Organismos de derechos humanos solicitaron a la Fiscalía General (FGE) la pronta implementación del Banco Estatal de Datos Forenses en Puebla para que contribuya de manera real en el rezago forense del país y que encare la crisis de desaparición, así como el de identificación de cuerpos que hay en el territorio.
El Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE), la Clínica Minerva Calderón y el Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática de la Ibero Puebla, emitieron un comunicado en el que aseguraron que permanecerán vigilantes al adecuado funcionamiento del Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF) y a pronta la pronta implementación del Banco Estatal de Datos Forenses en Puebla para que apoye en su rezago.
En el texto, recordaron que el pasado 29 de mayo, de acuerdo con la propia Fiscalía General de la República (FGR) inició la operación del BNDF, el cual tuvo que estar en funcionamiento desde el 2019 y que, al ser una herramienta fundamental para atender el rezago forense en México, su implementación ha sido exigida principalmente por las familias de personas desaparecidas.
“Al respecto urgimos a la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) a concluir la construcción del Banco Estatal de Datos Forenses, mismo que sigue pendiente en el estado, el cual tiene que estar homologado e interconectado con el BNDF en tiempo real y con ello, sentar bases de colaboración institucional que permitan encarar la crisis de desaparición e identificación en el país, para favorecer la garantía de los derechos de verdad y justicia que buscan a sus familiares desaparecidos”, se pudo leer.
A finales del año pasado, la FGR dio a conocer que el Banco Nacional de Datos Forenses ya estaba tomado en cuenta en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, pero que seguía en proceso de integración y 27 estados ya habían aportado sus bases de datos, pero no especificó si Puebla era una de esas entidades.
El Banco Estatal de Datos Forenses está contemplado en la Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla con fecha de publicación del 2 de septiembre del 2021, sin embargo, se desconoce si ya opera o su funcionamiento.
Dicha ley, dice lo siguiente: “crear los registros estatales de personas desaparecidas, de fosas, de personas fallecidas y no identificadas; así como el banco estatal de datos forenses, los cuales deberán estar homologados, centralizados y actualizados en tiempo real con los respectivos registros y banco a nivel nacional previstos por la ley general (…) establecer la forma de participación de los familiares en el diseño implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e identificación de personas desaparecidas y no localizadas en los términos de esta ley”.
En julio del año pasado, la diputada local, Mónica Silva Ruíz, propuso crear el Centro Estatal de Identificación Humana en materia forense, el cual permitirá garantizar las tareas de búsqueda, localización y recuperación de personas desaparecidas.
La legisladora refirió que en el estado y el país se vive una crisis por desaparición de personas que genera dolor e incertidumbre a las familias, por lo que, desde su perspectiva, es necesario fortalecer la Ley de Búsqueda de Personas en el estado, pero no se concretó.
El Sol de puebla ya había dado a conocer que del 2020 al año 2022 la FGE realizó 4 mil 262 pruebas de ADN con fines de identificación humana, sin embargo, de esta cifra, sólo en 198 casos la prueba permitió la identificación del cuerpo en el que se realizó. La mayoría de las pruebas se hicieron en hombre mayores de edad, pero hubo un caso de un joven de 13 años y un bebé de tres meses.
De igual modo, este medio dio a conocer que desde el 2010 y hasta enero del 2022, el Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Puebla ingresó un total de 14 mil 201 cuerpos, de los cuales 12 mil 808 fueron reclamados y mil 393 no fueron demandados. Del total de restos no solicitados por algún familiar o conocido, 692 fueron inhumados en una fosa común y 701 siguieron en resguardo de la institución.
