Desfasada e injusta es como se encontraba la ley que regulaba los honorarios de los fedatarios públicos en el estado de Puebla. Por ello, el recién reformado estatuto que actualizó esas cifras pretende dignificar la actividad notarial, pues ésta se ha visto manchada por la incidencia de prácticas irregulares como la suplantación de identidades, entre otras, así lo examinó Carlos Palafox Galeana, consejero jurídico al servicio del Estado poblano.
Así, días después de haberse publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE) las reformas a la Ley del Notariado, así como el Código Penal, ambos estatutos estatales, además de los nuevos aranceles para regular los costos de esta actividad profesional patentada, el funcionario comentó en entrevista con El Sol de Puebla que estas disposiciones fueron una respuesta ante las constantes anomalías reportadas contra los certificadores públicos.
“Ha sido una actividad constante (las anormalidades) y yo creo que cada vez con la vigilancia y la sanción más detallada a los notarios y con la voluntad de los notarios que actúan de manera regular, que los hay muchos en el estado de Puebla, estas prácticas deberán de de reducirse”, afirmó.
Aunado a ello, reconoció que la mayor parte de las quejas recibidas ante la Dirección de Notarías, que pertenece a la Consejería Jurídica, se basan principalmente en que los fedatarios públicos prestan su poder a terceros para acreditar procedimientos sin que éstos estén presentes.
“Quejas importantes, son que no son atendidos directamente por los notarios (...) Las reformas actuales a la Ley del Notariado [establecen] esa necesidad de imperiosa de que sean los notarios, quienes directamente atiendan a los solicitantes (...) no los asistentes, pasantes o familiares, sino directamente los notarios y ese era una de las principales de las principales quejas”, señaló.
Agregó también que otra de las quejas más recurrentes en el actuar de los certificadores, es que en muchas ocasiones permiten la usurpación de identidades, a fin de obtener beneficios de forma ilícita: “También [se permite] la suplantación de de personas [y] no hacer los reportes de actividades vulnerables”.
LEY NECESITABA ACTUALIZARSE
En lo que respecta a la regulación de honorarios, el consejero Palafox Galeana insistió en que, previo a esta última actualización, las tarifas no correspondían a los contextos actuales, pues la última vez que fue reformada esta disposición fue desde cuatro décadas.
“El arancel anterior fue de la década de los 80 (sic). Desde entonces, no se había hecho un ejercicio para fijar el arancel con el cual se regularán los los pagos a los a los notarios (...) [se] podía cobrar lo que considerara adecuado (...) Había muchos que cobraban lo que consideraban justo y había otros que no lo hacían de esta manera”, remarcó.
En ese mismo tenor, justificó que las cuotas establecidas en dicha disposición se dieron a raíz de cálculos a nivel nacional. También, hizo hincapié en que, cualquier fedatario que no respete el estatuto, puede ser denunciado: “Están obligados a su cumplimiento en beneficio de la población”.
LLAMADO A LA DENUNCIA
Por su parte, el titular de la Consejería Jurídica hizo referencia a la nota publicada en esta casa editorial, en la cual se dio a conocer que son los abogados quienes mayormente padecen las irregularidades que cometen los profesionales en poder de una patente notarial.
Al respecto, refirió que la dependencia que él coordina atiende acusaciones constantes sobre la labor que desempeñan los notarios, sin embargo, no especificó cuántos reportes han sido los que se presentaron recientemente.
Finalmente, reiteró que, tanto litigantes como usuarios, pueden presentar sus reportes ante la Dirección de Notarías: “Lo que sí es importante es (...) presentar las quejas. No podemos quedarnos callados y dejar que se actúe al margen de [la ley]”.
