A Olga la asesinó su marido y aunque este confesó el crimen, el juez no le ha dictado una condena. La familia de la víctima cree que esto se debe a que el servidor público era pariente del victimario y que la justicia es lenta en Puebla, pues han pasado 10 años y, aunque permanece en la cárcel, sigue sin recibir sentencia por el feminicidio.
Si las reformas legislativas realizadas al Poder Judicial en los últimos meses se aplican de manera correcta, esto se podrá evitar en el futuro, pues unas modificaciones separaron al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y al Consejo de la Judicatura, dándole a este último la obligación de recibir todas las quejas ciudadanas y hacer las investigaciones correspondientes sobre el desempeño de los integrantes del Poder Judicial, mientras que otras pretenden relevar a jueces y magistrados que cometan irregularidades.
La aplicación de las mismas, sin embargo, fue puesta en entredicho por abogados y académicos, quienes consideran que se requerirá de mucha voluntad y deseos de emprender una auténtica transformación para desterrar las malas prácticas que padece ese Poder del Estado, entre ellas la corrupción.
De acuerdo con el magistrado presidente del Consejo de la Judicatura, Carlos Palafox Galeana, la división de estos dos entes, el Tribunal y el Consejo, beneficia a la impartición de justicia, como en este tipo de casos, pues si en el primero los ciudadanos ven anomalías, inmediatamente pueden acudir al área que él encabeza para que se investigue. Sin embargo, aceptó que no hay ninguna ley perfecta y no sabe en cuántos años se verán reflejados sus alcances, pues aún se tiene que capacitar a todo el personal y hacer que cumpla.
En tanto, especialistas en derecho y abogados litigantes consideraron que todas estas reformas “tienen buena fe”, ya que es necesario “desintoxicar” al Poder Judicial de las malas prácticas, pero, aunque el Congreso de Puebla y los 217 ayuntamientos ya las avalaron, hará falta mucha voluntad política de parte de los servidores para erradicar la corrupción que existe. Cuatro expertos entrevistados por este diario coincidieron en que los beneficios no se verán a corto plazo.
“No hay ninguna ley perfecta”: Palafox Galeana
En entrevista con este medio, Carlos Palafox Galena dijo que Puebla es la primera entidad en separar al Tribunal y al Consejo de la Judicatura, en donde cada uno tiene su propio presidente. Para él, esto es benéfico debido a que la justicia ya no recae en una sola persona, sino que otras áreas podrán intervenir para darle celeridad a los casos y para que el ciudadano ya no se sienta solo en el camino para exigir justicia.
“No puede ser una sola persona la que realiza ambas funciones. Adicionalmente sucede que quien es presidente del Tribunal Superior de Justicia lo es del Consejo de Judicatura y sucede así en la Corte, y repito, somos la primera entidad en donde no solamente están claramente divididas estas funciones, sino que existe prohibición y mandato constitucional para que sean personas diferentes las que se encarguen de las funciones jurisdiccionales de las funciones del gobierno del Poder Judicial”, comentó.
El último cargo de Palafox antes de ser presidente de la Judicatura fue como consejero jurídico del gobierno del estado. Como representante legal del Poder Ejecutivo tuvo la oportunidad de participar en la construcción de estas reformas. Al trabajar en estos cambios, antes de concretarlos, platicó con los encargados de impartir justicia y aseguró que la mayoría las ven con buenos ojos, pues quieren que se termine la mala imagen que se ha originado por los que sí son corruptos.
En su opinión, las últimas reformas que se hicieron al Poder Judicial tendrán varios beneficios. Puso como ejemplo el Instituto de Defensoría Pública, que era una dirección general que pertenecía a la Secretaría de Gobernación y ahora, gracias a la nueva legislación, es un Instituto de Defensoría Pública que pertenece al Poder Judicial, de manera que hoy existe apoyo por parte de defensores públicos hacia los ciudadanos que lo requieren.
Otro organismo creado a partir de las reformas es el Centro de Justicia alternativa, que depende del TSJ, que en su opinión es un área de oportunidades muy grande porque incita a resolver de “manera madura” los conflictos antes de que se judicialicen, no porque no quieran “recibirlos en el Poder Judicial”, sino porque es una opción más rápida, barata y sencilla de acceder a justicia a través de un mediador.
La Escuela Estatal de Formación Judicial, creada como consecuencia de las nuevas leyes, destacó, es una figura que busca profesionalizar a los servidores públicos y hacer un centro de investigación, así como capacitación para estudiosos de derecho. Lo mismo ocurre con el Centro de Convivencia Familiar, instaurado por la reforma, que será un espacio seguro para los menores de edad, en el que puedan convivir con los padres que no tienen la custodia.
