El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, confirmó que agentes de la Policía Estatal y la Guardia Nacional (GN) asumieron el control de la seguridad pública en Tulcingo de Valle, luego de que, ante el asesinato del titular de la policía municipal de ese lugar, Maurilio N, 20 uniformados de esa corporación renunciaron ayer. Asimismo, reconoció que el comandante que fue privado de la vida nunca acreditó sus exámenes de control y confianza, por lo que criticó que haya sido colocado en el cargo de todos modos.
Tras asegurar que es muy pronto para sacar conjeturas sobre los hechos delictivos desatados en Tulcingo del Valle la tarde del lunes, el mandatario poblano dio a conocer que autoridades federales y estatales asumieron el control regional de la seguridad pública.
“La Policía Estatal y Guardia Nacional se van a hacer cargo de la seguridad pública de ese municipio y de todo el control de la zona. Ya tenemos personal destacamentado en ello y, repito, ya hay un avance muy de fondo”, indicó este martes en conferencia de prensa.
Asimismo, ventiló que Maurilio N encabezó la corporación sin siquiera haber cumplido con el requisito mínimo de acreditar su lealtad de servicio y responsabilidad al cuidado de la ley, esto mediante la realización de las pruebas de control y confianza. Estos instrumentos son obligatorios para la contratación de funcionarios a cargo de la protección ciudadana.
“Quiero destacar que el director de la policía, el jefe policiaco asesinado, no tenía aprobado exámenes de control y confianza y, a pesar de eso, fue designado en el cargo. No voy a imputar a él nada, porque eso es parte de la investigación, pero el señor no tuvo porque estar en el cargo de jefe de la policía allá en Tulcingo de Valle”, expuso.
Por esa razón, y aunque no mencionó al edil de ese lugar, José Edgar García Ramírez, Barbosa Huerta señaló la responsabilidad que tienen los ayuntamientos de preservar el rigor y legalidad en la contratación de servidores públicos, particularmente los que poseen la responsabilidad de preservar la paz y aminorar la incidencia delictiva.
En ese tenor, refirió que ordenó a la Consejería Jurídica del gobierno estatal elaborar una iniciativa de reforma a las leyes orgánicas municipales que dictan los lineamientos para contratar al personal a cargo de la seguridad pública. Esta modificación obligaría a los ayuntamientos a verificar que en las filas de sus corporaciones policiales no existan perfiles vinculados al crimen o relacionados con prácticas irregulares.
“El jueves [voy a proponer] una reforma para obligar a los ayuntamientos a solamente contratar, para los elementos de la fuerza municipal, a las personas que no tengan vínculos públicos con actividades ilícitas o, desde luego, señalamientos en contra de ellos como presuntos delincuentes”, reveló.
Es de recordar que, tras el asesinato de Maurilio N, el alcalde García Ramírez informó sobre la dimisión al cargo de una veintena de policías municipales, pero sin especificar los motivos.
Desaparecerá SSP agrupación de operaciones especiales
En otro orden de ideas, Barbosa Huerta adelantó que su administración perfila la desaparición de la Unidad Mixta de Reacción (UMIR), un brazo articulado de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para atender tareas de inteligencia, esto debido a que entre sus filas atravesaron personajes asociados a la ilicitud.
“Vamos a desaparecer (...) del reglamento interior de la SSP a una dependencia dentro de la Policía Estatal que se llama UMIR. Ésta fue creada por el ex titular de la secretaría, Rogelio López Maya, pero ubicaba en ese lugar aún ex servidor público muy oscuro de apellido Gamboa”, subrayó.
El funcionario al que hizo alusión el mandatario fue Saúl Gamboa Condado, quien se desempeñaba como agente de mando en dicha corporación y sobre quien pesan diversos señalamientos de corrupción por parte de otros elementos policiacos.
Asimismo, Barbosa Huerta apuntó que otros integrantes de la UMIR incurrieron en actos delictivos, por lo cual consideró que la creación de esa agrupación fue un acto lamentable para la SSP.
“Se alojó a muchos policías que, finalmente, han sido identificados de prácticas ilegales. Le he pedido al consejero jurídico me haga esa reforma para desaparecer esa llamada UMIR, de lamentable paso por la seguridad pública del estado”, sostuvo.
Finalmente, cabe recordar que, de acuerdo con reportes periodísticos, integrantes de ese grupo de mando han abanderado señalamientos por irregularidades desde su creación hasta la fecha. Entre las prácticas más comunes figuran actos de secuestro, extorsión e implantación de pruebas fehacientes, entre otros.
