Sin duda, los nombres de Mario Marín, Kamel Nacif y Lydia Cacho significan un antes y un después en la historia de la política y el priismo en Puebla, pues incluso de un suceso que involucró a estos personajes surgió el sobrenombre del “Gober precioso”, el cual posicionó a la entidad y al entonces mandatario en el centro de las portadas nacionales por un supuesto caso de tortura contra la periodista.
Y es este 14 de febrero que se rememoran 18 años de que comenzó toda la trama que hasta la actualidad sigue abierta, con procesos pendientes para los involucrados e incluso algunos de ellos aún en libertad, por lo que aquí te presentamos un recuento de lo sucedido en el también llamado caso Marín-Cacho que llevó a que un exgobernador poblano se encuentre tras las rejas.
¿Qué detonó el caso Marín-Cacho?
Todo comenzó en el mes de octubre del 2003, cuando la periodista se dio a la tarea de investigar una serie de denuncias de un grupo de niñas y mujeres en contra de Jean Succar Kuri, alias “El Johny”, por los delitos de violación, abuso sexual de menores y pornografía infantil, los cuales lograron ser comprobados, aunque pese a una orden de aprehensión en un primer momento, el también empresario logró escapar.
Fue a raíz de estas investigaciones que Cacho Riberio se acercó a las víctimas para comenzar a confeccionar su obra “Los demonios del Edén”, en el que dejaba al descubierto toda una trama que involucraba a políticos y empresarios en los delitos antes mencionados, por lo que no tardaron en llegar las primeras amenazas de muerte en contra de la también escritora, pese a lo que continuó con su trabajo, mismo que fue publicado en abril de 2005.
Cronología del caso Marín-Cacho y sus “Demonios del Edén”
La publicación de esta obra detonó que el 16 de diciembre del 2005 Lydia Cacho Riberio fuera detenida por la entonces policía judicial de Puebla en la ciudad de Cancún, acusada de calumnia y difamación, para ser trasladada por vía terrestre, además de sufrir distintas agresiones calificados como tortura durante el trayecto de mil 500 kilómetros, lo cual terminó con su puesta en libertad tras pagar una fianza de 70 mil pesos.
Posteriormente el 22 de diciembre del mismo año la escritora presentó a su defensa en el juzgado Quinto de lo Penal de Puebla, pero un día después la jueza Rosa Celia Pérez González dictó el auto de formal prisión contra Cacho Ribeiro por los delitos antes mencionados, sin embargo, la también activista evita pisar la cárcel por contar con libertad bajo caución.
Para el 17 de enero del 2005 la periodista resulta exonerada por el delito de calumnia, esto luego de una apelación presentada por su defensa ante el Tribunal Superior de Justicia del estado de Puebla, luego de lo que el tema se apagó por el resto del año, hasta que el 20 de enero, pero del 2006, el Tribunal Superior de Justicia estatal da la razón jurídica a Lydia Cacho sobre una incompetencia y traslada su juicio a Cancún, Quintana Roo.
Pero el caso dio un giro el 14 de febrero del mismo año, pues el periódico local La Jornada de Oriente reveló una serie de grabaciones telefónica entre el empresario poblano Kamel Nacif Borge y el entonces gobernador de la entidad Mario Marín Torres, en las cuales fue evidenciada la colusión de ambos personajes en el proceso que vivió la periodista desde su detención.
Dentro de la llamada que fue recuperada de las sábanas telefónicas de Casa Puebla, residencia oficial del gobernador, ambos abordan las represalias que harían caer sobre Cacho Ribeiro con un lenguaje altisonante y siempre resaltando la presencia de amistades y contactos que intervendrían en la operación, surgiendo el sobre nombre del “Góber Precioso” luego de que Nacif le “reconociera” su actuar por el que incluso promete enviarle un par de botellas de coñac.
