Al expresidente de Ciudad Serdán, Juan Navarro, actualmente vinculado a proceso por la entrega a particulares de la Central de Abasto construida con recursos públicos, es señalado por pobladores del municipio por un presunto fraude inmobiliario.
Durante la administración 2014-2018, encabezada por el priista, fueron construidas alrededor de 400 viviendas con recursos de la Sedatu pero su gobierno terminó pidiéndoles aportaciones de 15 y hasta 35 mil pesos para acceder a las viviendas, incluso, acusaron el incumplimiento de entrega.
Se trata de dos conjuntos habitaciones, conocido como Unidad Habitacional San Cayetano, mismas que fueron financiadas a través de distintas partidas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), como parte el programa Hábitat, en apoyo a familias en condiciones vulnerables y cuyos recursos habrían sido entregados en diferentes momentos.
Exigía dinero para entregar las viviendas
De acuerdo con los vecinos de este municipio, consultados sobre las viviendas, éstas fueron construidos en terrenos ejidales, por las que originalmente les habían dicho que tenían que pagar por algunos trámites entre 3 mil y 4 mil pesos, sin embargo, al final les terminaron pidiendo cantidades mayores.
En el 2019, un año después de que concluyó su administración, se destapó el presunto fraude inmobiliario con el programa “Unidades Básicas de Vivienda 2016”, por lo que desde entonces un grupo de familias afectadas se pronunciaron por la intervención del Gobernador del Estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, así como de autoridades federales para que se investigara este caso, al que calificaron como un robo y un grave daño al erario público.
Medios regionales comenzaron a exhibir las diversas irregularidades y el presunto desvío de recursos que debían ser usados para familias en situación vulnerable.
Los beneficiarios del programa de la Sedatu acusaron que dichas unidades fueron dejadas con irregularidades y vicios ocultos, además de que carecían de los servicios básicos; sin embargo, a través de un abogado contratado por la administración que encabezó el exedil, les exigían cobros para poder entregarles las viviendas.
En su momento, los beneficiarios de las primeras 200 viviendas de la Unidad Habitacional San Cayetano señalaron que el exalcalde, Juan Navarro, el ex secretario General, Irving Bello y el ex tesorero, Guillermo Ruíz, les pidieron diversas, argumentando la compra del predio para construir las viviendas, cuando éste fue edificado en predios ejidales.
Los quejosos señalaron que, incluso, de acuerdo con el proyecto original, la unidad habitacional debía contar con acceso, guarniciones, banquetas y pavimentación, sin embargo, al término de la obra, no contaba con ninguno de estos elementos.
Actualmente, las 400 viviendas y la Central de Abasto se encuentran en el total abandono, carecen de servicios básicos para su operación; además de que ya han sido saqueadas pues no cuentan ya con tinacos, puertas, ventanas, cables de luz, entre otros.
Juan N. aseguraba tener protección de Marín
De acuerdo con declaraciones de los pobladores, el ex alcalde se decía protegido del exdiputado federal, Javier López Zavala, y se hizo político bajo el cobijo del ex gobernador Mario Marín Torres –ambos presos actualmente- y con tal de seguir acumulando riqueza al amparo del poder, realizó una serie de atropellos valiéndose de los más necesitados.
Incluso, al término de su gobierno, intentó ser diputado local, por lo que en las paredes de la unidad habitacional aún existen pintas de promoción con su nombre y los colores de su campaña, sin embargo, al perder, regresó a concluir su administración, misma que concluyó con la inauguración de la Central de Abasto.
Pese a esto, los vecinos creían que la justicia estaba muy lejos de llegar al exedil, pues el reclamo de los afectados era: “No es posible que, pese a que ya salió a la luz este gran fraude, las autoridades del gobierno federal sigan solapando al ex alcalde, Juan Navarro Rodríguez”.
Cabe mencionar que todas las declaraciones fueron realizadas bajo el recurso del anonimato, debido a la fama de “vengativo” del ex munícipe Juan Navarro, quien –señalan- los amenazó de que no les entregarían sus viviendas, ni las aportaciones que habían realizado.
Luego de que el exmunícipe fuera detenido el pasado 15 de noviembre y posteriormente las exregidoras María del Rosario N. y María Eva N., así como el exsecretario general, Irving Alberto N., la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que los imputados quedaron vinculados a proceso y el juez ordenó prisión preventiva.