Al preguntarle cómo verificarán que todo esto se aplique apegado a la ley, respondió que ya es una norma constitucional y que estarán rindiendo al Congreso mensualmente un informe. La otra forma para medir si esto sí se está llevando a cabo y no es una simulación, es que en esta atribución de supervisión son los “receptores” de las quejas que tienen los ciudadanos respecto de las autoridades jurisdiccionales.
También se le cuestionó si estos cambios garantizarán la correcta impartición de justicia y contestó que no hay ninguna ley perfecta, pues la perfección sólo se puede alcanzar si “como sociedad entendemos el compromiso y corresponsabilidad ante esta materia”. Empero, confía en que los servidores públicos harán todo lo posible para dignificar su trabajo, mientras que para los que demandan justicia pidió que señalen cuando estén percibiendo que hay una presunta irregularidad.
“Si hay un juez que ha sido omiso o está cometiendo alguna irregularidad en el desempeño de sus funciones, el Consejo de la Judicatura es la instancia para que se presente la queja correspondiente, se haga la investigación y se sustancia lo que conforme a derecho corresponde (…) Yo creo que se necesita de la participación de los abogados, de los litigantes, de los jueces, de todos los servidores públicos del Poder Judicial que, entre paréntesis, he observado una gran calidad humana y un gran interés de la mayoría de los servidores públicos porque esta reforma se aplique y facilite su trabajo, pero también transparente su actuación y permita dignificar las actividades que ellos realizan”, expuso.
Desconoce si todos estos beneficios que se plantean se verán reflejados a corto plazo, ya que llevarán un proceso para verse materializados. Dijo que se trata de un “cambio de paradigma” y primero se tiene que comprender que las cosas ya no son iguales a octubre del 2022, cuando se concretaron las primeras reformas, para después aplicarlas y exigirlas.
“Para el que me esté leyendo podría decir: ‘entonces no sirvió de nada’, pero en casos particulares yo les diría a las personas que tienen derecho a exigir justicia pronta y expedita, y si siente que no la está recibiendo en el Poder Judicial, aquí estamos en el Consejo de la Judicatura para garantizar que lo resuelva. No sé cuánto tiempo nos llevaremos para implementar de manera completa esta reforma constitucional, pero lo que sí les puedo decir es que están las instancias funcionando para recibir casos en específico de aquellas personas que requieran el apoyo del Poder Judicial”, aseguró.
Reformas “tienen buena fe” y servirán para “desintoxicar” el PJ, pero será muy difícil acabar con la corrupción
De acuerdo con Mariana Durán, académica de la facultad de Derecho en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), todas estas modificaciones y las leyes que traen consigo (Ley de Carrera Judicial, Ley Orgánica de Defensoría Pública, Ley de Mecanismos Alternativos de Resolución de Controversia y la Ley Reglamentaria de los Medios de Defensa de la Constitución del Estado) tienen como meta prevenir faltas administrativas y actos de corrupción.
Como especialista, cree que todos estos cambios pueden ser benéficos, pues las primeras reformas (las de octubre de 2022) agilizarán el acceso a la justicia y las segundas (efectuadas el 2 de marzo) “tienen la buena fe” de eliminar prácticas de corruptela, pero sostuvo que hacer muchas leyes no es la solución, sino la buena aplicación de éstas.
Desde su óptica, la ejecución de estos cambios se verá reflejada a mediano plazo, ya que se tiene que capacitar a todos los funcionarios que trabajan en los Tribunales, la Sala Constitucional y el Consejo de la Judicatura. Y no sólo es capacitarlos, sino también aplicar lo que se avaló en el Congreso y que no sean sólo “modificaciones al aire”.
Puntualmente, en torno al trabajo del Consejo de la Judicatura opinó que las auditorías y todas estas supervisiones que harán a los jueces es muy aplaudible. Pero de nueva cuenta, espera que no se dejen sobornar y que en cuanto se identifique y se demuestre una irregularidad sean impedidos para el ejercicio de la abogacía.
Por su parte, el litigante Lucio Ramírez Luna compartió que estas reformas tienen como visión que Puebla avance en temas de justicia. Por ejemplo, ya no se permitirá que una persona llegue a ser juez si su padre también lo es o si “su compadrito” trabaja en el Poder Judicial, tampoco se le asignará el caso a un juez si los presuntos culpables son sus familiares, por representar un conflicto de intereses.
