/ jueves 31 de marzo de 2022

Remueven al auditor Francisco Romero; diputados nombrarán encargado

En la sesión extraordinaria este 31 de marzo, la mayoría de los diputados avaló la remoción del auditor encarcelado

El Congreso del Estado aprobó la remoción de Francisco Romero Serrano como titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), debido a que se encuentra imposibilitado física y jurídicamente para desempeñar el cargo pues está en prisión preventiva acusado de presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En consecuencia, el auditor suplente Rubén de la Fuente Vélez será nombrado encargado de despacho de la ASE, en lo que la Junta de Gobierno del Congreso emite una convocatoria para designar al nuevo auditor superior del estado.

La destitución se concretó con 36 votos a favor y tres abstenciones durante la sesión extraordinaria de este 31 de marzo. Los panistas Mónica Rodríguez Della Vecchia, Rafael Micalco Méndez y Nancy Jiménez Morales votaron en abstención.

DOS CAUSAS MOTIVARON REMOCIÓN

La presidenta de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la ASE, Olga Lucía Romero Garci Crespo, dijo que el Congreso ejerció la facultad de remover al titular de la ASE, luego de atender dos solicitudes presentadas por los diputados de Morena, Azucena Rosas Tapia y Eduardo Castillo López, quienes pidieron la destitución por faltas graves.

Francisco Romero Serrano fue removido por dos causales graves que no estaban establecidas en la Constitución Política del Estado de Puebla, pero en diciembre pasado los diputados aprobaron reformas para subsanar la laguna legal.

Las causas graves que motivaron la remoción son las siguientes:

1.- Contravenir los principios a los que se debe ajustar la función de la fiscalización que son los de legalidad, definitividad, imparcialidad, profesionalidad y honradez.

2. Cualquier otra análoga que afecte el buen despacho de la función de fiscalización y el combate a la corrupción.

La segunda causal es la de mayor peso, pues el hoy exauditor enfrenta un proceso penal en el cual le han dictado medidas cautelares de prisión preventiva, por lo que está imposibilitado física y jurídicamente para desempeñar el cargo.

Durante la sesión plenaria de este jueves, los panistas Mónica Rodríguez Della Vecchia y Oswaldo Jiménez López exhibieron que la designación de Francisco Romero el 27 de noviembre de 2019 fue ilegal y violatoria de la Constitución, pues fue electo con 27 votos y no 28 como marca la ley.

Esta no es la primera vez en que un encargado de despacho se queda al frente de la Auditoría Superior del Estado, ya que el 6 de mayo de 2019 la Comisión Permanente del Congreso aprobó la designación de Alberto Segovia Blumenkron, como encargado de despacho, tras la salida de David Villanueva Lomelí.

Una vez nombrado el encargado de despacho, el Congreso podrá emitir una convocatoria para elegir al nuevo auditor por un periodo de siete años.

AMANDA GÓMEZ PUEDE PARTICIPAR

De acuerdo con la presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Mónica Silva Ruiz, la actual titular de la Secretaría de la Función Pública estatal, Amanda Gómez Nava, podrá participar, si así lo desea, en el nuevo proceso de selección del auditor, pues la Constitución local lo permite.

Dijo que el próximo auditor debe ser una persona honorable, que tenga los conocimientos técnicos y que cumpla con los requisitos constitucionales.

“La Constitución es muy clara, ningún secretario de Estado puede ser, excepto aquella persona que sí tenga que ver con órganos internos de control, en este caso podríamos hablar en un supuesto de la Función Pública”, comentó.

El coordinador de la bancada del PRI, Jorge Estefan Chidiac explicó que Francisco Romero fue destituido porque se ausentó por más de 30 días, lo cual es una causa grave, es decir que no se trata de si les caía bien o no, o por cuestiones personales, sino que el ex auditor se encuentra sujeto a dos procesos penales, uno por violencia familiar y otro por supuestas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“Tiene prisión preventiva oficiosa, entonces este asunto va a tardar varios años y dado que en su momento el amparo por la suspensión provisional no procedió, hay una ausencia definitiva del auditor, no podemos estar sin auditor”, dijo.

El diputado local y dirigente estatal del PRI, Néstor Camarillo Medina pidió que el próximo titular de la ASE tenga experiencia y ganas de trabajar, pues hay mucho que hacer en materia de fiscalización. No obstante, aclaró que la ley no impone al Congreso un plazo para la designación, sino que dependerá de sus tiempos.

También coincidió en que a raíz de las reformas aprobadas en la actual legislatura, algún funcionario estatal puede participar en el proceso de selección, lo que no quiere decir que exista un perfil ya elegido, sino que habrá mayor apertura.

Por su parte, la diputada de Morena, Olga Lucía Romero Garci Crespo dijo que el próximo auditor debe ser imparcial y ajeno al gobierno estatal. Señaló que de inmediato el auditor suplente Rubén de la Fuente Vélez será nombrado encargado de despacho, debido a que actualmente no tiene atribuciones de fiscalización de las cuentas públicas y de la entrega-recepción de las observaciones.

