Los diálogos frente a la disputa por dos almacenes de la Nave C en la Central de Abasto de la ciudad de Puebla, que son propiedad del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), siguen su curso, pese a los retrasos en la concertación de una reunión entre las partes involucradas, confirmó el secretario de Gobernación (Segob) estatal, Julio Miguel Huerta Gómez.
En rueda de prensa desde el CIS de Angelópolis, el funcionario poblano reveló este día que la Dirección General de Gobierno pretende mediar el conflicto que actualmente confronta a pobladores autodenominados como indígenas, originarios de las juntas auxiliares de Puebla capital, La Resurrección y San Miguel Canoa; así como del municipio de Zapotitlán de Méndez, por la posesión de dos almacenes que compró la dependencia federal.
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Expuso que uno de los dos almacenes está asegurado por la Fiscalía General del Estado (FGE), mientras que el otro es ocupado de forma irregular por habitantes de La Resurrección.
“He de informar que, efectivamente, hay un conflicto derivado de la posesión de dos bodegas que tiene que administrar el INPI, que están destinados para ello, una de ellas cuenta con sellos de la FGE, y otra sabemos que está invadida por habitantes de La Resurrección”, lanzó Huerta Gómez, ante un cuestionamiento hecho por El Sol de Puebla.
Defendió que la Segob convocó a una audiencia la semana pasada, con el objetivo de poner sobre la mesa las diversas posturas y pruebas para agilizar un punto de acuerdo. Sin embargo, señaló que personal del INPI pospuso su participación en el encuentro, pero refirió que los diálogos serán retomados en próximos días.
“Estaba programada una mesa de diálogo para la semana pasada, que tuvo que posponerse porque personal del INPI no pudo asistir; el ayuntamiento de Puebla está participando y ya se reagendó para los próximos días, para continuar con la mesa de diálogo y dar paso a un acuerdo que deje insubsistente la problemática en la Central de Abasto”, agregó.
Tal como informó esta casa editorial, el delegado estatal del INPI, René Esteban Trinidad, detalló que el pasado 7 de marzo funcionarios federales, estatales y municipales, así como la administradora de la Nave C, Lilia Tamayo Pérez, sostuvieron un encuentro con la finalidad de proponer soluciones para atender el conflicto.
De acuerdo con el memorándum de la reunión, que está en poder de este diario, el Consejo de la Central de Abasto, a través de su presidente, el regidor del ayuntamiento de Puebla, Manuel Herrera Rojas, propuso entregar los almacenes en cuestión a la población indígena que pueda sustentar su uso y esté acreditada como parte de este grupo poblacional. Para ello pidió la creación de un consejo independiente que determine la pertinencia para otorgar los derechos.
Otros integrantes de ese mismo Consejo pusieron sobre la mesa dar los bienes al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin).
Tamayo Pérez, por su parte, sugirió que los inmuebles sean regulados por la administración de la Nave C y los mismos se entreguen a personas indígenas avaladas por el INPI.
Ante ese contexto, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, subrayó que su administración apoyará al INPI siempre y cuando el organismo “tenga la razón”. Recordó, además, que la utilización de bodegas de esta índole, tal es el caso del almacén que posee el Gobierno de Puebla en la Central de Abasto en la Ciudad de México, para beneficio de productores del estado, es indispensable para reconocer el trabajo agrícola y potenciar la economía local.
Para finalizar, cabe recordar que El Sol de Puebla informó este lunes 13 de marzo que el grupo de habitantes de La Resurrección asegura tener el comodato para usar legítimamente el espacio; no obstante, René Esteban Trinidad confirmó que ningún grupo ha sido beneficiado con una resolución definitiva del INPI, por lo que la presencia de esos pobladores simboliza una irregularidad.
