Con la entrada en vigor de las reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, se busca prevenir que los ayuntamientos propongan a perfiles incapacitados para encabezar las áreas de transparencia en sus respectivas administraciones. De acuerdo con el Observatorio Con los Ojos Abiertos de la Universidad Iberoamericana, existe un alto grado de incumplimiento de las disposiciones de la ley por parte de las autoridades municipales, así como la falta de aplicación de las sanciones determinadas.
A inicios de diciembre del año pasado, el pleno del Congreso local aprobó reformar las fracciones II, XVI y XVII del artículo 12, el segundo párrafo del artículo 15 y se adiciona la fracción XVIII al artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, posteriormente, el decreto fue publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE) para su entrada en vigor.
El objetivo principal de las reformas es que los sujetos obligados designen al personal que acredite la idoneidad al cargo y proporcionen una capacitación continua para un mejor desempeño en el cumplimiento de lo que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla.
Lo anterior porque, aunque los sujetos obligados, a través de sus encargados tienen facultad para designar a los titulares de las Unidades de Transparencia y capacitar al personal en la materia, la ley no prevé que sea el más capacitado para trabajar.
Según el Observatorio Con los Ojos Abiertos de la Universidad Iberoamericana, algunos de los problemas de la actuación del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (ITAIPUE) es el incumplimiento de la normativa por parte de las autoridades municipales y la ausencia de aplicación de las sanciones determinadas.
Señaló que el ITAIPUE es un organismo público autónomo que tiene la obligación de ser garante de la transparencia y desde el 2016, se cuenta con la figura de denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia. En el 2019, se presentaron 511 denuncias por este motivo en contra de 159 sujetos obligados.
Tras el análisis de los casos, el pleno del ITAIPUE determinó que 225 denuncias fueron fundadas y ordenó a los sujetos obligados publicar la información correspondiente, sin embargo, de los datos proporcionados a inicios de 2021, estaba pendiente verificar 114 de las 225 resoluciones en las que se consideró fundada la queja ciudadana.
Lo que representa que en la mitad de los casos no se había comprobado su cumplimiento.
Entre los sujetos obligados con más denuncias se encuentran los ayuntamientos de Tlacotepec de Benito Juárez, Cuyoaco, Cañada Morelos, Acatlán de Osorio y Huejotzingo.
