Este día, el Poder Ejecutivo local presentará ante el Congreso de Puebla sus iniciativas a las leyes de Ingresos y Egresos para el 2023. La titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF), Teresa Castro Corro, informó que este presupuesto, de casi 120 mil millones de pesos, prevé la reducción del gasto en la burocracia y priorizará áreas como la seguridad pública, educación y salud; también aumentará recursos para los poderes Judicial y Legislativo.
Mediante su participación en la rueda de prensa matutina de hoy, la funcionaria a cargo del erario estatal dio a conocer que concluyó la planeación del gasto para el siguiente año, dejando un límite presupuestario de 119 mil 199.9 millones de pesos.
De esta cifra, el 48.8 por ciento, es decir, 58 mil 164.8 millones de pesos, está etiquetado para cubrir los gastos del llamado “Ramo 33”. Este apartado aglutina las necesidades públicas en materia de educación, salud, seguridad pública e infraestructura.
Ahí se incluyó el sostenimiento de las finanzas de cada uno de los 217 ayuntamientos, principalmente a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (Fortamun) y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). Por lo tanto, expuso que los municipios deberán repartirse, conforme a fórmulas específicas, un total de 11 mil 500 millones de pesos.
Apuntó además que el gasto destinado a la Secretaría de Educación Pública (SEP) será de los más robustos, pues en la iniciativa que enviará al Legislativo se proyectó una asignación de 35 mil 907.5 millones de pesos. A propósito, indicó que la operación del programa de Escuelas de Tiempo Completo, que fue asumido por el gobierno del estado en marzo pasado, está blindada con ese presupuesto.
Respecto a lo que ejercerá la Secretaría de Salud, se indicó que serán 12 mil 923 millones de pesos. Señaló que esta cifra representó un aumento del 62 por ciento respecto a lo que era destinado para dicha dependencia en gobiernos anteriores.
Por su parte, se prevé que 4 mil 085 millones de pesos sean suficientes para solventar las necesidades de seguridad pública en el territorio estatal.
Asimismo, Castro Corro reveló que los apoyos al campo poblano, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) serán atendidos con mil 400 millones de pesos los cuales, resaltó, son recursos estatales completamente. Mientras tanto, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif) tendrá una asignación idéntica.
En relación al monto que percibirá el Poder Judicial, la funcionaria hizo hincapié en que dicha asignación no ha sido establecida todavía debido a que aún no se concluye la planeación del gasto conforme a la reforma propuesta por el gobernador Miguel Barbosa Huerta y aprobada por el parlamento poblano a dicha rama gubernamental. Sin embargo, detalló que hay una previsión de más de mil 450 millones de pesos, lo cual representa un aumento del 61 por ciento respecto a lo asignado un año atrás.
También, la Fiscalía General del Estado (FGE) contará con un tope presupuestario de mil 500 millones de pesos.
Puebla no contraerá deudas, asegura el mandatario
Por su parte, el titular del Ejecutivo local insistió en que no fue necesaria la adquisición de deuda para la elaboración de este presupuesto, pues coincidió con Castro Corro en que el monto del ingreso es directamente proporcional al del egreso, por lo cual no ejercerá una alteración a las finanzas públicas.
“Es una presentación con un equilibrio financiero (...) sin ninguna fuente de financiamiento derivada de deuda. Vamos a terminar nuestro gobierno sin la contratación de un peso de deuda, ni en la banca de desarrollo ni en la banca comercial”, indicó Barbosa Huerta
Sin embargo, esto no implica que el Estado poblano no cuente con obligaciones financieras pendientes, pues, a decir de la titular de la SPF, deben solventarse, para el siguiente año, los gastos de las llamadas Asociaciones Público Privadas (APP) que fueron adquiridas durante sexenios pasados.
Estas obligaciones representarán un costo al erario de 2 mil 500 millones de pesos. Los principales recipientes de este recurso son Volkswagen, Audi, así como el sistema de Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) y los Centros Integrales de Servicios (CIS).
Asimismo, Castro Corro reveló que la proyección financiera que elaboró tiene contemplado un aumento salarial al magisterio, similar al ocurrido este año. Por lo tanto, refirió que el gobierno estatal tiene una previsión de casi mil 500 millones de pesos, no obstante, el aumento es decidido por la Federación y, en caso de que éste sea mayor a esa cifra, puede haber una “presión financiera”.
Finalmente, la secretaria achacó que el presupuesto hecho por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se encuentra muy “comprometido”, lo que implica que los recursos de libre disposición que se destinan a la entidad federativa se ven muy limitados, pues antes que todo el estado debe cumplir con los convenios federales, así como pago de pensiones, entre otros, y, después, puede trabajar sus propios designios con el capital restante.
“Desafortunadamente la tendencia de la recaudación [está] muy por debajo de lo que a veces es el propio crecimiento del gasto y, además, tenemos muchas obligaciones, muchos compromisos, una serie de rigidez que nos impide, quizá, generar nuevos proyectos, sin embargo (...) se hace una optimización de recursos para ir generando proyectos que, en este equilibrio, nos generen un mayor costo-beneficio, mayor productividad y mayor impacto social”, remató.
