Hoy, en una asamblea a realizarse a las 9:00 horas en San Miguel Canoa, los vecinos de esta junta auxiliar prácticamente oficializarán la integración de policías comunitarias con las que buscarán hacerle frente a la delincuencia que azota a esta zona de la capital poblana y que esta semana cobró la vida de dos personas.
El Ayuntamiento de Puebla anunció que, a través de las secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, implementará de manera inmediata mesas de trabajo en conjunto con el edil auxiliar, Raúl Pérez, para buscar una solución a sus peticiones en materia de seguridad, además prometió recorridos con el Ejército Mexicano bajo el esquema de Bases de Operaciones Mixtas Urbanas (BOMU’s).
Y es que, en su edición de ayer 1 de diciembre, este medio de comunicación informó que el alcalde subalterno advirtió que este fin de semana se establecerán policías comunitarias para vigilar quién entra a la comunidad indígena ya que acusó que hay incapacidad de la SSPTM para combatir la delincuencia, lo anterior a propósito del asesinato de dos hombres en Canoa para robarles 3 millones de pesos.
Tal es el grado de inseguridad en esta junta auxiliar que, según cuentan los vecinos, la noche del viernes iba a ser linchado un supuesto ladrón originario de San Pablo del Monte, Tlaxcala, quien al parecer se estaba robando unas palas de unas viviendas que se encuentra a tan solo 300 metros de donde unas horas antes se habían perpetrado los asesinatos.
Este medio de comunicación hizo ayer un recorrido por dicha junta auxiliar y pudo constatar que pese a esta situación de inseguridad, no había ni una sola patrulla ni elementos de seguridad de la SSPTM. Incluso a un lado de la presidencia auxiliar, justo a fuera de la ludoteca, un grupo de jóvenes se estaba drogando a plena luz del día.
El Ayuntamiento que encabeza Claudia Rivera dio a conocer, mediante un comunicado que difundió a través de Twitter la Secretaría de Gobernación Municipal, que se reforzarán y darán seguimiento a las acciones que se realizan en las 17 juntas auxiliares para coadyuvar en las labores de vigilancia, prevención del delito y reacción policial.
“Cabe señalar que, en materia de prevención y en lo que va del año, se han llevado a cabo diversas jornadas escolares, de proximidad social y conformación de Comité de Colono Alerta, beneficiando alrededor de cuatro mil 200 personas que habitan San Miguel Canoa”, dice la misiva.
En el documento la Comuna acusa que el Ministerio Público, representado por la Fiscalía General del Estado (FGE), ha incumplido con su obligación constitucional al violentar los derechos de los familiares de los dos varones asesinados, pues señaló que deben de recibir asesoría jurídica, ser informados de los derechos que en su favor establece la Constitución, del desarrollo del procedimiento penal, y de ser necesario atención médica y psicológica.
