Desde su creación en noviembre de 2020, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos contra la comunidad LGBTTTIQ de la Fiscalía General del Estado (FGE) ha registrado un total de 72 carpetas de investigación concluidas, mientras que otras 68 permanecen en trámite. Este organismo atiende los casos en los que se presume que el móvil del delito pueda atribuirse a causas de odio y discriminación en razón de orientación sexual e identidad de género.
Sin embargo, la maestra Ana Laura Gamboa Muñoz, coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S.J. (IDHIE) de la Ibero Puebla, asegura en entrevista que aún quedan dudas sobre el funcionamiento de ese organismo, pues la Fiscalía no ha dado a conocer los programas de capacitación del personal que ahí labora, entre otras acciones, dejando interrogantes sobre el manejo de las denuncias con apego a la protección de los derechos humanos.
La especialista en derechos humanos reconoce que si bien la responsabilidad de la impartición de justicia no es única de la autoridad ministerial, ésta sí empieza con sus funcionarios, pues son quienes se encargan del primer contacto con las víctimas. Por ello, advierte que la poca o nula capacitación en temas de sensibilización y manejo de denuncias con perspectiva de género y de diversidad sexual, pudiesen ser las razones principales que hay detrás de la carente cultura de denuncia que reina en Puebla.
Apenas el pasado 27 de febrero, la activista trans Janeth Palacios fue atacada brutalmente con piedras y botellas, por poco más de 20 hombres, durante la celebración del carnaval en la junta auxiliar de La Libertad. Sin embargo, ese no es un caso aislado, pues en todo el estado, de 2020 a la fecha, se han contabilizado poco más de 140 carpetas de investigación por posibles crímenes de odio. Gamboa Muñoz percibe que la incidencia delictiva contra las comunidades LGBTQ+ puede ser incluso mayor a la denunciada.
SE ABRIERON MÁS DE 100 CARPETAS DE INVESTIGACIÓN
Dicha unidad especializada se creó en noviembre de 2020, bajo la intención de atender las denuncias relacionadas a discriminación y agresiones en razón de orientación sexual e identidad de género, así como todos los casos cuya víctima pertenezca a alguna de las comunidades LGBTQ+, independientemente de si se trata de un crimen de odio o no.
Desde entonces, y hasta inicios de 2022, la FGE recibió 140 carpetas de investigación. De ellas, 72 ya concluyeron y 68 siguen abiertas, según detalló la dependencia mediante una solicitud de transparencia.
Respecto a las carpetas cerradas, el organismo compartió que los principales delitos cometidos contra las comunidades LGBTQ+ son: amenazas (15), violencia familiar (10), abuso sexual (7), discriminación (7), violación (6), robo (6) y lesiones (5). Las mismas se detectaron principalmente en Puebla capital (61), seguidas de los municipios de San Andrés Cholula (3), Atlixco (3), Tehuacán (1), y Zacapala (1).
Por su parte, de los expedientes que siguen sin ser resueltos, se observa que los principales delitos que persiguen son: violencia familiar (12), homicidio (11), robo (10), amenazas (8), abuso sexual (4), discriminación (4), violación (4), y lesiones (4). De igual forma, los casos se concentran en la capital poblana (48), pero también en: San Martín Texmelucan (4), San Andrés Cholula (3), Tepeaca (3), San Pedro Cholula (2), y Tehuacán (2).
Al respecto, la académica asegura que aunque las cifras son altas, existe la posibilidad de que la incidencia real sea todavía mayor a la denunciada, especialmente porque las violencias y estigmas en contra de las comunidades LGBTQ+ no sólo se replican en contextos familiares, éstas también se presentan en los espacios públicos: “Esto una consecuencia del sistema patriarcal (...) y son prácticas machistas que insisten en que los roles de género sigan siendo tan normados [y] no permiten salir de lo masculino y lo femenino nada más”.
Dichas formas de agresión se encuentran principalmente en la revictimización que muchas veces ocurre desde el momento en que se interpone una denuncia, y hasta el dictamen judicial, representando un riesgo para la adecuada impartición de justicia.
FALTA PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS
Detalla que dentro del contexto poblano, existen casos en los que las víctimas fueron culpadas por las agresiones que se cometieron contra ellas: [Se sigue] pensando que las personas LGBTQ+ [provocaron] a partir de su orientación [sexual], identidad [de género], o en la forma en cómo hablaron o se movieron, [e] incentivaron al sujeto activo a cometer esa violencia”.
Además, al temor de ser invisibilizadas y responsabilizadas a la hora de denunciar, se suma la percepción de impunidad y la impresión de que tanto las investigaciones como los juicios, no se realizan con enfoque de DDHH, y se omiten las vulnerabilidades sociales con las que viven las personas de las disidencias sexuales y de género: “Si tuviéramos resultados más eficientes y creyéramos en un sistema de justicia, seguramente los delitos serían más, pero también las sentencias”.
Al respecto, explica que organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), han recomendado a las fiscalías que agoten todas las líneas de investigación que tengan indicios de ser crímenes de odio, en los casos cuyas víctimas sean consideradas como integrantes de las comunidades LGBTQ+.
Aunado a esas violencias estructurales, dichas personas no siempre cuentan con una red de apoyo que les permita contrarrestar los abusos de las autoridades. Esto es más común en los municipios fuera de Puebla capital, pues en la mayoría de los casos el rechazo social y cultural a la diversidad sexual es tan fuerte que muchas personas son obligadas a esconder su orientación sexual e identidad de género.
Esta pudiera ser la explicación por la que la incidencia delictiva registrada por la FGE es menor en los municipios fuera del municipio de Puebla, pese a que existen otras demarcaciones importantes a nivel estatal como Tehuacán, San Martín Texmelucan, Huejotzingo, Huauchinango, entre otros, que tienen un gran número de población también.
Por ello, Gamboa Muñoz fija que la FGE debe reforzar sus protocolos de atención a personas de las disidencias sexuales y de género en sus delegaciones al interior del estado, específicamente porque tanto las vivencias individuales como los contextos, son diferentes a los de la capital. Resaltó que no todas las personas cuentan con la posibilidad de trasladarse varias horas para realizar una denuncia en las oficinas de la unidad especializada, en Puebla, Puebla.
Para conocer más sobre los esfuerzos de la dependencia para acercar la justicia a los municipios fuera de la capital, la titular del área de comunicación social de la FGE indicó a El Sol de Puebla que las víctimas de cualquier delito, pertenecientes a las comunidades LGBTQ+ pueden acudir al ministerio público más cercano y su denuncia será canalizada a la unidad antes mencionada.
¿QUÉ DEBE HACERSE?
Para hacer frente a las violencias estructurales, la especialista de la Ibero Puebla exhorta a que el Poder Judicial emita sentencias considerando siempre las condiciones de vulnerabilidad, estigmas y prejuicios que enfrentan las personas de la diversidad sexual y de género.
Finalmente hace un llamado a que las dependencias estatales unifiquen los esfuerzos para velar por el cuidado de los derechos humanos de la población, con una visión equitativa y justa.
Por ejemplo, al mismo tiempo que la FGE investiga los delitos contra las personas de la diversidad sexual, la Secretaría de Igualdad Sustantiva puede implementar campañas de prevención de violencia, e incluso la misma Comisión de Derechos Humanos (CDH) estatal pudiera incentivar que se evidencie a los funcionarios que incumplan con los protocolos correspondientes y que además, se vigile el cumplimiento de las recomendaciones en la materia, por mencionar algunos.
