De las 100 bases laborales que se entregaron en la recta final del gobierno de la exedil, Claudia Rivera Vivanco, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje suspendió los derechos de 75 porque sus basificaciones contravenían a la normativa municipal, informó Bernardo Arrubarena García, Secretario de Administración y Tecnologías de la Información (Secati), durante su comparecencia con motivo de la glosa del primer informe de actividades.
Fue el regidor de Morena, Ángel Rivera Ortega, quien cuestionó al secretario por qué no se había permitido a los trabajadores beneficiados con las bases incorporarse a sus actividades laborales, ante lo que Arrubarrena respondió que la mayoría de los casos ya tuvieron solución administrativa.
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Resaltó que de las 100 bases aprobadas por el pasado gobierno, la mayoría estaban radicadas en la administración central, en donde se aprobaron 75, otras 18 de otorgaron en el DIF, cinco más en el Organismo Operador de los Servicios de Limpia (OOSL), una en el Instituto Municipal del Deporte y una en el Instituto Municipal de la Juventud.
En este sentido, desglosó que de las 75 bases declaradas como improcedentes, en 35 casos los trabajadores se incorporaron a la administración pero en calidad de personal de confianza, 28 solicitaron su baja definitiva y 12 siguen suspendidos, no obstante, se les ha exhortado a dejar de lado los litigios e incorporarse en otras condiciones.
“Hemos tendido la mano para que aquellos trabajadores que sin goce de esta prestación se han querido incorporar a las labores de la administración, en la propia Secati, pongo el ejemplo, donde personal propuesto para basificación se le propuso que se reintegrara a la administración pública, dejando a un lado los temas de litigios, quien quería trabajar podía integrarse y bienvenido a la administración y tenemos casos muy exitosos al respecto”, acotó.
Costó 31 mdp reactivar sistema de videovigilancia
En otro orden de ideas, el titular de la Secati informó que fueron 31 millones de pesos los invertidos para reactivar el sistema de videovigilancia de la ciudad, mediante dos contratos, por 22.5 y 8.5 millones de pesos.
Cuestionado sobre el motivo por el cual se retiraron las cámaras del programa “ventana ciudadana”, explicó que la empresa responsable de venderlas puso como condición mantener su contrato con la comuna para entregar datos de operatividad, motivo por el cual se procedió a revisarlas.
“Si nosotros no los contratábamos no nos daban información, tuvimos que bajar más de mil 600 para ver cuáles funcionaban y restituir todas a valor de fábrica, es decir, que al volverlas a instalar pudiéramos tener acceso a esas cámaras”, acotó.
Señaló que pese a la inversión destinada, todavía se invertirán al menos 50 millones de pesos para rehabilitar todas las conexiones de las videocámaras, mejorar los arcos de seguridad e instalar lectores de placas.
Finalmente, Arrubarena también informó que el parque vehicular fue recibido en malas condiciones, ya que con corte al pasado 30 de agosto se tenían 567 patrullas en proceso de baja, 617 estaban activas, 65 en mantenimiento, 28 siniestradas y 41 detenidas en el ministerio público.
Respecto a los denominados “vehículos blancos” para uso de las diferentes dependencias, informó que existe una licitación para adquirir 72 unidades, toda vez que de 740 recibidas, 83 están en proceso de baja, 550 están activas, 95 en mantenimiento, seis en calidad de siniestradas y seis detenidas en el ministerio público.
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