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El presidente del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim), Juan José Hernández López, pidió al alcalde de Tehuacán, Felipe Patjane, que finque responsabilidades a las pasadas autoridades municipales por atribuirse exorbitantes bonos al término de la administración.
Lo anterior mediante documentos exhibidos en redes sociales sobre los finiquitos que recibieron los trabajadores de confianza de la pasada administración, en donde se observa que tanto la exedilesa Ernestina Fernández Méndez como sus 12 regidores, además del secretario general del Ayuntamiento, recibieron un pago de casi 150 mil pesos al término de la administración.
En ese mismo documento se muestra que la Comuna también dio un finiquito a los asistentes personales de cada uno de los regidores, el cual va desde los 9 mil pesos a los 15 mil pesos, siendo cuatro los colaboradores con un pago por encima de los 10 mil pesos, considerando en ese mismo apartado a recepcionistas que recibieron casi 12 mil pesos.
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De la misma forma, de dos de las secretarias personales de la edilesa municipal se indica que recibieron la cantidad de 120 mil pesos; su chofer particular y un asistente recibieron, cada uno, 14 mil pesos.
En el caso del director de Asuntos Jurídicos, Arnoldo Nájera Pacheco, este recibió la cantidad de 120 mil pesos, así como su auxiliar, Luis Enrique Hoyos Cerqueda.
Dato curioso es que en el finiquito que se le designó a Miguel Ángel Romero Calderón se indica una cantidad de 178 mil pesos, pero en la cantidad neta se indica un monto de solo 57 mil 800 pesos, siendo mostradas las cantidades recibidas por cargos como auxiliares.
Cabe mencionar que esto fue independiente de lo que recibieron de su última quincena, así como lo proporcional de su aguinaldo.
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Ante ello, Juan José Hernández López pidió a las actuales autoridades que se haga una investigación sobre estos documentos exhibidos y de estos últimos pagos que se autorizaron con el fin de fincar responsabilidades al atribuirse montos tan altos, a pesar de que el municipio fue dejado con un sinnúmero de necesidades, siendo, además, que los finiquitos no son propios de un cargo público.
“Debe de existir coherencia entre esas cantidades y las necesidades, no era como para que se hayan dado pagos tan grandes”, señaló el titular de este Observatorio Ciudadano, quien calificó como abusivo el acto por parte de los servidores públicos, mismos que se mantuvieron en la pasada administración por 4 años 8 meses.
