La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promovió tres acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP), que el Congreso del Estado aprobó para 144 municipios de la entidad la madrugada del pasado 24 de diciembre.
Los recursos legales se encuentran enlistados con los números 13/2022, 14/2022 y 18/2022, los cuales se suman a la acción de inconstitucionalidad con la clave 9/2022 que promovió la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH).
“Atento a que existe identidad respecto de los Decretos impugnados en este asunto y los controvertidos en la acción de inconstitucionalidad 9/2022 y sus acumuladas 13/2022 y 14/2022, promovidas respectivamente, por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Puebla y por la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se decreta la acumulación de este expediente a los citados medios de control de constitucionalidad”, señala la página de la Suprema Corte.
Las instancias reclaman la invalidez de diversos artículos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Puebla, la Ley de Hacienda para el Municipio de Tehuacán, del Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla y el Código Fiscal y Hacendario para el Municipio de San Andrés Cholula reformados por el Congreso del Estado y publicados en el Periódico Oficial del Estado en diciembre de 2021.
En dichas leyes se legalizó el cobro del DAP cuya fórmula había sido invalidada por la Suprema Corte en noviembre de 2020 y 2021 porque se cobraba como impuesto.
Así que la CNDH no solo impugna las reformas en las leyes de hacienda sino también la recaudación del DAP autorizada por los diputados en 144 Leyes de Ingresos Municipales 2022, entre las que destacan Acatlán, Atlixco, Chalchicomula de Sesma, Chignahuapan, Huejotzingo, Izúcar de Matamoros, Tecali, Tehuacán y Tepeaca.
A estos recursos se suma la controversia constitucional 14/2022 que presentó el ayuntamiento de Puebla que encabeza Eduardo Rivera Pérez, pero en su caso busca recuperar el cobro del Derecho de Alumbrado Público que el Congreso no aprobó.