La coordinadora del Partido del Trabajo (PT), Nora Merino Escamilla, presentó una reforma para buscar castigar hasta con 15 años de cárcel y una multa de más de 14 mil pesos la filtración de información de investigaciones en casos de violencia física o sexual, cadáveres o circunstancias de la muerte dónde estén involucradas mujeres, adolescentes y menores de edad.
Para ello, la legisladora retomó la denominada “Ley Ingrid”, que castiga la filtración de datos en medios de comunicación.
Es de mencionar que la iniciativa se originó a nivel federal luego de que el 9 de febrero de 2020 se registró el feminicidio de Ingrid Escamilla, una joven poblana de 25 años de edad que residía en la Ciudad de México junto a su pareja de 46 años. Las imágenes de su cuerpo desollado fueron filtradas a medios de comunicación y compartidas por redes sociales, lo que generó indignación entre la población.
En la propuesta presentada en la sesión del Pleno, la legisladora puntualizó que propone reformar el artículo 422 del Código Penal del Estado.
Merino Escamilla plantea castigar a quien por cualquier medio y fuera de los supuestos la ley, “fotografíe, videograbe, audiograbe, entregue, comparta, revele, envíe, exponga, transmita, difunda, publique, distribuya, comercialice o intercambie imágenes, audios, videos, documentos o información reservada del lugar de los hechos, del hallazgo, indicios o evidencia de personas que hayan sufrido violencia física o sexual, de cadáveres o parte de ellos o de las circunstancias de la muerte”.
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Las penas por este tipo de delitos en la procuración y administración de justicia irían de 4 a 10 años de prisión y una multa de 100 a 150 Unidades de Medida y Actualización, es decir, de los 9 mil 622 pesos a los 14 mil 433 pesos.
