En 2021, un hombre fue hallado sin vida en los separos de San Miguel Xoxtla, esto luego de que fue arrestado por el delito de alteración al orden público y tuvieron que pasar dos años para que la Comisión de Derechos Humanos (CDH) en Puebla, determinara que se violaron sus garantías y que no hubo intervención oportuna de las autoridades.
Además, la CDH pide a la FGE que gire instrucciones para que se inicie la investigación correspondiente en contra de uno de sus trabajadores, con motivo de las omisiones en las que incurrió́ al momento de llevar a cabo la necropsia, lo que provocó un equívoco en la causa de muerte.
Cuando ocurrieron los hechos, los familiares del ahora occiso dieron a conocer que fue golpeado por los policías, pues presentó moretones en varias partes del cuerpo. La detención sucedió tras un reporte de riña en la vía pública, por lo que lo agentes municipales se dirigieron al sitio, donde arrestaron a quien se identificó como Juan Carlos N., de 30 años.
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Mediante redes sociales exigieron justicia por la muerte del hombre. Incluso, se manifestaron al frente de la comandancia, pues aseguraron que era una persona tranquila y no se metía en problemas. En tanto, el Ayuntamiento se deslindó de la muerte.
Para diciembre de este 2023, la CDH en Puebla determinó que sí se violaron sus derechos humanos a la vida, la seguridad jurídica, la legalidad y a la verdad, por lo que solicitaron al edil de dicha demarcación una reparación integral a favor de los familiares de este hombre, pues son las víctimas indirectas.
También, que realice las acciones necesarias y pertinentes para dotar al municipio de San Miguel Xoxtla, de un cuerpo de seguridad publica profesional y debidamente certificado, de acuerdo con las disposiciones que sobre la materia establece la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla.
Que emita una circular a través de la cual reitere la instrucción a las personas servidoras públicas del Ayuntamiento, para que sujeten su actuar a lo establecido por el orden jurídico mexicano, así como a los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y se abstengan de realizar actos que atenten en contra los derechos humanos a la vida, la seguridad jurídica y la legalidad.
Por último, que la Contraloría del Ayuntamiento inicie el procedimiento administrativo correspondiente en contra del presidente municipal, la Síndica del Ayuntamiento y las autoridades responsables que tuvieron participación en los hechos materia de esta investigación.
Mientras que a la FGE, le pidió que gire instrucciones a la persona Titular del Órgano Interno de Control y Visitaduría, para que inicie la investigación correspondiente en contra de uno de sus trabajadores, con motivo de las omisiones en las que incurrió́ al momento de llevar a cabo la necropsia, lo que provocó un equívoco en la causa de muerte.
