El Congreso del Estado recibió una propuesta de reforma de la diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Shirley Reyes Cabrera, para castigar con mayor severidad la extorsión telefónica en el estado de Puebla con el fin de inhibir el delito en la entidad.
En la pasada Comisión Permanente, el Poder Legislativo recibió el proyecto que fue turnado a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia que preside el líder de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Eduardo Castillo López para su estudio y análisis.
La propuesta argumentó que en muchas ocasiones la extorsión es cometida por integrantes del crimen organizado o presos que se encuentran recluidos en los centros de readaptación social.
La priista ahondó en que, además de acceder a las peticiones de los extorsionadores, las personas que son víctimas de este delito sufren una vulneración psicológica por el efecto de la violencia o intimidación a través del cual se comete el atentado.
Por ello, apuntó que la intención es incluir en el delito de extorsión las amenazas que se realicen en el proceso para obtener un monto económico, la posesión de alguna propiedad, un bien mueble o inmueble.
“Para sancionar la conducta del individuo cuando éste con ánimo de conseguir un lucro o provecho amenaza a otro por vía telefónica o cualquier medio de comunicación con finalidad de causar daños morales físicos o patrimoniales. Se propone está modificación a este tipo penal para dar una mejor certeza a los ciudadanos que pudiera ser víctima de este delito”.
Reyes Cabrera señaló que su propuesta plantea modificar el artículo 292 bis del Código Penal del Estado que considera una sanción de cárcel de 2 a 10 años para que las víctimas de extorsión denuncien con la certeza que los delincuentes recibirán un castigo ejemplar.
En los últimos cuatro años, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) abrió casi 600 carpetas de investigación por el delito de extorsión y fue en el año 2019 cuando más reportes se recibieron por dichos actos delictivos.
Mediante una revisión hecha por El Sol de Puebla se detectó que en el 2019 se abrieron 192 carpetas de investigación, un año después la cifra bajó a 145 y en el 2020 hubo 117 casos denunciados ante las autoridades. Pese al descenso, para el 2022 se registró un ligero incremento porque fueron 126 indagatorias las que se realizaron.