/ lunes 14 de septiembre de 2020

Sin garantizar Puebla derechos a mujeres en prisión

Emite Comisión Nacional de Derechos Humanos recomendación

En Puebla no existen centros penitenciarios femeniles y en los mixtos no se garantizan los derechos humanos de las mujeres privadas de su libertad, así se menciona en el Diagnóstico Nacional de Centros Penitenciarios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Además, de acuerdo con el Observatorio de Género y Covid-19, ninguno de los centros penitenciarios en el país contempla medidas de ejecución penal con perspectiva de género, enfoque diferenciado interseccionalidad “ lo que invisibiliza las necesidades particulares de mujeres, indígenas, personas LGBT+ o personas con discapacidad en los centros de reclusión”.

Destacaron que hasta el 17 de julio, la CNDH registró 1 mil 748 casos acumulados, 355 casos sospechosos y 169 decesos por Covid-19 en las cárceles de 29 estados del país, sin embargo, no se menciona cuántas de estas personas son mujeres.

Frente a al retraso en materia de derechos humanos de las mujeres privadas de su libertad, la CNDH emitió una recomendación al gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, en septiembre del año pasado, para implementar medidas que aseguren el cumplimiento de los derechos con perspectiva de género.

Hasta 2018, la comisión identificó que 7.44 por ciento de la población penitenciaria en la entidad eran mujeres, con 26 menores de 3 años de edad junto a sus madres y 6 mujeres embarazadas, quiénes no contaron con sistemas de salud adecuados para su situación.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Población Privada de la Libertad, 75.6 % sufrió algún tipo de violencia psicológica al momento de su arresto y 63.8 % sufrió algún tipo de agresión física.

Por otra parte, el Observatorio denunció que sólo 9 de las 32 Poderes Judiciales de las entidades señalaron las preliberaciones como casos urgentes, y aunque Puebla se encontró en la lista, no se hace referencia a los mecanismos de excarcelamiento.

Además, “el lenguaje utilizado en los documentos publicados es sumamente técnico y ambiguo, no es accesible para las personas privadas de la libertad y, por tanto, obstaculiza el ejercicio de sus derechos”.


En Puebla no existen centros penitenciarios femeniles y en los mixtos no se garantizan los derechos humanos de las mujeres privadas de su libertad, así se menciona en el Diagnóstico Nacional de Centros Penitenciarios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Además, de acuerdo con el Observatorio de Género y Covid-19, ninguno de los centros penitenciarios en el país contempla medidas de ejecución penal con perspectiva de género, enfoque diferenciado interseccionalidad “ lo que invisibiliza las necesidades particulares de mujeres, indígenas, personas LGBT+ o personas con discapacidad en los centros de reclusión”.

Destacaron que hasta el 17 de julio, la CNDH registró 1 mil 748 casos acumulados, 355 casos sospechosos y 169 decesos por Covid-19 en las cárceles de 29 estados del país, sin embargo, no se menciona cuántas de estas personas son mujeres.

Frente a al retraso en materia de derechos humanos de las mujeres privadas de su libertad, la CNDH emitió una recomendación al gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, en septiembre del año pasado, para implementar medidas que aseguren el cumplimiento de los derechos con perspectiva de género.

Hasta 2018, la comisión identificó que 7.44 por ciento de la población penitenciaria en la entidad eran mujeres, con 26 menores de 3 años de edad junto a sus madres y 6 mujeres embarazadas, quiénes no contaron con sistemas de salud adecuados para su situación.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Población Privada de la Libertad, 75.6 % sufrió algún tipo de violencia psicológica al momento de su arresto y 63.8 % sufrió algún tipo de agresión física.

Por otra parte, el Observatorio denunció que sólo 9 de las 32 Poderes Judiciales de las entidades señalaron las preliberaciones como casos urgentes, y aunque Puebla se encontró en la lista, no se hace referencia a los mecanismos de excarcelamiento.

Además, “el lenguaje utilizado en los documentos publicados es sumamente técnico y ambiguo, no es accesible para las personas privadas de la libertad y, por tanto, obstaculiza el ejercicio de sus derechos”.


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