Por mayoría, la Comisión de Seguridad Pública rechazó solicitar al gobernador Miguel Barbosa y a la presidenta municipal de San Martín Texmelucan, Norma Layón, la destitución inmediata del comisario de seguridad, que se iniciaran carpetas para fincar responsabilidades y el Estado asumiera el mando.
El exhorto incluía al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gilberto Higuera Bernal, para que destituyeran del cargo al comisario Jorge Alberto Ramos Cruz y se le fincaran responsabilidades penales y administrativas por presuntos actos de extorsión y persecución contra comerciantes y ciudadanos.
El punto de acuerdo fue presentado por los diputados Héctor Alonso Granados (sin partido), Guadalupe Esquitín Lastiri, Carlos Morales Álvarez, Uruviel González Vieyra, Liliana Luna Aguirre y Armando García Avendaño, de Movimiento Ciudadano, Compromiso por Puebla y PRD, respectivamente.
El exhorto se basó en notas periodísticas y publicaciones de redes sociales, por lo cual Nora Merino Escamilla, María del Carmen Cabrera Camacho y Fernando Sánchez Sasia, de Morena, PT y PES, lo rechazaron al señalar que extralimitaba las facultades de la alcaldesa a quien le corresponde remover al funcionario.
“En días recientes en medios de comunicación y en redes sociales se ha dado a conocer el reclamo de comerciantes, empresarios y sociedad civil organizada respecto a actos de extorsión, incluso persecución por parte de las autoridades de seguridad pública municipal de San Martín Texmelucan”, se argumentó.
Incluso que la Coparmex, Alianza Empresarial de Fortalecimiento Comercial, Confederación de Cámara Nacional del Comercio, Servicios y Turismo, Mercado Domingo Arenas, Asociación de Periodistas, Club de Leones y varios presidentes auxiliares de Texmelucan han exigido frenar las extorsiones y amenazas.
Sin embargo, los diputados de Morena, PT y Encuentro Social que forman parte de la Comisión de Seguridad Pública, señalaron que el tema es político y va más allá de lo legislativo, además que el exhorto no estaba bien fundamentado y no tenía como base denuncias ciudadanas presentadas formalmente.
“No se desprenden elementos que permitan acreditar fehacientemente la existencia de estos, la información se sustenta en notas y publicaciones de redes sociales que no se puede tener certeza de su veracidad”, dijo Merino.
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