Funcionarios y exfuncionarios del gobierno del estado estuvieron involucrados en la incitación a la protesta realizada la noche del martes a las afueras del CIS de Angelópolis, señaló el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, tras el cierre de por casi 12 horas de la vía Atlixcáyotl.
En conferencia de prensa, el mandatario lanzó un mensaje a quienes, aun trabajando en el gobierno, participaron en estos hechos, al decir que no permitirá que la estructura del Estado se utilice como herramienta política. No obstante, vale la pena señalar que el gobernador no mencionó nombres.
Por otro lado, refirió que hubo personas ajenas a la entidad que participaron e invitaron a la protesta. Así, criticó que dichos sujetos hayan puesto a pelear a la población.
Inclusive, el mandatario mencionó que él mismo fue víctima de agresiones por parte de algunos manifestantes, pues señaló que se amenazó con ir a la residencia donde él vive con su familia. Expuso que el gobierno estatal está dispuesto al diálogo, pero en los recintos oficiales y bajo los procesos que la ley establece.
Habrá acciones legales contra responsables de bloqueo
El derecho a manifestarse está garantizado en Puebla, advirtió el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, al referir que no se criminalizará a quienes protestaron contra los casos de maltrato animal en la entidad, sin embargo, reconoció que habrá acciones legales contra quien resulte responsable por la obstrucción de una vía estatal, toda vez que se suscitó un siniestro vial.
En rueda de prensa convocada esta tarde, el mandatario estatal dio a conocer que la manifestación que comenzó ayer por la noche y se alargó hasta las primeras horas del miércoles culminó sin contratiempos, toda vez que quienes participaron en la movilización se retiraron del lugar antes de que se fuera utilizar la fuerza pública.
Expuso que la Policía Estatal ya había recibido la orden de retirar a los manifestantes de la Vía Atlixcáyotl, pues, de seguir ahí, las personas hubiesen provocado varias afectaciones al tránsito local, que está compuesto por ciudadanos que se dirigen a sus centros de trabajo, estudio, etcétera.
Céspedes Peregrina destacó que su administración permitió la realización de la protesta, toda vez que se trata de un derecho ciudadano, sin embargo, expuso que la forma en cómo se desarrolló la misma constituyó una serie de riesgos para los manifestantes y los automovilistas que circulaban por ahí.
Un ejemplo de ello fue el incidente de tránsito que se presentó en el lugar, donde un vehículo se impactó contra otras unidades que fueron colocadas como barreras de contención por los propios manifestantes.
A propósito, señaló que, a consecuencia de ese siniestro, se actuará en consecuencia contra quienes resulten responsables, toda vez que el hecho ocurrió sobre una vía de jurisdicción estatal que, legalmente, debe ser protegida por el gobierno del estado.
Iniciativa para reforzar acciones ya está en el Congreso
Del mismo modo, el titular del Ejecutivo local recordó que su administración envió al Congreso local una propuesta para que se obligue a los ayuntamientos de la entidad a contar con sus respectivas unidades de Bienestar Animal.
Refirió que el gobierno estatal ya envió dicha propuesta al Poder Legislativo, sin embargo, es responsabilidad de esta institución dar análisis y trámite a la misma. Además, refirió que activistas animalistas tienen la oportunidad de enriquecer esta iniciativa, toda vez que todas las leyes son perfectibles.
A propósito, recalcó que es importante que cada autoridad asuma su responsabilidad, pues acotó que el gobierno estatal no es el único ente que participa en la atención de delitos e impartición de justicia.
Por parte de su administración, refirió que varias dependencias, principalmente la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (Smadsot), ya fueron instruidas a redoblar esfuerzos para afrontar esta crisis de violencia contra animales. También defendió que se aumentará la cantidad de activistas que son atendidos por autoridades.
Ayuntamientos serán invitados a ser capacitados
Por otro lado, pidió a la Secretaría de Gobernación (Segob) que convoque a las y los alcaldes de los 217 municipios para que reciban capacitación en esa materia, especialmente para que implementen sus unidades de Bienestar Animal y sus policías estén mejor capacitados para atender casos de maltrato contra la fauna.
Señaló que, como parte de la autonomía que cada institución posee, el Poder Ejecutivo está incapacitado de obligar a los organismos judiciales y ministeriales, así como a los ayuntamientos, a emprender acciones específicas, pues ello implicaría irrumpir esa autonomia.
Incluso señaló que las secretarías de su gabinete son responsables de atender las peticiones que en su momento realicen ante sus titulares, pues dijo que él ya tiene suficientes responsabilidades al interior del estado como para atender quejas que escalaron por un mal tratamiento y contención de las mismas.
Céspedes Peregrina negó que la protesta se haya politizado, pues aclaró que hubo peticiones legítimas. Sin embargo, recomendó a los manifestantes que participaron en ella que analicen si no fueron utilizados por alguna persona para realizar dichas acciones.
Cabe recordar que, además de asociaciones animalistas, uno de los principales precursores de la manifestación del martes a las afueras del CIS de Angelópolis fue el influencer Arturo Islas Allende.
En su última aportación sobre el tema, el mandatario estatal señaló que los casos de maltrato animal se han detonado por la descomposición social. Por ello, manifestó que la prevención y atención de estos casos no corresponde solamente a las autoridades, sino también a la ciudadanía y los activismos que legítimamente defienden estas causas.
Finalmente, el secretario de Gobernación (Segob), Javier Aquino Limón, reveló que esta mañana se reunió con una serie de activistas animalistas en Puebla. Refirió que estas personas no representan a todo el sector de organizaciones, pero señaló que con quienes pudo entablar diálogo se manifestó el deseo de colaborar con el Estado poblano para hacer cumplir la ley en los casos de violencia animal.
