Con recelo sobre su incidencia delictiva, fue como se mantuvieron los ayuntamientos de Ajalpan, Tepeaca, Tecamachalco y Quecholac, pues, de acuerdo con el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado de Puebla (Itaipue), todos ellos informaron de forma parcial cuántos eventos relacionados a la ilicitud atendieron durante el presente año.
Para los gobiernos municipales previamente mencionados, encabezados por Sergio Sandoval Paniagua (Partido Acción Nacional, PAN), José Huerta Espinoza (Morena), Ignacio Mier Bañuelos (Morena) y José Alejandro Martínez Fuentes (Pacto Social de Integración, PSI), respectivamente, dar a conocer el número de delitos cometidos en sus territorios fue una tarea irrealizable, al menos no de forma adecuada.
La determinación fue hecha por el Pleno del órgano garante, que actualmente es presidido por Francisco Javier García Blanco e integrado por las comisionadas Harumi Fernanda Carranza Magallanes y Rita Elena Balderas Huesca.
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En su sesión ordinaria del pasado 5 de octubre, el Itaipue expuso la opacidad de dichas comunas y les ordenó resarcir su respuesta, esto con el objetivo de informar a la opinión pública sobre el número exacto de reportes vinculados a la delincuencia, que fueron atendidos por cada una y, además, deberán ordenarlo en una base de datos digital.
Por otro lado, quien también eludió la transparencia, sólo que en este caso el cuestionamiento ciudadano se focalizó en el pago del servicio de relleno sanitario, fue el municipio de San José Miahuatlán.
Otros Ayuntamientos se niegan a transparentar recursos públicos
Una conducta similar fue la que tuvo el ayuntamiento de Oriental, pues, tras recibir una solicitud de información para conocer los montos y comprobantes respecto a los recursos recibidos por la comuna, eludió responder conforme a la ley. No obstante, al tratarse de un tema relacionado al erario, el órgano garante dispuso que el sujeto obligado está facultado a proporcionar la información conforme a lo pedido. Sólo en caso de no contar con los datos, deberá rendir un informe a profundidad, el cual deberá ser analizado por el instituto.
En esa misma senda de la opacidad sobre el manejo de recursos públicos se ubicó al gobierno de San Pedro Cholula, dado que evitó proporcionar de forma completa las copias digitales de sus estados financieros correspondientes al último trimestre del año 2021.
Por su parte, los ayuntamientos de Tlaola, Chalchicomula de Sesma y Zihuateutla, fueron amonestados por el instituto debido a que no revelaron de forma explícita detalles sobre su plantilla de funcionarios, información que el Pleno del Itaipue consideró de carácter público.
Finalmente, se discutió también un peculiar recurso de revisión que recibió la Universidad Tecnológica de Puebla. Según obra en el expediente RR-1259/2022, una madre o padre de familia solicitó a la institución información sobre el desempeño académico así como un reporte disciplinario de su hijo. En este caso el sujeto obligado deberá rendir un reporte sobre si cuenta o no con el dato solicitado, sin embargo, éste debe estar apegado a lo establecido en la ley.
A la par, otros 12 recursos de inconformidad fueron sobreseídos por la tercia de comisionados.
