/ miércoles 11 de mayo de 2022

Gobierno estatal evalúa retiro de la concesión del agua en Puebla

El gobernador señaló que la concesión que actualmente opera dicha sociedad privada hiere a la ciudadanía

De forma preliminar el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, puso sobre la mesa la posibilidad de evitar que Concesiones Integrales, propietaria de Agua de Puebla Para Todos, deje de controlar el suministro hídrico en la capital del estado: "Pronto habrá noticias muy fuertes sobre el tema de la concesión del agua, mi gobierno no va a ser aquel que lastime a la gente".

Sin ahondar todavía en detalles, el titular del Ejecutivo estatal declaró que su gobierno evalúa el retiro de la concesión que permite a esa compañía el control del vital líquido en la capital del estado, para que sea el gobierno municipal quien se encargue de la administración del servicio. La razón que dio fue que dicha sociedad privada hiere a la ciudadanía y aseveró que “el gobierno no será aquel que lastime a la gente”. Explicó que la distribución del agua potable en la ciudad debe ser asumida por el Ayuntamiento de Puebla, pues es así como lo establece la Carta Magna.

Lo anterior resonó después de que el pasado 5 de mayo, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, respaldó la iniciativa de la desprivatización del agua en la capital poblana. El mandatario federal admitió que la administración estatal cuenta con el apoyo, no sólo político sino también fiscal, del Gobierno de México. Fue así como el titular del Ejecutivo poblano, declaró este 11 de mayo ante medios de comunicación que su gobierno evalúa el retiro de la concesión del control del vital líquido a la empresa Concesiones Integrales, propietaria de Agua de Puebla Para Todos, para la regulación de este servicio en los hogares de la capital del estado.

“Ese es un asunto [que] Miguel Barbosa, [y yo] ya hemos hablado (...), estamos trabajando de manera conjunta y si es necesario y hace falta apoyo de la Federación, el Gobierno del estado cuenta con nosotros. Siempre va a tener el apoyo de la población de este importante estado que es de los estados más productivos, progresistas, de gente buena, de gente trabajadora. Entonces, el presupuesto federal está disponible para el Gobierno de Puebla”, sentenció el presidente.

PRIVATIZACIÓN EMPEZÓ HACE UNA DÉCADA

Tal como informó previamente El Sol de Puebla, el comienzo de la privatización sucedió en 2012, cuando el Poder Legislativo local reformó la Ley del Agua para el Estado dejando la puerta abierta para que sociedades privadas asumieran el control de este servicio.

En consecuencia, en 2013, el Cabildo liderado por Eduardo Rivera Pérez –cuando fue alcalde por primera vez–, aprobó que el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) permitiera concesionar el agua en la ciudad; a la par lo hicieron los municipios de Amozoc, Coronango, Cuautlancingo, Juan C. Bonilla, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Ocoyucan, Tlaltenango y Xoxtla.

Fue en mayo de 2014 cuando Concesiones Integrales inició oficialmente sus operaciones en esas demarcaciones. De acuerdo con versiones periodísticas, en ese momento el padrón de usuarios era de 2 millones y la infraestructura tenía un valor de 5 mil 890 millones de pesos. Además de ello, la empresa recibió cerca de 159 millones de pesos en material y en efectivo, que eran parte de las instalaciones de Soapap tan sólo en Puebla capital.

La concesión fue otorgada a la par que Rafael Moreno Valle fue gobernador de Puebla y se dio por 30 años. Esto quiere decir que Agua de Puebla para Todos tiene permiso para controlar el servicio hídrico en la zona metropolitana hasta 2044.

UNA RESPONSABILIDAD DESCONOCIDA

Es importante mencionar que, el tópico no es nuevo para los políticos poblanos. Fue el mismo Barbosa Huerta quien anunció como candidato a la gubernatura en 2018 y 2019, respectivamente, que de llegar al poder, la concesión de Agua de Puebla sería revisada, e incluso propuso en su momento revertir ese procedimiento que inició en tiempos de Moreno Valle.

Inicialmente, en 2019 fue el ex diputado local Gabriel Biestro quien resaltó que el Congreso de Puebla carece de los elementos necesarios para revocar la concesión a dicha compañía, pues refirió en ese entonces que el contrato lo hizo un órgano descentralizado del Ejecutivo y no el Legislativo.