Aunque esta no fue la única llamada revelada, pues también surgieron algunas grabaciones con autoridades judiciales, el exmandatario y la entonces procuradora de justicia de Puebla, Blanca Laura Villeda, además de que figura el nombre de “Juanito” Nakad Bayeh como el orquestador de las amenazas de golpes y violación de las que fue víctima Lydia Cacho en la cárcel.
Tal fue la relevancia que tomó el tema, que el 26 de febrero de, 2006 más de 40 mil personas marcharan en la capital del estado para exigir la renuncia del mandatario y un mes después, el 13 de marzo del 2006, Cacho Ribeiro denunció ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) a Mario Marín, Kamel Nacif, Blanca Laura Villena, Rosa Celia Pérez González los policías judiciales, “Juanito” Naked y quien resulte responsable, por los delitos de abuso de autoridad, cohecho, ejercicio indebido del Servicio Público, tráfico de influencias, colusión de servidores públicos, tortura, tentativa de violación y lo que resulte.
Por su parte, diputados y senadores solicitaron por escrito a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el entonces gobernador poblano fuera investigado, así cómo a los responsables del Poder Judicial por violaciones en los Derechos Humanos y las garantías individuales, mientras que Amnesty Internacional, el Comité para la Protección de Periodistas, la OMCT y más de 40 organizaciones no gubernamentales decidieron respaldar a la petición para la investigación.
Incluso, durante su campaña como candidato a la presidencia de México, especialmente durante una visita a Puebla, Felipe Calderón Hinojosa prometió emprender un juicio político contra Marín Torres.
Durante el mes de abril del 2006 diversos fueron los acontecimientos que marcaron el caso, pues el día 4 el juez magistrado para el distrito de Arizona, David K. Duncan anunció la extradición a México del empresario libanés, Jean Succar Kuri, mientras que el día 6 Lydia Cacho amplió su denuncia en contra el gobernador de Puebla, además de añadir pruebas de un presunto peculado.
Y fue tan sólo un día después que la SCJN recibió las copias de los expedientes de diversas dependencias que habían trabajado sobre el caso de la escritora, lo que permitió que el 17 de abril la mayoría de los ministros se manifestaran a favor de investigar la presunta violación de las garantías individuales de Lydia Cacho por parte del gobernador poblano.
Para posteriormente el 18 de abrir elegir en el pleno atraer la investigación en contra del priista, a través de una comisión formada por magistrados sobre lo que consideraron como "violaciones graves", mientras que el 16 de mayo Kamel Nacif compareció ante la PGR, por la denuncia presentada en su contra, aunque se negó a dar declaraciones ante la prensa y el Ministerio Público.
Para el 5 de julio se logra la extradición a México de Jean Succar Kuri y su trasladado al penal de Cancún, en tanto que el 3 de agosto fue robado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el expediente del caso Lydia Cacho, por lo que el organismo decidió presentar una denuncia penal, además de que el 9 de septiembre atrajo el caso de la activista.
Diez días después de esta determinación, la SCJN realizó una audiencia pública en la que con siete votos a favor y tres en contra, determinó ampliar las investigaciones sobre la violación de derechos sufrida por la periodista, esto tras la ponencia realizad por el ministro Guillermo Ortiz, mientras que el 28 de septiembre la PGR consignó a cuatro personas al Reclusorio Preventivo Sur y a una al Consejo Tutelar de Menores por el robo de una computadora con información sobre el caso.
Para el día 29 del mismo mes, se llevó a cabo el primer careo entre la periodista Lydia Cacho y el empresario Kamel Nacif, aunque el 2 de octubre un juez penal del fuero común, con sede en Cancún, Quintana Roo, se declara incompetente para conocer y desahogar el juicio iniciado contra la periodista Lydia Cacho, pues considera que los hechos que presentó en su contra Kamel Nacif sucedieron en la Ciudad de México, pues ahí se editó y distribuyó el libro "Los demonios del edén".
