Miguel Barbosa Huerta, gobernador del estado, adelantó que su administración buscará reforzar el sistema judicial mediante una reforma. Aunado a ello, instó a Héctor Sánchez Sánchez, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), a separar sus filias y afinidades políticas de su responsabilidad pública, para así asegurar la aplicación de la ley y evitar la preservación de privilegios.
Desde la óptica del mandatario, casos como el de Alfonso Siriako Guillén Almaguer, ex magistrado de la Primera Sala Unitaria del TSJ, quien es acusado por el desvío de más de 100 millones de pesos que, supuestamente, beneficiaron obras construidas durante el gobierno de Antonio Gali Fayad, evidencian la carente legalidad con la que algunos juristas desempeñan sus atribuciones.
Ahí lo que sucedió fue que un amparo federal determinó que ese caso tendría que ser revisado nuevamente, pero ahora por un jueza de control poblana. No obstante, este hecho evitó que Guillén Almaguer fuera vinculado a proceso, pues así lo estipuló la nueva togada que atrajo el expediente.
Para el titular del Ejecutivo, esa situación se constituye como un hecho cuestionable y “preocupante”, puesto que pone en riesgo la aplicación de la ley. Ante ello, exigió al titular del TSJ fortalecer el sistema judicial y vigilar que sus integrantes eviten ser partícipes de hechos de corrupción.
“Que no nos quieran dar una explicación, no a nosotros, a la sociedad, que no tiene que ver con la verdad, por favor (...) Para que quede clarito y entonces, pues es un asunto que preocupa, sin duda preocupa y ese no es el único asunto (...) Hay muchísimos casos. Ya no podemos seguir más sin quedarnos callados, de verdad que no, por bien de la sociedad y por bien del Poder Judicial”, señaló.
Aunado a ello, mencionó el caso de los jueces Lucio León Mata y Celestino Martínez Bones, quienes supuestamente hicieron uso indebido de sus funciones para beneficiar a Ramón N., hombre de 48 años acusado de abusar sexualmente de su hijastra, cuando ella tenía 14 años de edad, en el municipio de Huauchinango.
Exige Barbosa a Héctor Sánchez fortalecer sistema judicial
En ese contexto, Barbosa Huerta aseguró que aunque respeta y aprecia a Sánchez Sánchez, eso no lo exime de su responsabilidad de preservar la licitud de los funcionarios del Poder Judicial. Asimismo, señaló que los titulares de los tres poderes deben ser congruentes con la transformación que se vive en el estado.
“Cada quien tiene sus orígenes políticos y eso es perfectamente legal. Yo al presidente del [TSJ] le tengo reconocimiento (…) sus amistades, sus filias y pertenencias y a ver todos sabemos las relaciones públicas que sostiene (…) sabemos quiénes son, grandes amigos de Tony Gali, pero (…) ya no podemos seguir evadiendo una opinión que debe ser de responsabilidad”, apuntó.
Aunque evitó brindar más detalles sobre su iniciativa para reformar el sistema de impartición de justicia, admitió que el mismo debe fortalecerse pues aún existen juristas que se conducen con legalidad y eso es también una forma de reconocimiento al Poder Judicial.
Puebla, deficiente en acceso a la justicia
De acuerdo con el Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022, elaborado por el World Justice Project (WJP), la entidad poblana es la que posee las brechas más amplias de accesibilidad al derecho humano a la justicia.
Uno de los parámetros que considera el estudio es la justicia penal. En ese rubro, la calificación fue de 0.27, donde 1 era la cantidad más alta. A nivel nacional, Puebla tuvo el peor desempeño en esa categoría, pues las deficiencias más comunes fueron la ineficiencia de las investigaciones penales, así como la ausencia de fallos justos y eficaces.
Lo mismo ocurrió con la justicia civil, sólo que en este caso la puntuación fue de 0.33. Aquí, las penurias más bien fueron la constante imparcialidad de los jueces, corrupción, así como los altos costos del acceso a la justicia y la escasa ejecución de resoluciones, entre otras.
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A decir del maestro en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana, Simón Hernández León, la evaluación del WJP es poco alentadora, pues reconoció que en Puebla permean el escaso conocimiento sobre las garantías individuales y colectivas, así como la insuficiente accesibilidad a los servicios de representación jurídica de calidad para un gran número de personas.
“Hay un [escaso] conocimiento de los derechos de la ciudadanía en general (...) la justicia, solo si se tienen ciertas capacidades económicas, podrán tener mejores condiciones de acceso al sistema, pero la gran mayoría de la población mantiene una brecha, no solo de conocimiento, sino de garantía [en la impartición de justicia]”, subrayó en entrevista con El Sol de Puebla.
Por último, detalló que otra de las deficiencias de la autoridad ministerial, es que las detenciones se hacen con mayor frecuencia a las personas más precarizadas. Esto quiere decir que, en los presuntos delitos como posesión de drogas, las fuerzas del Estado suelen perseguir a personas jóvenes y marginalizadas, principalmente, mostrando las detenciones como cifras altas en el combate criminal, de forma sesgada.
