A diferencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Puebla, donde la integración paritaria de servidores públicos y representantes populares es obligatoria, la Ley Orgánica del Poder Judicial no exige cumplir con el principio de paridad de género, lo que se refleja en una inequitativa designación de las posiciones de primer nivel. Actualmente, más de la mitad de la estructura de este poder lo conforman hombres, quienes ostentan también el 77.2 por ciento del cargo más alto, como lo es ser magistrado, además de que en Puebla ninguna mujer ha ocupado la presidencia del Tribunal Superior de Justicia.
Aunque en 2020 el Congreso local aprobó el principio de paridad de género en todos los cargos de representación popular, en los tres poderes del Estado, así como en los órganos constitucionalmente autónomos, no lo hace efectivo con las autoridades que no se renuevan mediante procesos electorales, como es el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
La paridad es un principio por el que se promueve y garantiza la igualdad política horizontal y vertical entre mujeres y hombres a través de la asignación y designación del 50 por ciento de las posiciones a un género.
Desde la existencia del Poder Judicial, la presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Puebla ha estado a cargo de hombres.
A principios del siglo tuvo como presidente a Guillermo Pacheco Pulido.
Le siguieron León Dumit Espinal, David López Muñoz, Roberto Flores Toledano y Héctor Sánchez Sánchez, actual presidente, quien se reeligió de manera consecutiva en el cargo, ya que el primer periodo ejercido fue de 2018 a 2021 y el año pasado fue reelecto para permanecer hasta 2025, según marcan los estatutos de ese Poder del Estado.
En entrevista con EL SOL DE PUEBLA, el magistrado Héctor Sánchez reconoce que la paridad de género es una obligación constitucional y asegura que en el TSJ se ‘apegan’ a ello. Sin embargo, esto no es así.
Sobre el tema dice que actualmente hay dos vacantes para formar parte del Pleno del Poder Judicial y afirma que se privilegiará a las mujeres.
HOMBRES DESTACAN EN MAGISTRATURAS Y JUECES
En el caso de las 22 magistraturas que existen dentro del organismo, solo cinco son ocupadas por mujeres y 17 por hombres. De las siete presidencias de las salas especializadas en materia civil, penal y de justicia que hay, cinco son encabezadas por varones: la Primera Sala en Materia Penal y Primera Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia, liderada por el magistrado Arturo Madrid Fernández, y la Segunda Sala en Materia Civil, por José Bernardo Armando Mendiola Vega.
La Tercera Sala en Materia Penal es encabezada por el magistrado José Miguel Sánchez Zavaleta; la Cuarta Sala en Materia Civil, por el magistrado Elier Martínez Ayuso, y la Tercera Sala en Materia Penal y Séptima Unitaria de los Penal del TSJ, por el magistrado Raymundo Israel Mancilla Amaro.
En contraste, las únicas dos Salas a cargo de mujeres son la Primera Sala en Materia Civil, que está a cargo de la magistrada María de los Ángeles Camacho Machorro, y la Segunda Sala en Materia Penal y Sexta Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia, de Marcela Martínez Morales.
Los jueces con los que se cuenta en la entidad ascienden a 130. De estos, 80 son del sexo masculino y 50 del femenino, de acuerdo con la información publicada en la plataforma del Poder Judicial.
En tanto que el Consejo de la Judicatura, órgano administrativo del Poder Judicial, encargado de la administración, vigilancia, disciplina, selección y carrera judicial, debe ser integrado por el presidente y dos consejeros.
Este organismo también está conformado en su totalidad por hombres. Ahí figuran el presidente Héctor Sánchez, el magistrado Jared A. Soriano Hernández, presidente Comisión de Disciplina; así como Rafael Pérez Xilotl, director General de la Comisión Administrativa y Presupuesto del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial.
JUSTICIA CON OTRA MIRADA
De acuerdo con Claudia Alonso González, responsable del área de Género del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Ibero Puebla, la paridad de género es una acción necesaria, pues de esta manera se representa a poco más de la mitad de los habitantes en México, ya que los datos actualizados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía arrojan que este sector de la población es el 52 por ciento (66.2 millones), mientras que los hombres son el 48 por ciento (61.6 millones).
Especifica que, en el caso del Poder Judicial, la presencia de mujeres en posiciones de poder permite analizar casos con otra mirada.
