Las comisiones de Gobernación e Igualdad de Género del Congreso aprobaron reformas electorales para sancionar la violencia política de género, impedir que agresores sean candidatos, revocar candidaturas o quitar el registro a partidos políticos violentadores.
Es decir quienes cuenten con una sentencia firme condenatoria por violencia política o incumplan la obligación alimentaria no podrán ser candidatos, además de que ante faltas graves por violentar mujeres se podrá perder la candidatura o el registro como partido.
Si el dictamen es aprobado en el pleno se garantizará la paridad de género en todos los cargos de representación popular, en los Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo (gabinete estatal, municipios, diputaciones y magistraturas), así como en los órganos autónomos.
Actualmente la ley sanciona a los partidos, precandidatos o candidatos con amonestación pública, multas económicas, la reducción del 50 por ciento del financiamiento y la cancelación del registro por infracciones administrativas, pero no por violencia política.
El dictamen reúne iniciativas presentadas por separado por los diputados Rocío García Olmedo, Vianey García Romero, Mónica Rodríguez Della Vecchia, Liliana Luna Aguirre, Armando García Avendaño, Carlos Morales Álvarez, Guadalupe Esquitín Lastiri y Uruviel González Vieyra, las cuales fueron aprobadas en sesión ayer martes.
Bajo el principio de concentración las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, e Igualdad de Género del Congreso del Estado, discutieron reformas a la Constitución local, la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla y al Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla.
Durante la discusión, la diputada Rocío García precisó que la incorporación de la violencia política contra las mujeres es una armonización de la ley federal y significa un logro de mujeres de diferente ideología política que exigieron la homologación.
Además mencionó que su compañera en el PRI, Lucero Saldaña Pérez presentó en 2012 la primera propuesta a nivel federal para reconocer este tipo de agresión.
La diputada del PRD, Liliana Luna, recordó el asesinato de la candidata a diputada local del Partido Verde, Juana Maldonado Infante, mejor conocida como Juany Maldonado, y la regidora Erika Cázares, ocurrido en junio de 2018 en el municipio de Jopala.
Del PAN, Mónica Rodríguez refirió que en la elección de 2018 la entonces candidata a gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso Hidalgo fue víctima de violencia política.
¿QUIÉNES INCURREN EN VIOLENCIA POLÍTICA?
Una de las iniciativas señala que la violencia política de género es perpetrada por el Estado, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes, medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de personas.
Incurren en agresión política contra las mujeres en razón de género cuando difaman, calumnian, injurian o realizan cualquier expresión que denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus derechos.
También divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer candidata o en funciones, por cualquier medio físico o virtual, con el propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en entredicho su capacidad o habilidades para la política, con base en estereotipos de género, así como amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o colaboradores con el objeto de inducir su renuncia a la candidatura o al cargo para el que fue electa o designada, entre otros.
El dictamen que deberá votarse en el pleno del legislativo establece que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, INE, Instituto Electoral del Estado y el Tribunal Electoral del Estado de Puebla podrán solicitar a las autoridades el otorgamiento de las medidas de protección en favor de las víctimas de violencia política de género.