El Congreso del Estado aprobó la remoción de Francisco Romero Serrano como titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), debido a que se encuentra imposibilitado física y jurídicamente para desempeñar el cargo pues está en prisión preventiva acusado de presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En consecuencia, el auditor suplente Rubén de la Fuente Vélez será nombrado encargado de despacho de la ASE, en lo que la Junta de Gobierno del Congreso emite una convocatoria para designar al nuevo auditor superior del estado.

La destitución se concretó con 36 votos a favor y tres abstenciones durante la sesión extraordinaria de este 31 de marzo. Los panistas Mónica Rodríguez Della Vecchia, Rafael Micalco Méndez y Nancy Jiménez Morales votaron en abstención.

DOS CAUSAS MOTIVARON REMOCIÓN

La presidenta de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la ASE, Olga Lucía Romero Garci Crespo, dijo que el Congreso ejerció la facultad de remover al titular de la ASE, luego de atender dos solicitudes presentadas por los diputados de Morena, Azucena Rosas Tapia y Eduardo Castillo López, quienes pidieron la destitución por faltas graves.

Francisco Romero Serrano fue removido por dos causales graves que no estaban establecidas en la Constitución Política del Estado de Puebla, pero en diciembre pasado los diputados aprobaron reformas para subsanar la laguna legal.

Las causas graves que motivaron la remoción son las siguientes:

1.- Contravenir los principios a los que se debe ajustar la función de la fiscalización que son los de legalidad, definitividad, imparcialidad, profesionalidad y honradez.

2. Cualquier otra análoga que afecte el buen despacho de la función de fiscalización y el combate a la corrupción.

La segunda causal es la de mayor peso, pues el hoy exauditor enfrenta un proceso penal en el cual le han dictado medidas cautelares de prisión preventiva, por lo que está imposibilitado física y jurídicamente para desempeñar el cargo.

Durante la sesión plenaria de este jueves, los panistas Mónica Rodríguez Della Vecchia y Oswaldo Jiménez López exhibieron que la designación de Francisco Romero el 27 de noviembre de 2019 fue ilegal y violatoria de la Constitución, pues fue electo con 27 votos y no 28 como marca la ley.

Esta no es la primera vez en que un encargado de despacho se queda al frente de la Auditoría Superior del Estado, ya que el 6 de mayo de 2019 la Comisión Permanente del Congreso aprobó la designación de Alberto Segovia Blumenkron, como encargado de despacho, tras la salida de David Villanueva Lomelí.

Una vez nombrado el encargado de despacho, el Congreso podrá emitir una convocatoria para elegir al nuevo auditor por un periodo de siete años.

AMANDA GÓMEZ PUEDE PARTICIPAR

De acuerdo con la presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Mónica Silva Ruiz, la actual titular de la Secretaría de la Función Pública estatal, Amanda Gómez Nava, podrá participar, si así lo desea, en el nuevo proceso de selección del auditor, pues la Constitución local lo permite.

Dijo que el próximo auditor debe ser una persona honorable, que tenga los conocimientos técnicos y que cumpla con los requisitos constitucionales.

“La Constitución es muy clara, ningún secretario de Estado puede ser, excepto aquella persona que sí tenga que ver con órganos internos de control, en este caso podríamos hablar en un supuesto de la Función Pública”, comentó.

El coordinador de la bancada del PRI, Jorge Estefan Chidiac explicó que Francisco Romero fue destituido porque se ausentó por más de 30 días, lo cual es una causa grave, es decir que no se trata de si les caía bien o no, o por cuestiones personales, sino que el ex auditor se encuentra sujeto a dos procesos penales, uno por violencia familiar y otro por supuestas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“Tiene prisión preventiva oficiosa, entonces este asunto va a tardar varios años y dado que en su momento el amparo por la suspensión provisional no procedió, hay una ausencia definitiva del auditor, no podemos estar sin auditor”, dijo.

El diputado local y dirigente estatal del PRI, Néstor Camarillo Medina pidió que el próximo titular de la ASE tenga experiencia y ganas de trabajar, pues hay mucho que hacer en materia de fiscalización. No obstante, aclaró que la ley no impone al Congreso un plazo para la designación, sino que dependerá de sus tiempos.

También coincidió en que a raíz de las reformas aprobadas en la actual legislatura, algún funcionario estatal puede participar en el proceso de selección, lo que no quiere decir que exista un perfil ya elegido, sino que habrá mayor apertura.

Por su parte, la diputada de Morena, Olga Lucía Romero Garci Crespo dijo que el próximo auditor debe ser imparcial y ajeno al gobierno estatal. Señaló que de inmediato el auditor suplente Rubén de la Fuente Vélez será nombrado encargado de despacho, debido a que actualmente no tiene atribuciones de fiscalización de las cuentas públicas y de la entrega-recepción de las observaciones.

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