Que la discriminación contra embarazadas sea sancionada con prisión de uno a tres años, proponen los coordinadores legislativos de Morena y el PRI, Sergio Salomón Céspedes Peregrina y Jorge Estefan Chidiac, respectivamente.
La iniciativa propone reformar el artículo 357 del Código Penal del Estado de Puebla para imponer prisión y multa de 9 mil 622 a 48 mil 110 pesos, es decir de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Actualmente la ley castiga la discriminación por razón de origen étnico o nacional, raza, género, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, preferencias sexuales, apariencia física, estado civil, creencia religiosa, ideología política, trabajo o profesión, opiniones expresadas o cualquier otra que atente contra los derechos y la dignidad humana, la libertad o la igualdad.
AUMENTAR PENAS POR VIOLENCIA CONTRA EMBARAZADAS
Por su parte, el diputado de Morena, Eduardo Castillo López, propuso imponer penas por el delito de violencia familiar contra embarazadas y personas con discapacidad. La iniciativa propone reformar el artículo 284 Bis del Código Penal.
La penalidad actual de dos a ocho años de prisión y multa de 4 mil 811 a 19 mil 244 pesos (50 hasta 200 UMA) se aumentará hasta en una mitad si la víctima es una persona con discapacidad o mujer en periodo de gestación, es decir que la pena será de tres a 12 años de cárcel y multa de 7 mil 216 a 28 mil 866 pesos.
Ambas iniciativas fueron turnadas a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso del Estado para su estudio y resolución procedente.
En cada legislatura se proponen reformas para endurecer las penas a fin de disminuir el índice delictivo, sin embargo, un estudio de la CNDH señala que en México se ha incrementado la frecuencia de uso y duración de la pena privativa de libertad, así como reformado las leyes penales para prohibir la libertad anticipada en algunos delitos, provocando respuestas violentas en la población interna, convirtiendo a la prisión en una institución que no cumple con los fines declarados.
