Un año pasó desde que se encontró el cuerpo del bebé Tadeo en un basurero del penal de San Miguel y a 365 días, Reinserta A. C consideró que la autoridad poblana dio carpetazo al hacer detenciones aleatorias, pero que no dieron detalles del caso y que la Comisión de Derechos Humanos, tanto nacional como estatal brillaron por su ausencia. La organización pidió transparencia, no olvidar al niño y que las autoridades implementen iniciativas para proteger a las infancias en el sistema de justicia penal.
Hay que recordar que la presidenta de Reinserta, Saskia Niño de Rivera, fue la primera que alzó la voz ante este caso y pidió a la CNDH, CDH Puebla y a las autoridades poblanas que explicaran como un bebé recién nacido había terminado en un basurero de una cárcel. Para este 10 de enero publicó en su red social Twitter que aún hay muchas dudas, pues no hay respuestas de cómo un bebé terminó en un contenedor.
“Hoy se cumple en año en que dimos a conocer desde Reinserta que había un bebé muerto en una cárcel al interior del penal de San Miguel en Puebla (…) Un año que la Fiscalía Puebla hizo detenciones aleatorias, pero aún no tenemos respuesta de cómo terminó Tadeo ahí y así (…) Deseo que los casi medio millón de niños que entran y salen de las cárceles del país no caigan en manos de autoridades corruptas que no revisan que salgan de la cárcel con bien o que los cuiden de que no les hagan nada mientras están de visita en las cárceles del país”, publicó.
Para este 11 de enero, la organización emitió un comunicado, en donde señalaron que la autoridad del estado de Puebla, dio carpetazo al detener a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, custodios y la detención de dos mujeres, pero no dieron detalles de lo sucedido. En su texto lanzaron las siguientes preguntas:
“¿Qué pasó con el bebé Tadeo?, ¿Cómo pueden desenterrar de un cementerio a un bebé y trasladarlo de un estado a otro sin que nadie lo note?, ¿Cómo pueden ingresar muerto el cuerpo de un bebé a un centro penitenciario y abandonarlo en el basurero?”, pero ni una tiene respuesta.
En su opinión, este caso visibilizó la incapacidad y deshumanización de las instituciones de gobierno, así como la ausencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como máxima autoridad en la promoción y defensa de los derechos humanos del país. En este punto, también señalaron a la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla, pues al igual que el organismo nacional brilló por su ausencia.
A un año, Reinserta cree que permanecen más dudas que certezas, por lo que pidió nuevamente que las autoridades completen la transparencia del caso, no olvidar a Tadeo, que hoy representa a todos esos menores cuyas vidas están en riesgo por la indiferencia del gobierno y la sociedad. Así como crear protocolos de ingreso, presupuesto destinados para que las cárceles cuenten con espacios físicos adecuados para su estancia y programas especiales para regular sus visitas.
“Desde Reinserta no seremos cómplices en olvidar el caso del bebé Tadeo, ni él, ni de ninguna infancia en contacto con nuestras cárceles. Son medio millón de niños y niñas que las visitan cada fin de semana para convivir con su papá o mamá privados de la libertad. No podemos continuar mirando para otro lado sin políticas públicas y programas dirigidos a ellas y ellos. Actualmente en nuestro país hay 500 menores viviendo en las cárceles, donde es trascendental segregar a pederastas y agresores sexuales de la población general donde los menores conviven todos los días. En suma, nuestra infancia está expuesta y en peligro”, concluyeron.
-“Daremos cuenta y seguimiento del tema del bebé Tadeo”, se limita a declarar el nuevo gobernador-
El gobernador del estado de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, fue cuestionado por el caso del bebé Tadeo. Hay que recordar que este hecho sucedió en la administración del mandatario Luis Miguel Barbosa Huerta, pero al conmemorarse el año, fue cuestionado acerca del tema.
“Daremos cuenta y seguimiento del tema del bebé Tadeo, al final de cuentas se aplicó la regla, se aplicó la ley, hay consecuencias y están en su momento pagando toda la gente que cometió este tipo de delitos”, se limitó a contestar.
Este medio pidió la postura de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH) pero, hasta el momento, no se ha tenido respuesta. Es preciso mencionar que dicho organismo, reservó por dos años las recomendaciones que le hizo a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) por las violaciones que se registraron en el caso.
La CDH aseguró que, si guarda esta información, es porque el caso sigue en curso y porque es necesario para su protección, investigación, integración y conclusión del expediente. “Los servidores de este organismo público están obligados a manejar de manera confidencial la información y documentación relativa a los asuntos de competencia”, se pudo leer en el documento.
