Con expectativa esperan habitantes de la junta auxiliar de San Miguel Tenango, en Zacatlán, que se les cumpla la promesa de recibir el apoyo del programa "Jornaleros Agrícolas", que aparentemente les fue retirado por respaldar a partidos ajenos al Revolucionario Institucional (PRI). Tras la protesta, ocurrida en los bajos del Palacio Municipal, se acordó que el próximo viernes recibirían estos apoyos los beneficiarios que no fueron eliminados del programa.
Los indígenas señalaron que fueron amenazados durante el periodo electoral con que, si no votaban por los candidatos del PRI, les sería retirado ese programa federal. Tras la derrota de los candidatos a la presidencia de la república, la senaduría, diputación federal y diputación local, la amenaza fue cumplida. Decidieron exigirle cuentas al responsable del programa federal, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en este municipio, Arturo Báez.
En la voz de Refugia Hernández, fueron varios los intentos de acercamiento con los representantes de este programa federal en Zacatlán, pero no les daban una respuesta concreta. Buscaron contacto con varias dependencias y estas les exigieron pruebas, lo cual fue difícil de obtener, hasta que notaron que otras personas sí recibieron estos apoyos; menos los quejosos.
"A algunos les dijeron que le hicieran como quisieran", ante lo que varios se reunieron para, en conjunto, hacer sentir su queja, pues pensaron que así tendría más fuerza y podrían ser escuchados; distinto a presentar su queja de manera individual. "La razón que nos dan para no darnos el programa es porque no apoyamos a su partido", denunciaron.
FUNCIONARIOS IMPIDEN LABOR DE REPORTEROS
En algún momento los funcionarios de esta dependencia impidieron que los reporteros documentaran esta protesta. Incluso uno de los funcionarios intentó impedir que grabaran lo que estaba sucediendo así como quitarle el equipo a uno de ellos.
Hasta donde se sabe, por estos actos no hay denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), lo que podría ocurrir si los funcionarios federales no cumplen con lo establecido. La única postura oficial por parte del delegado de la Sedesol en la región, Lorenzo Rivera Sosa, es que se investigarán los hechos y que no tenía conocimiento de lo ocurrido.
