El anuncio de la apertura de la mina en el municipio de Ixtacamaxtitlán por parte de las filiales de la empresa canadiense Almaden Minerals reaviva el conflicto social que ha generado este proyecto minero en una eventual guerra entre la población y la minera por el acceso al agua y la defensa del medio ambiente. Lo anterior sin omitir la batalla legal que ha librado la comunidad indígena náhuatl, misma que aún queda por resolverse y que ha mantenido este proyecto pausado por 4 años.
EL PROYECTO
En medios nacionales se ha destacado que, después de 17 años de investigaciones, Minera Gorrión planea la construcción de la mina en 2020 para explotar las reservas probadas, que tienen 65 millones de toneladas de mineral con un promedio de 0.62 gramos de oro por tonelada de roca y 37.8 gramos (también por tonelada de roca procesada) de plata. Proyecta una inversión de 117 millones de dólares a partir de un estudio de evaluación que revela que es factible el 90 % de la recuperación metalúrgica y una tasa de rentabilidad del 20 %.
De acuerdo a la información difundida, hasta el momento se han invertido 40 millones de dólares en este proyecto, al que le calculan una vida útil de 14 años. Se presume la creación de 75 empleos locales y otros 400 para la etapa de construcción, lo que podría dejar la estimación de 430 empleados permanentes. En una de las publicaciones que anuncian este proyecto se puede leer lo siguiente:
“La mina se ubica en la Sierra Norte de Puebla, en el municipio de Ixtacamaxtitlán, a 25 kilómetros del Parque Industrial Xicoténcatl, donde viven 25 mil habitantes. La zona de influencia abarca 10 comunidades con mil 500 personas y es una zona de alto grado de marginación, donde 80 por ciento se dedica a actividades primarias, ganadería y agricultura. No hay bosque, el terreno es semiárido y no hay agua”.
Se anunció que el estudio de prefactibilidad prevé una contribución de 248 millones de dólares en impuestos, lo que incluye 55 millones para el estado de Puebla; 35 millones para el municipio. Asimismo, defiende que el proyecto contempla un sistema de presas de almacenaje con posibilidad de administrar 2 mil metros cúbicos diarios de agua a la población cuenca abajo. La mina no considera la extracción y uso de aguas subterráneas, solo de lluvia.
LAS REACCIONES
Tras el anuncio, La Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua externaron su inconformidad por este proyecto, sobre todo por el rechazo a que tenga los permisos que la ley le exige, empezando con que violentaron la normatividad nacional e internacional en la materia, misma que garantiza la consulta e información libre, previa y culturalmente adecuada.
Consideran que este proyecto generaría la eventual deforestación de mil 200 hectáreas en las zonas donde la mina tiene presencia. En abril de 2017 presentaron una denuncia ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), asentada en el expediente PFPA/27.2/2C.27.5/001-17.
La oposición señala que la minera no ha presentado los informes preventivos y la manifestación de impacto ambiental que debiera y, curiosamente, la Semarnat no lo ha exigido como debiera. Tampoco cuenta con los permisos de cambio de uso de suelos ni de manejo de explosivos.
LA GUERRA DEL AGUA
En cuanto al agua, desmintieron que pueda abastecer las necesidades que tiene esta minera tan solo con la construcción de presas de almacenaje y el agua de lluvia: hace exploración de agua sin tener las autorizaciones de Conagua, acusaron los indígenas de esta unión de ejidos.
"En el municipio no alcanza para cubrir las necesidades de toda la población y cuando llegue la minería a cielo abierto desplazaría el uso y los obligaría a entrar en competencia directa por el agua”, acusaron.
El estudio de factibilidad de acciones de Almaden en Ixtaca, difundido por Almaden Minerals Ltd, omite información importante sobre el proyecto Ixtaca, argumentó Rosario Taracena, responsable de Comunicación Externa de Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER). Según la fuente, el mencionado estudio, presentado el pasado 21 de marzo, tiene tres omisiones importantes, la primera de ellas referente al consumo de agua.
De acuerdo con una evaluación de impacto liderada por la comunidad, elaborada junto con organizaciones de la sociedad civil, el agua de lluvia será insuficiente para las operaciones de la mina, considerando que la lluvia baja a media en el municipio es de 500-600 mm anuales, según la Estación Meteorológica de Ixtacamaxtitlán. El consumo anual calculado es de un millón 195 mil metros cúbicos solo para la zona de actividad minera.
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