Una orden de suspensión provisional, concedida por un juez local el pasado 23 de junio, le ha devuelto la esperanza de recuperar sus predios a cuatro de las familias que se vieron afectadas por la explosión ocurrida en octubre del año pasado en San Pablo Xochimehuacan, la cual fue provocada por una fuga de gas LP.
Cuatro de siete familias que promovieron amparos aseguraron que un juez local les otorgó una suspensión provisional y por lo tanto pidieron al gobierno estatal que les permita tomar posesión de sus predios para comenzar a edificar sus viviendas, mismas que fueron demolidas tras resultar afectadas con la explosión.
Se trata de víctimas, cuyos predios fueron catalogados por el gobierno como zona de riesgo, debido a su cercanía con las vías del tren, motivo por el que les impidieron volver a construir en ellos y les ofrecieron ser reubicados, aunque ninguno aceptó.
Jenny González, una de las afectadas, refirió que el gobierno argumenta que sus lotes deben estar a una distancia mínima de 30 metros de la vía del tren y a 100 de los ductos de Pemex, sin embargo, sostuvo que la ley establece que son al menos 12 metros en el primero de los casos y, en consecuencia, sus lotes son factibles para habitar.
Señaló que tras negarse a ser reubicados, ni su padre, quien es el dueño del lote en donde vivía, ni ningún otro de sus vecinos ha recibido otra ayuda del gobierno y ahora solo buscan que les permitan hacer uso de sus propiedades para reconstruir sus viviendas por sus medios.
El señor Hilario Cid y la señora Margarita Romero son otros de los afectados y refirieron que al ser personas de la tercera edad han tenido dificultades para subsistir, ya que no pueden pagar renta y tampoco les es posible seguir viviendo con familiares, de tal forma que buscan regresar a sus lotes y edificar su casa de nueva cuenta.
“Nosotros no queremos que nos construyan una pajarera, queremos hacer la casita a nuestro modo, si de cartón se puede la hacemos con cartón, pero no nos dejan hacer nuestra casita y nosotros somos propietarios, no somos paracaidistas”, declaró la señora Maria, esposa de don Hilario.
Los afectados refirieron que tenían más de 50 años viviendo en la calle Industria, por lo que se les hace injusto que el gobierno no les deje disponer de un terreno que compraron con esfuerzo durante su vida laboral.
Por lo anterior, indicaron que comenzarán a acudir diariamente con la intención de comenzar a construir los cimientos de sus viviendas y en caso de que el gobierno estatal pretenda impedírselos presentarán las suspensiones provisionales que han ganado.