Al igual que Mariana Durán, coincidió que será muy difícil que todos los servidores sean honestos, pues por años han trabajado de esta manera. “Eso pasa y es conocido por la mayoría, así funciona, entonces con las reformas se pretende corregir toda esta serie de corruptelas. Estas reformas plantean inhabilitar de manera inmediata si confirman que hubo irregularidades y aplicar filtros más rigurosos para que no cualquiera llegue al Poder, que no sea por recomendación o influencias, sólo por buena trayectoria”, detalló.
Aplaudió los cambios que se quieren hacer, pero prevé que hasta dentro de 10 años se podrán ver los resultados de mejores servidores públicos, sin tantos señalamientos de corrupción y menos personas encarceladas sin sentencia.
“Los poblanos tenemos el récord del Poder Judicial más corrupto del país, y no lo digo yo, lo dicen estudios como World Justice Project. Ya con tantos años que llevo en esto no puedo negar lo mal que se portan, coludidos la gran mayoría de abogados litigantes”, expuso.
Por separado, el académico del departamento de Ciencias Sociales de la Ibero Puebla, Rubén Alberto Curiel Tejeda, dijo que las reformas servirán para desintoxicar el Poder Judicial de malas prácticas, inclusive, a título personal señaló que para que se efectúen los cambios en menor tiempo se tendría que hacer una limpieza profunda de trabajadores, pero, como esto no es posible, sólo queda darles el voto de confianza a los servidores públicos.
“El hacer leyes no trae de manera directa un resultado, pero la realidad es que va a costar que se cumpla”, declaró, y al tiempo comparó estas reformas con el nuevo sistema penal acusatorio, pues en su momento, se dijo que acabaría con la corrupción y habría menos violación a derechos humanos, pero la realidad es que ya lleva más de cinco años en aplicación y se sigue perfeccionando.
Celebró que ahora en Puebla se hable de una carrera judicial, y que los magistrados sean personas preparadas, no nombrados por diputados a petición del gobernador en turno, como ha ocurrido siempre. Ahora bien, al igual que los otros entrevistados, cree que se necesita mucha disposición de las autoridades para su correcta aplicación.
Por último, el abogado Víctor León Rueda manifestó que si se aplican de manera correcta. los beneficiados serán los ciudadanos y los afectados serán quienes ejercen el poder de manera deshonesta. Considera que, al igual que se está capacitando a todo el personal, se deben de brindar asesorías a los usuarios acerca de los cambios, para que sepan a dónde dirigirse en caso de alguna irregularidad. “A mí me parece que el ciudadano no se tiene que preocupar, sino los que trabajan en el poder de manera irregular”, expresó.
La reestructuración del Poder Judicial comenzó con las iniciativas de Barbosa
Fue en octubre del 2022 cuando el Congreso de Puebla aprobó la primera reforma al Poder Judicial, enviada por el exgobernador Miguel Barbosa. Lo que avalaron los diputados fue lo siguiente: una función jurisdiccional y una función de gobierno.
La función jurisdiccional alberga todo lo relacionado con el Tribunal Superior de Justicia, la Sala Constitucional, el Tribunal de Justicia Administrativa y los Juzgados. Mientras que la función de gobierno es la que tiene que ver con el Consejo de la Judicatura.
Los diputados aprobaron que el Consejo de la Judicatura tuviera la representación legal del Poder Judicial, la dirección de la carrera judicial. Además solicitaron que vigilara el actuar de jueces y magistrados. De igual modo, se le encargó el Instituto de Defensoría Pública y de la Escuela Estatal de Formación Judicial.
Esta reforma también contempló la creación de una Sala Constitucional, la cual tiene como tarea recibir las acciones de inconstitucionalidad que impulsen ayuntamientos, órganos autónomos y cualquier ciudadano.
Un día después de esta aprobación, los legisladores nombraron a dos integrantes del Consejo de la Judicatura para iniciar la reestructuración. Estos miembros designaron a Carlos Palafox Galeana como el presidente de dicho órgano para vigilar, administrar y evaluar el desempeño del Poder Judicial.
Con estas reformas se anunció que el Tribunal y el Consejo tendrían diferentes presidentes por un periodo de cuatro años y ya no uno, como se hacía en el pasado. Es decir, que el magistrado presidente de ese entonces, Héctor Sánchez Sánchez, ya no tendría posibilidades de reelegirse como lo estaba haciendo.
Dos meses después, el 11 de diciembre, dos días antes de morir, Barbosa envió al Congreso una propuesta para expedir la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que formaría parte de la reestructuración del Poder Judicial, que fue aprobada el pasado 2 de marzo.
