados armados irrumpió en su domicilio y asesinó de varios disparos a su esposo Herminio Navarro, y horas antes, su suegro, Agustín Navarro, también fue atacado, quedando herido en las piernas. El hombre fue trasladado al Hospital General de Tecamachalco, donde permaneció internado por más de un mes.
Una semana después del asesinato, la señora Carmen relata que elementos de la FGE acudieron a su domicilio con documentos para que firmara, pero se negó: “no la firmé por que es que ellos querían que fuera yo a declarar así en contra del señor Antonio Valente Martínez Fuentes, pero pues yo no tenía por qué ir a declarar en contra de una persona que es inocente”.
La situación quedó casi olvidada por algún tiempo, hasta el año 2020 cuando nuevamente los agentes comenzaron a ser insistentes para que ratificara su declaración y pusiera sus huellas en los documentos, pero tampoco accedió.
De acuerdo con su relato, a través de su defensa se enteró de que en el expediente del caso apareció esa segunda declaración en la que supuestamente ella responsabiliza a dos personas: a Antonio Valente Martínez Fuentes y a otra de nombre Celso. La declaración además de serle atribuida a ella, presenta huellas digitales hechas pasar como si fueran suyas.
Huellas presentadas no son de ella
Ante la irregularidad, a través de su defensa pidió la realización de un peritaje de las huellas dactilares, siendo realizado por un especialista de la propia Fiscalía General del Estado de Puebla, concluyendo que las huellas colocadas en la denuncia no son de ella.
“Las impresiones dactilares recabadas a la C. Carmen Olayo en formato de ficha decadactilar, así como a impresión dactilar localizada en la credencial para votar expedida por el IFE con número de Folio XXXX NO presentan correspondencia de características individuales, contra las impresiones del documento de referencia, es decir NO PROVIENEN DEL MISMO ORIGEN”, se lee en el estudio realizado el 25 de enero de 2021.
El caso se complica, además, por otra declaración atribuida a la señora Yolanda Navarro, hija de Agustín y hermana de Herminio, misma a quien agentes ministeriales también han visitado recurrentemente para pedirle que ratifique una denuncia, sin embargo, ella afirma que no presentó ninguna denuncia ni dio declaración ante la autoridad.
La mujer relata que la madrugada en la que atacaron a su padre, se fue directo al hospital de Tecamachalco, a donde fue internado, por lo que ya no estuvo presente cuando ocurrió el ataque a su hermano, y desde entonces estuvo atenta de la situación de salud de su padre, hasta los primeros días de junio de ese año, cuando él mismo pidió que lo dieran de alta argumentando de que no lo estaban atendiendo.
“Fui a información para llevármelo de manera voluntaria y me dicen que no, que tenía que hacer un proceso con los de Fiscalía y me dicen que no, que tengo que firmar unas hojas en blanco, y yo les digo ¿Por qué? que ¿por qué en blanco? Y me dicen que las tengo que firmar porque si nos iban a encerrar a mi papá y a mí, y que si no me quería meter en problemas pues les tenía que firmar y para dármelo pues yo tuve que firmar, porque me amenazaron (…) después resulta que según apareció una declaración; llegaron a decirme que fuera yo a ratificar una declaración que yo no hice”, relata al deslindarse del contenido de los documentos.
A un mes de que se cumplan los 10 años del doble ataque armado, no hay ningún responsable detenido y los familiares de las víctimas sólo piden que “hagan justicia con el verdadero culpable (…) porque por ahí debe andar, cuando quieren culpar a una persona que es inocente”.
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