Indígenas poblanos preparan su encuentro con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su novena visita a esta entidad como mandatario, mientras cuatro megaproyectos permanecen vigentes en el territorio, con todo y sus conflictos sociales, a pesar de los pronunciamientos de entidades federales en el sentido de que éstos serán rechazados.
De acuerdo con información proporcionada por activistas y miembros del Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo, realizarán una manifestación a fin de exigir la cancelación del gasoducto Tuxpan-Tula, impulsado durante el mandato de Enrique Peña Nieto.
El argumento es que la obra afectará a más de un cuarto de millón de personas de 459 comunidades, en 34 municipios de Puebla, Veracruz, Hidalgo y Estado de México. También se pronunciaron en contra de la consulta realizada sobre este tema por considerar lo que es una burla a este movimiento contra la obra impulsada por Transportadora de Gas Natural de la Huesca, que usa como herramienta la amenaza contra los opositores de esa obra.
En el territorio poblano el impacto directo sería en los municipios de Pahuatlán, sede de la visita presidencial, Tlacuilotepec y Honey. El proyecto no solamente ha generado conflictos sociales, desplazamiento y división entre las comunidades, también ha generado giras en diferentes países europeos, así como varios foros.
En un video realizado por las organizaciones, los indígenas solicitan la cancelación del gasoducto al considerar que afectará la tierra, el agua y la vegetación: Exigimos que no desvíen, que no pasen por aquí. Tenemos aquí mucha agua, mucha vegetación y no queremos que se pierda todo esto.
De igual forma rechazaron las consultas “porque ya no nos respetaron desde un principio, como debía de ser, ahora ya no, la gente ya no quiere esos proyectos, ya no quiere las consultas y le exigimos que usted como presidente las retire de una vez por todas”.
PENDIENTES
La novena gira durante la actual administración federal, sexta en el mandato de Luis Miguel Barbosa Huerta, como gobernador del Estado, tienen también la expectativa de solicitud de otros proyectos que también están afectando el tejido social, empezando por el impulsado en el municipio de Ixtacamaxtitlán por la empresa canadiense Almaden Minerals y sus filiales.
Mientras se resuelven los amparos pendientes la empresa no puede operar, por lo que, hasta donde se sabe, no solo ha generado una división entre los pobladores de este municipio, sino que 15 trabajadores de la minera ya fueron liquidados y 70 más ya no fueron recontratados en la fase exploratoria de este proyecto que pretende explotar un yacimiento de reservas probadas de 73 millones de toneladas de roca, con un promedio de rendimiento de su 0.59 g por tonelada de roca procesada y 36.3 g de plata, por tonelada de roca procesada.
Los indígenas opositores acusan violación a derechos humanos, luego de un estudio hecho por expertos y avalado por organizaciones de presencia nacional e internacional, sobre todo por el acceso al agua, al medio ambiente sano.
También está pendiente el proyecto hidroeléctrico Puebla-1, que no solo ha generado el descontento en los municipios de influencia, sino un intercambio de acusaciones por aparente intimidación de la empresa hacia los indígenas, simulación de la consulta. También tiene pendiente un juicio de amparo promovido por tres comunidades totonacas, bajo el alegato de afectación al río Ajajalpan, tiene la referencia de amparo 598/2016, interpuesto por las comunidades de San Mateo, Altica y San Felipe Tepatlán.
De igual forma, está el conflicto generado por la subestación eléctrica de la Comisión Federal de electricidad, en Cuetzalan, que no solamente ha dejado ya dos activistas muertos, sino que también ha sido foro de encuentros nacionales e internacionales para expresar el rechazo hacia este proyecto.
La lista de pendientes incluye al proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzatlán, actualmente suspendido hasta que se realice una consulta indígena en el marco de la ley; no sólo ha generado la oposición por parte de indígenas y organizaciones, sino que está en la mira tras la desaparición de Sergio Rivera Hernández, defensor indígena de Pueblo Nahua y miembro del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), una organización nacional que trabaja desde 1996 por los derechos de los pueblos indígenas, sus tierras ancestrales y los derechos ambientales en distintas regiones de México.
El defensor ha protegido activamente los derechos de las comunidades indígenas que han estado expuestas a violaciones de derechos humanos como consecuencia de la construcción del sistema hidroeléctrico Coyolapa-Atzatlán en la región de Sierra Negra ubicada en el estado de Puebla. Este proyecto consiste en dos represas y está liderado por la compañía mexicana Minera Autlán.
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