En entrevista con el portal e-consulta, el legislador explicó que ante esa negativa de los diputados, tendría que ser facultad del Ejecutivo realizar las gestiones necesarias, pues la concesión inicialmente se otorgó a través del Soapap, un organismo descentralizado del gobierno estatal.

El único intento que el diputado emanado de Morena realizó junto a su compañera Nora Merino, congresista local por el Partido del Trabajo (PT), fue una iniciativa que ambos presentaron ese mismo año y que se aprobó en marzo de 2020. La propuesta presentada ante el pleno de la LX Legislatura enmarcó que Agua de Puebla no podría suspender el servicio hídrico, por razones de falta de pago, siempre y cuando se trate de un domicilio que no exceda el gasto de 300 litros por día.

Un año después, en marzo de 2021, Merino declaró a El Sol de Puebla que revocar la concesión no era un tema sencillo, al menos no para el Congreso de Puebla.

“Podríamos revertirlo como muchos han dicho que se puede hacer, de fácil, cuando la realidad es que al revertirlo de esa manera lo único que vamos a ocasionar es una crisis en materia de agua en la zona donde llega Agua de Puebla. Vamos a ocasionar un tema jurídico muy importante que va a repercutir en el Congreso y el Ejecutivo”, expuso.

De ahí, quien igual externó sus voluntades pero tampoco pudo materializarlas, fue la también militante de Morena y ex alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco. En diferentes ocasiones, la ex presidenta refirió que la responsabilidad de revertir el permiso a Concesiones Integrales, correspondía íntegramente al Poder Legislativo local.

Pese a ello, durante su tercer y último informe de gobierno, presumió que su administración dejó como legado “condiciones inmejorables” para concretar la reversión del permiso que Agua de Puebla tiene en la capital del estado, por lo que dejó esa responsabilidad ahora al gobierno entrante de Rivera Pérez.

ES UNA DEMANDA CIUDADANA

Finalmente, vale la pena recordar que, el pasado 22 de marzo, en plena conmemoración del Día Mundial del Agua, una multitud de usuarios de Concesiones Integrales se congregó en el zócalo de la ciudad de Puebla con el objetivo de denunciar que la compañía ha realizado cobros excesivos y brindado un mal servicio, entre otras prácticas.

Esta casa editorial conoció los testimonios de al menos un quinteto de personas, quienes refirieron que en sus colonias, especialmente las del norte y sur de la capital, reciben el producto de forma intermitente y escasa, por lo que en ocasiones requieren contratar pipas privadas.

De forma preliminar el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, puso sobre la mesa la posibilidad de evitar que Concesiones Integrales, propietaria de Agua de Puebla Para Todos, deje de controlar el suministro hídrico en la capital del estado: "Pronto habrá noticias muy fuertes sobre el tema de la concesión del agua, mi gobierno no va a ser aquel que lastime a la gente".

Sin ahondar todavía en detalles, el titular del Ejecutivo estatal declaró que su gobierno evalúa el retiro de la concesión que permite a esa compañía el control del vital líquido en la capital del estado, para que sea el gobierno municipal quien se encargue de la administración del servicio. La razón que dio fue que dicha sociedad privada hiere a la ciudadanía y aseveró que “el gobierno no será aquel que lastime a la gente”. Explicó que la distribución del agua potable en la ciudad debe ser asumida por el Ayuntamiento de Puebla, pues es así como lo establece la Carta Magna.

Lo anterior resonó después de que el pasado 5 de mayo, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, respaldó la iniciativa de la desprivatización del agua en la capital poblana. El mandatario federal admitió que la administración estatal cuenta con el apoyo, no sólo político sino también fiscal, del Gobierno de México. Fue así como el titular del Ejecutivo poblano, declaró este 11 de mayo ante medios de comunicación que su gobierno evalúa el retiro de la concesión del control del vital líquido a la empresa Concesiones Integrales, propietaria de Agua de Puebla Para Todos, para la regulación de este servicio en los hogares de la capital del estado.

“Ese es un asunto [que] Miguel Barbosa, [y yo] ya hemos hablado (...), estamos trabajando de manera conjunta y si es necesario y hace falta apoyo de la Federación, el Gobierno del estado cuenta con nosotros. Siempre va a tener el apoyo de la población de este importante estado que es de los estados más productivos, progresistas, de gente buena, de gente trabajadora. Entonces, el presupuesto federal está disponible para el Gobierno de Puebla”, sentenció el presidente.

