Diana González, integrante del Frente Poblano de Deudores Alimentarios en Puebla, se amarró de la asta bandera del Poder Judicial, como muestra de la impotencia que viven las víctimas de violencia y el proceso tan complejo que deben de enfrentar para que sus victimarios reciban una sentencia. Las mujeres de este grupo consideraron que los principales afectados son las infancias, ya que se están violando sus derechos fundamentales.
Desde las 9:00 horas de este 22 de enero, las mujeres llegaron al área central del Poder Judicial, en donde anunciaron que colocarían un tendedero de denuncias. Cada una de ellas expuso su caso y en su mayoría acusaron a las autoridades de proteger a los hombres violentadores, de no tener perspectiva de género y revictimizarlos.
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Recordaron que el interés superior de las infancias es prioridad, pero a los jueces parece no importarles esta situación y avalan amparos sin argumentos para que el proceso se alargue. En este último punto, explicaron que gracias a que hay amparos, los hombres deudores deciden no pagar su pensión alimenticia y siguen su vida normal sin pensar en los menores de edad.
Otro punto que agregaron fue la revictimización que sufren los niños, ya que, al no tener una sentencia, tienen que acudir constantemente al Centro de Convivencia Familiar (Cecofam) y aunque ellos refieren que no quieren relacionarse con sus padres por miedo o alguna otra situación de violencia que experimentaron, las autoridades los obligan a que esta visita se concrete.
Debido a que se han manifestado de manera constante y no han sido escuchadas, este lunes, Diana González, integrante del Frente, se amarró de la asta bandera del Poder Judicial en nombre todas sus compañeras y solicitó la asistencia de María Belinda Aguilar Díaz, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla para presentarle la situación.
Sin embargo, a las 14:00 horas, es decir, cinco horas después de que comenzó la movilización, no se había presentado. El único que dio la cara fue Luis Armando Juárez Valencia, director del Centro de Convivencia, quien recibió a las inconformes y pidió que se creara una comitiva.
El funcionario dejó en claro que sólo podría dar solución a lo que tenía competencia el CECOFAM. Se comprometió a mandar nuevos reportes donde los psicólogos sean objetivos y no estén dando falsedad de declaración.
Además, que no las van a violentar ni las mujeres registrarán represalias por quejarse. A todas se les pidió los números de carpeta de investigación y los números telefónicos para darles seguimiento. Hasta el momento, las mujeres siguen en el Poder Judicial y Diana sigue atada. Aseguró que son por lo menos mil 5 mujeres del Frente Poblano que sufren esta dilatación por parte de este organismo.
Fue hasta las 17:20 horas, cuando Diana y la presidenta del Frente, Sheridan Mata, fueron atendidas por la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia en conjunto con el director de CECOFAM. De acuerdo con la información enviada por su área de comunicación social, las mujeres fueron escuchas y se le va a dar seguimiento “puntual” a todas sus inquietudes.
