La violencia familiar sigue siendo uno de los delitos con más presencia en el estado y prueba de ello es que en los dos primeros meses del año se registraron mil 333 carpetas de investigación en todo el territorio, principalmente en el municipio de Puebla, Tehuacán, San Andrés Cholula y Amozoc.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reveló que la anterior cifra representa un alza, pues en el mismo periodo, pero del año pasado, se contabilizaron un total de mil 147 carpetas de investigación, es decir, 186 carpetas más para este 2023.
El último informe también señaló que las mil 333 carpetas para el año en curso se focalizaron principalmente en Puebla con un total de 408, en Tehuacán con 106, San Andrés Cholula con 58, Amozoc con 41, San Pedro Cholula con 60, Zacatlán con 42, Cuautlancingo con 38, Huejotzingo 31 y el resto de municipios con una cifra menor.
De los antes mencionados, Puebla, Tehuacán, San Pedro y San Andrés Cholula, Amozoc, Cuautlancingo y Huejotzingo cuentan con la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, lo que significa que sus ayuntamientos deberían tener medidas de prevención, seguridad y justicia para hacer frente a la violencia.
Hay que mencionar que este delito se registró en 95 de 217 municipios de Puebla y es uno de los que tiene más incidencia a nivel estatal y municipal. Incluso, sus cifras son más altas que los delitos de alto impacto como homicidios, pues a nivel estatal en enero y febrero sólo se contabilizaron 190 carpetas de investigación por asesinatos.
De acuerdo con el Código Penal del estado de Puebla, la violencia familiar es la agresión física, moral o patrimonial de manera individual o reiterada que se ejercita en contra de un miembro de la familia por otro integrante de la misma, con la afectación a la integridad física o psicológica o de ambas, independientemente de que puedan producir afectación orgánica.
A quien cometa el delito de violencia familiar, se le impondrán de dos a ocho años de prisión y multa de cincuenta hasta ciento cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de la comisión del delito; y estará sujeto a tratamiento integral para su rehabilitación por un tiempo que no rebase la sanción privativa de la libertad que se haya impuesto, así como la pérdida de la patria potestad, de los derechos hereditarios y de alimentos.