PRIVATIZACIÓN EMPEZÓ HACE UNA DÉCADA

Tal como informó previamente El Sol de Puebla, el comienzo de la privatización sucedió en 2012, cuando el Poder Legislativo local reformó la Ley del Agua para el Estado dejando la puerta abierta para que sociedades privadas asumieran el control de este servicio.

En consecuencia, en 2013, el Cabildo liderado por Eduardo Rivera Pérez –cuando fue alcalde por primera vez–, aprobó que el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) permitiera concesionar el agua en la ciudad; a la par lo hicieron los municipios de Amozoc, Coronango, Cuautlancingo, Juan C. Bonilla, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Ocoyucan, Tlaltenango y Xoxtla.

Fue en mayo de 2014 cuando Concesiones Integrales inició oficialmente sus operaciones en esas demarcaciones. De acuerdo con versiones periodísticas, en ese momento el padrón de usuarios era de 2 millones y la infraestructura tenía un valor de 5 mil 890 millones de pesos. Además de ello, la empresa recibió cerca de 159 millones de pesos en material y en efectivo, que eran parte de las instalaciones de Soapap tan sólo en Puebla capital.

La concesión fue otorgada a la par que Rafael Moreno Valle fue gobernador de Puebla y se dio por 30 años. Esto quiere decir que Agua de Puebla para Todos tiene permiso para controlar el servicio hídrico en la zona metropolitana hasta 2044.

UNA RESPONSABILIDAD DESCONOCIDA

Es importante mencionar que, el tópico no es nuevo para los políticos poblanos. Fue el mismo Barbosa Huerta quien anunció como candidato a la gubernatura en 2018 y 2019, respectivamente, que de llegar al poder, la concesión de Agua de Puebla sería revisada, e incluso propuso en su momento revertir ese procedimiento que inició en tiempos de Moreno Valle.

Inicialmente, en 2019 fue el ex diputado local Gabriel Biestro quien resaltó que el Congreso de Puebla carece de los elementos necesarios para revocar la concesión a dicha compañía, pues refirió en ese entonces que el contrato lo hizo un órgano descentralizado del Ejecutivo y no el Legislativo.

En entrevista con el portal e-consulta, el legislador explicó que ante esa negativa de los diputados, tendría que ser facultad del Ejecutivo realizar las gestiones necesarias, pues la concesión inicialmente se otorgó a través del Soapap, un organismo descentralizado del gobierno estatal.

El único intento que el diputado emanado de Morena realizó junto a su compañera Nora Merino, congresista local por el Partido del Trabajo (PT), fue una iniciativa que ambos presentaron ese mismo año y que se aprobó en marzo de 2020. La propuesta presentada ante el pleno de la LX Legislatura enmarcó que Agua de Puebla no podría suspender el servicio hídrico, por razones de falta de pago, siempre y cuando se trate de un domicilio que no exceda el gasto de 300 litros por día.

Un año después, en marzo de 2021, Merino declaró a El Sol de Puebla que revocar la concesión no era un tema sencillo, al menos no para el Congreso de Puebla.

“Podríamos revertirlo como muchos han dicho que se puede hacer, de fácil, cuando la realidad es que al revertirlo de esa manera lo único que vamos a ocasionar es una crisis en materia de agua en la zona donde llega Agua de Puebla. Vamos a ocasionar un tema jurídico muy importante que va a repercutir en el Congreso y el Ejecutivo”, expuso.

De ahí, quien igual externó sus voluntades pero tampoco pudo materializarlas, fue la también militante de Morena y ex alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco. En diferentes ocasiones, la ex presidenta refirió que la responsabilidad de revertir el permiso a Concesiones Integrales, correspondía íntegramente al Poder Legislativo local.

Pese a ello, durante su tercer y último informe de gobierno, presumió que su administración dejó como legado “condiciones inmejorables” para concretar la reversión del permiso que Agua de Puebla tiene en la capital del estado, por lo que dejó esa responsabilidad ahora al gobierno entrante de Rivera Pérez.

ES UNA DEMANDA CIUDADANA

Finalmente, vale la pena recordar que, el pasado 22 de marzo, en plena conmemoración del Día Mundial del Agua, una multitud de usuarios de Concesiones Integrales se congregó en el zócalo de la ciudad de Puebla con el objetivo de denunciar que la compañía ha realizado cobros excesivos y brindado un mal servicio, entre otras prácticas.

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