Este hecho genera que las acusaciones en contra de Lydia Cacho den un giro, pues el 2 de enero el empresario Kamel Nacif termina por perder definitivamente la batalla jurídica, luego de que un juez de lo penal en el Distrito Federal sobreseyó la causa penal por difamación contra la periodista, por lo que la sentencia quedó y librando de todo cargo penal a la señalada, lo cual fue ratificado el 14 de febrero por el juez Lorenzo Medina.
Durante unos meses el caso nuevamente se apaga mediáticamente, hasta que el 26 de junio Mario Marín logró aplazar de forma indefinida, la revisión del informe de la comisión investigadora encabezada por el ministro Juan Silva Meza, pues esta comprobaba la comisión de violaciones graves a las garantías de la periodista, pero en noviembre del mismo año con seis votos a favor se desechó del dictamen final del caso el tema de las redes de pederastia y pornografía infantil en México.
Después de esto los ministros de la SCJN resolvieron que no existió una conspiración entre el gobernador de Puebla y el empresario para violar las garantías individuales de la comunicadora, además de determinar que la transgresión a sus derechos no fue grave e incluso el caso podía ser resuelto en otras instancias, tras lo que Lydia Cacho aseguró que el Estado fue utilizado para acallar un caso de pornografía infantil, permitiendo que triunfara la impunidad y la corrupción.
Luego de lo sucedido el tema desapareció del escenario mediático por varios años, hasta que 2 de agosto del 2018 el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) resolvió la existencia de una serie de violaciones a los derechos humanos de Lydia Cacho, por lo que incluso pidió procesar, juzgar y castigar con penas adecuadas a los responsables.
Esto generó que el 10 de enero del 2019 el Estado mexicano ofreciera una disculpa pública a la periodista Lydia Cacho por tortura, discriminación en razón de género y las acciones que le impidieron acceder a la verdad y la justicia, mientras el que el 11 de abril del mismo año el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Distrito con sede en Cancún, Quintana Roo giró un orden de aprehensión en contra de Marín Torres, Kamel Nacif, Hugo Adolfo Karam, Juan Sánchez Moreno y Juan Nakad.
Posteriormente el 4 de abril del 2020 Cacho indicó que en medio de la pandemia de coronavirus el exmandatario había solicitado un amparo para evitar su detención, mientras que el 10 de julio del la FGR solicitó al gobierno de Líbano la extradición de Kamel Nacif, además de que la periodista aseguró meses después que dos jueces federales en Puebla ordenaron el descongelamiento de las cuentas bancarias del exgobernador y el empresario, por lo cual contaban con 800 millones de pesos para poder esconderse.
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En noviembre del 2020 el gobernador Miguel Barbosa suspendió la notaría 53 a nombre del ex mandatario, mismo mes en el que el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito en Cancún, Quintana Roo, canceló las órdenes de aprehensión en contra de los sujetos buscados, esto por un amparo, pero el 3 tras revisar nuevamente el caso la magistrada del Primer Tribunal Unitario, María Elena Suárez Préstamo volvió a girar las órdenes de captura.
Aunque el 8 de diciembre del 2020 obtuvo su libertad el primer detenido por el caso Lydia Cacho, el excomandante, José Montaño Quiroz, esto tras cumplir su sentencia de cinco años y tres meses, el 3 de febrero fue capturado Mario Marín, en Acapulco, Guerrero, en casa de su hermana, para ser trasladado e ingresado a un penal en Cancún, Quintana Roo, donde fue requerido por la juez.
Si bien a lo largo del 2021 se habló de la detención en Líbano del empresario Kamel Nacif esto no pudo ser corroborado, aunque si existieron diversos amparos para evitar la acción de la justicia, además de que tampoco se ha podido concretar su extradición a México, mientras que Adolfo Karan fue puesto tras las rejas y vinculado a proceso en julio del año 2023-.
Finalmente, lo último que aconteció en el caso es que pese a los amparos, en agosto del 2023 se determinó que el expriista Mario Marín Torres seguirá su proceso tras las rejas, sin que en lo que va de este 2024 exista algún avance al respecto del tema, aunque la periodista Lydia Cacho se mantiene
