Hay mujeres en Puebla que han querido denunciar a sus presuntos deudores alimenticios, pero la complicidad que estos hombres tienen con las autoridades, frena el proceso, así lo afirmó América Tlalolini, una mujer que no ha podido denunciar a su expareja debido que es funcionario público en el municipio de Teziutlán y ha ocupado su cargo para que ni un abogado de la zona quiera tomar el caso.
El vínculo que tiene este sujeto con los servidores públicos de la zona, lo utiliza para ejercer miedo y para que le pongan trabas a América a la hora de querer emprender un proceso judicial. En suma, la madre de este hombre también es servidora, por lo que ambos se han unido para que ella no pueda alzar la voz.
“Mi nombre es América Tlalolini y el padre irresponsable se llama Efrén N., es funcionario en Teziutlán y se desentendió de sus obligaciones desde el momento en el que supo de mi embarazo. Ahora que mi bebé tiene ya casi cinco meses de edad, él dice estar protegido porque el presidente municipal, Carlos Peredo lo respalda. Al igual que a su mamá y por eso ni yo, ni mi hija, hemos podido acceder a la justicia”, compartió.
América explicó que ella ha querido hacer todo por la vía legal, es decir, arrancar un juicio de reconocimiento de paternidad y, en consecuencia, determinar una pensión alimenticia y los gastos retroactivos de un embarazo en abandono. Sin embargo, en dicha demarcación este hombre se ha encargado de que ella no pueda acceder a los servicios que son su derecho fundamental.
La primera vez que trató de denunciar fue por abandono de persona, pero como aún no nacía su bebé, las autoridades argumentaron que su querella no era válida y que tenía que esperar hasta que diera a luz. Luego de que nació la bebé, solicitó apoyo de diversos abogados para que la asesoraran, pero al saber que era en contra de Efrén, todos desistieron.
Al preguntarle si considera que hay complicidad entre el presunto deudor y las autoridades de Teziutlán, respondió que sí, incluso que Efrén se siente protegido porque trabaja para el Ayuntamiento y que la defensa legal no quiere “meterse en problemas”, ya que la madre de él trabajadora desde hace muchos años en el Registro Público de la Propiedad.
Hoy en día, la mujer no teme por su integridad, pero anunció que seguirá haciendo ruido, ya que la pensión alimenticia es un derecho que su hija debe de recibir. Por ello quiere acceder a la justicia, para que un juez determine un convenio o sentencia judicial.
“Hasta el momento no temo por mi vida, sólo es coraje por no poder acceder a la justicia para mí y para hija, ya que uno de los principales derechos de un niño es el ser reconocido y que por su influyentismo o por encubrimiento de un gobierno municipal no se nos permita acceder a esa justicia, es desgastante”, lamentó.
Para concluir, recordó que existe una Ley 3 de 3 en contra de la violencia, en la cual ni un agresor, violentador o deudor alimentario, puede ejercer un cargo si atentó contra una mujer de manera psicológica, emocional, física o económica.
