El Congreso de Puebla convocó a los diputados locales a sesión extraodinararia al medio día del próximo martes 19 de mayo para analizar las reformas constitucionales al Poder Judicial del Estado con las que se delimitarán las atribuciones de los órganos que conforman el Tribunal Superior de Justicia de Puebla (TSJ).
A menos de 24 horas de que las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, así como la de Procuración y Administración de Justicia aprobaron el dictamen, la Comisión Permanente avaló llamar a los integrantes del parlamento a analizar varios temas, de los cuales, el más destacado son las reformas que propusieron los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política.
De acuerdo con lo avalado ayer, las reformas buscan armonizar la separación de funciones del nuevo modelo del Poder Judicial para mejorar la impartición de justicia y el presidente del Consejo de la Judicatura, Carlos Palafox Galeana, estará impedido para representar legalmente al Poder Judicial del Estado en aquellos casos donde estén involucrados los órganos.
En el documento también se encuentra la ampliación para que los plenos de los órganos del Poder Judicial tengan la facultad de iniciar leyes y decretos, situación que solo ocurría con el Tribunal Superior de Justicia.
A la par, se estipulan que las funciones de administración vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado quedarán a cargo del Consejo de la Judicatura. El punto anteriormente mencionado significa que aquellos casos donde los jueces y magistrados estén involucrados serán resueltos por dicho órgano.
El Tribunal Superior de Justicia decidirá sobre las controversias particulares, los asuntos de la Constitución y las leyes, a excepción de las que sean de competencia reservada para la Sala Constitucional.
La administración del presupuesto es una obligación del Consejo de la Judicatura. Lo anterior incluye al Tribunal Superior de Justicia, la Sala Constitucional y el Tribunal de Justicia Administrativa.
Otro de los puntos más destacados es los presidentes de los órganos jurisdiccionales no podrán integrar ni presidir el Consejo de la Judicatura.
Al tratarse de reformas a la Constitución Política de Puebla se requieren al menos 28 votos por parte de los legisladores locales para ser aprobadas y posteriormente deberán ser publicadas en el Periódico Oficial del Estado (POE) para entrar en vigor.
Además de las reformas constitucionales, los congresistas formalizarán la alternancia de las comisiones a las que pertenecía la diputada local con licencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Isabel Merlo Talavera, quien el 10 de marzo del año en curso asumió la titularidad de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
El lugar de la ahora funcionaria del gobierno estatal será ocupado por su suplente, la exsecretaria general del ayuntamiento de Puebla, Silvia Tanús Osorio.
La presidencia de la Comisión de Transportes y Movilidad es la más importante que ocupará porque tendrá injerencia en la homologación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial con el lineamiento federal, un tema al que activistas han exigido darle velocidad porque consideran que el Congreso local tiene falta de interés para atender la normativa.
También resalta la vocalía en la Comisión de Procuración y Administración de Justicia porque dicho órgano legislativo trata de garantizar el cumplimiento del marco legal mediante la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal.
De acuerdo con la página del Congreso de Puebla otra comisión en la que participará la priista Silvia Tanús porque María Isabel Merlo ocupaba un lugar es en el órgano de Bienestar que preside el coordinador de la bancada del Partido del Trabajo (PT), José Antonio López Ruíz, la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad, la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, la Comisión de Vivienda, la Comisión de Grupos Vulnerables, la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez, así como el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
