En este 2023 ya se abrió la primera carpeta de investigación por el “delito” de aborto, lo que para activistas quiere decir que las autoridades siguen criminalizando la actividad. Esto se suma a que, por falta de quórum, este 22 de junio no se pudieron presentar dos iniciativas para despenalizar el aborto con una reforma al Código Penal y a la Ley Estatal de Salud para regular su acceso.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reveló que en los últimos cinco años se han abierto 17 carpetas de investigación por el “delito” de aborto, siendo el año 2020 el que más casos enlistó. Sin embargo, el secretariado no especifica el sexo del denunciado y si la persona que hizo la querella es un hombre en contra de una mujer o bien, fue en contra de un médico que realizó el acto.
El sistema de seguridad se limitó a dar las cifras, por ejemplo, el año 2019 cerró con cuatro carpetas por aborto, el 2020 que fue el año con más casos contabilizó seis, el 2021 fueron cinco hechos, y para el 2022 bajó a una sola indagatoria. Mientras que, en el periodo de enero a mayo de este año, sólo va una investigación.
La única carpeta de investigación que se abrió este año, se enlistó en marzo y correspondió al municipio de Amozoc. De acuerdo con el Secretariado, el bien jurídico que se afectó fue el de “la vida y la Integridad corporal”. Ante este panorama, activistas lamentaron que se siga criminalizando dicha actividad, peor aún, que no se transparente si una mujer fue la denunciada.
“Esto es algo que ya habíamos señalado en diversas ocasiones, basta ver los datos de incidencia delictiva que reporta la Fiscalía para reconocer que sí se están abriendo carpetas de investigación por el delito de aborto, aunque no lleguen a ser judicializadas, cosa que pasa con un gran porcentaje de delitos en nuestro estado, se puede evidenciar que sigue el contexto de criminalización sobre la práctica, pese a la sentencias de la SCJN sobre la inconstitucionalidad de la normas que penalizan de manera absoluta esta práctica y pese al amparo que recién ganamos organizaciones en contra de este delito”, opinó Natalí Hernández Arias, directora de CAFIS.
Explicó que esto puede deberse precisamente a que el código local se mantiene sin reformarse y que si, por ejemplo, una autoridad va a revisar el mismo, actualmente los artículos los artículos 339, 340, 341, 342 del Código Penal de Puebla, mantienen sanciones a esta práctica. Por otro lado, aunque los datos que expone el Secretariado no desglosan información sobre la persona acusada, se puede sospechar, que se podría tratar en su mayoría de casos de mujeres o personas gestantes, pues son quienes de manera directa se someten a esta práctica en un contexto que las estigmatiza y las criminaliza.
Asimismo, lamentó que este 22 de junio hayan faltado más de la mitad de los diputados cuando se iban a presentar iniciativas relativas al tema. “Resulta lamentable que se hayan ausentado y que esto no permitiera la presentación de las iniciativas para despenalizar el aborto, finalmente estas iniciativas ya están enlistadas y tarde o temprano tendrán que presentarse”, agregó.
Lo que también le preocupa a la activista, es que esta ausencia se trata de una práctica que se ha repetido en diversas ocasiones en esta y otras legislaturas, incluso en otros congresos.