“La llegada de mujeres al poder abre un panorama diferente al acceso de justicia, incluso incorporar temas que no habían sido considerados. Cuando un espacio de toma de decisiones no es diverso presenta un sesgo. La llegada de las mujeres permite trabajar con una mirada más amplia. Abre un panorama que no se había tomado en cuenta porque no estaban presentes”, resalta.
La catedrática de la Ibero añade que con la participación de este sector incrementa la posibilidad de trabajar con perspectiva de género.
“Sin duda la llegada de mujeres a puestos de poder incrementa la posibilidad de trabajar con perspectiva de género, pero esto tiene que ir de la mano con capacitación para ambos sexos”, comenta.
Por último, Alonso González reitera que aún quedan muchos pendientes en tema de paridad, pues persiste la resistencia para que los espacios de mayor poder se compartan.
“La paridad se da en un contexto contracultural, en donde aún continúa la ideóloga sobre los roles de la mujer en la sociedad y sin duda la resistencia en espacios de poder sigue vigente, por eso debemos de seguir trabajando para que más de la mitad de la población sea representada y tomada en cuenta”, finaliza.
VAN POR PARIDAD DE GÉNERO
Ante este panorama, el diputado local Fernando Morales Martínez, del partido Movimiento Ciudadano, ha presentado en el Congreso una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla para que haya paridad de género obligatoria en los cargos de magistrados y jueces.
El legislador plantea modificar el artículo 13 para que el Tribunal Superior de Justicia se integre de forma paritaria por magistrados y magistradas; el artículo 14 para que en la nominación de propietarios y suplentes de las magistraturas que son nombrados por el Congreso, a propuesta del gobernador, se observe el principio de paridad.
Además, reformar el artículo 22 para que la presidencia de ese Poder se designe observando el principio constitucional de paridad y sea rotativa para garantizar la alternancia de género, lo que consistiría en elegir un periodo a un hombre y sucesivamente a una mujer.
Asimismo, propone extender la paridad a la integración de los Juzgados de Oralidad Penal, en el cual el Consejo de la Judicatura seleccionaría a los titulares garantizando la paridad para lograr la igualdad sustantiva.
SOLO TRES ESTADOS CUMPLEN CON INTEGRACIÓN PARITARIA
A nivel nacional, el principio de paridad de género se cumplió en al menos tres entidades, uno de ellas fue Baja California, con un total de 108 magistrados y jueces que forman parte del Poder Judicial, de los cuales 54 son mujeres y 54 hombres, según el Censo Nacional de Impartición de Justicia 2021, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El estado de Campeche también cumple con ello, con un total de 55 magistrados y jueces varones y 56 mujeres desempeñando el cargo.
Querétaro es el tercer estado con paridad obligatoria desde la ley. Ahí hay 41 hombres y 44 mujeres.
No obstante, de los 31 estados existentes en el país -sin contar a Puebla-, seis otorgaron más espacios a personas del sexo femenino, sin estar obligados, mientras que los 22 restantes mantienen a más hombres dentro del PJ.
Las seis entidades federativas que integran más magistradas y juezas son Guanajuato, con 63 mujeres y 57 hombres; Hidalgo, con 63 mujeres y 57 hombres; Morelos, con 42 féminas y 31 varones; Tabasco, con 69 mujeres y 49 hombres; Yucatán, con 42 mujeres y 23 hombres, y por último Zacatecas, con 61 mujeres y 57 hombres.
En el caso de las zonas con más hombres en el poder destacan Chiapas, con 80 hombres y 41 mujeres; Ciudad de México, con 273 hombres y 156 mujeres; Guerrero, con 104 hombres y 71 mujeres; Jalisco, con 214 hombres y 93 mujeres; Michoacán, con 107 hombres y 56 mujeres; Nuevo León, con 83 hombres y 57 mujeres, y Sinaloa, con 94 hombres y 66 mujeres.
En tanto, en el pleno de los consejos de la judicatura estatales solo dos entidades del país cumplieron con la paridad de género, tal es el caso de San Luis Potosí y Tlaxcala, con 2 mujeres y 2 hombres, cada uno.
Campeche, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Veracruz y Yucatán se aproximan a ella. Cada uno tiene cinco espacios dentro del Consejo, de los cuales otorgaron tres a varones y dos a mujeres, cada uno.
Tabasco y Quintana Roo favorecieron al sexo femenino. Dieron dos espacios a varones y tres a mujeres, cada uno.
En contraste, Aguascalientes, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa y Tamaulipas ofrecieron mayor espacio a hombres que a mujeres dentro de sus Consejos de la Judicatura.
